Pobres y jóvenes: víctimas de la alta letalidad policial

Foto: Carlos García Rawlins | Reuters

La violencia institucional, policial y militar deja año tras año miles de víctimas en Venezuela. El Estado sigue actuando con altos niveles de letalidad, violando el derecho a la vida y vulnerando las libertades fundamentales de los ciudadanos que permanecen en un estado de indefensión inconcebible

Por Marino Alvarado*

En 2019 el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pudo conocer las circunstancias en las que fueron asesinadas 2 mil 102 personas, identificando a 1.045 de esas víctimas, quienes murieron a consecuencia de la intervención de policías y militares. La gran mayoría de estas muertes ocurrieron en operativos de seguridad ciudadana.

En la casi totalidad de los casos la versión de las autoridades fue que la persona había fallecido luego de enfrentarse a los órganos de seguridad. De esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas gubernamentales definidas como “muertes por resistencia a la autoridad”, una de las maneras como el Gobierno presenta públicamente las violaciones del derecho a la vida, en un intento de justificación de estas muertes.

De las 1.045 víctimas identificadas, en 312 casos los familiares o vecinos de los fallecidos denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas. Un total de 41 asesinatos se produjeron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones, tres personas fallecieron debido al patrón uso indiscriminado de la fuerza, una persona falleció bajo custodia del Estado por responsabilidad directa de las autoridades, 23 fallecieron por tortura (solo siete se pudieron identificar plenamente) y siete por abuso de poder.

Como ha sido una constante por varios lustros, el perfil de las víctimas es de hombres jóvenes. En 2019, de las 1.045 víctimas identificadas de las cuales se pudo conocer su edad, 69 % tenía entre 18 y 30 años; 2,29 % era adolescente y 28,61 % tenía más de 30 años.

Las entidades con mayor cantidad de víctimas son Zulia, Lara y Distrito Capital. Un 31,7 % de las violaciones al derecho a la vida se produjo en el Zulia, además es significativa la alta participación de la policía del estado en las violaciones registradas. Del total de casos donde estuvieron involucradas policías estadales, 63 % corresponde a la policía de ese estado.

Del total de las 1.045 personas asesinadas por la actuación de cuerpos policiales y militares de ámbito nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue responsable de 474 casos; de estos, 432 son responsabilidad de su componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) (41,34 %); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se situó en el segundo lugar con 202 casos (19,33 %). Finalmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con cien casos distribuidos de la siguiente manera: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 86 (8,23 %); el Ejército Bolivariano (EB) con nueve (0,86 %), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con cinco (0,48 %).

Las policías estadales fueron responsables de 192 muertes (18,37 %) y las policías municipales de 51 casos (4,88 %). En otros 26 casos las muertes son atribuibles a organismos policiales o militares de ámbito nacional que actuaron de manera conjunta con policías estadales o municipales.

Llama la atención el comportamiento de la policía del estado Zulia. Del total de presuntas ejecuciones realizadas por las policías estadales, casi la mitad fueron perpetradas por la policía de ese estado.

Recientemente la organización Comité de Derechos Humanos del Estado Zulia indicó que en el primer semestre de 2020 se produjeron 377 presuntas ejecuciones, de ellas la policía del estado sería responsable de 122.

Al igual que en 2018, los lunes, miércoles y viernes concentran una mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida. Tal como ocurrió en 2018, el domingo es uno de los días de menor cantidad de asesinatos.

Como se desprende de las cifras recabadas por Provea, las FAES fueron responsables de 41,34 % de los asesinatos cometidos por funcionarios policiales y militares. La entidad donde se ha logrado registrar la mayor cantidad de casos en los que las FAES actuaron con letalidad fue el estado Lara, donde figuran como responsables de 145 asesinatos, seguido del estado Miranda con treinta y el estado Portuguesa con veintinueve.

Del monitoreo realizado en los tres últimos años, la cantidad de asesinatos perpetrados por el CICPC y la PNB eran similares. Una de las particularidades de 2019 es la enorme diferencia de la actuación de la PNB sobrepasando a ese organismo de investigación principalmente por la cantidad de homicidios perpetrados por su grupo élite FAES. Las actuaciones de esa policía son la antítesis de los objetivos de la Reforma Policial iniciada en 2006. Catorce años después de aquel proceso, tenemos una policía más agresiva, más irrespetuosa de los derechos humanos y con menos controles institucionales.

En julio de 2019 la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la cantidad de presuntas ejecuciones realizadas por las FAES y recomendó al gobierno de Maduro la disolución del órgano. La recomendación realizada por Michelle Bachelet fue desatendida por el Gobierno. Al contrario, el Presidente resaltó las acciones de las FAES y anunció que se seguiría expandiendo y consolidando.

El 16 de julio de 2019, Día Nacional del Policía, Maduro expresó a través de los medios públicos: “Todo el apoyo para ustedes, logístico, físico. Todo el apoyo para el FAES, en su labor diaria de darle seguridad al pueblo. Que viva el FAES”.

En su informe del 2 de julio de 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet indicó que entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de la policía del estado Zulia de 124 muertes.

Debido al incremento de la letalidad por parte de funcionarios policiales y militares, y la opacidad del Gobierno para informar sobre la identidad y circunstancias de la muerte de las personas asesinadas por la actuación de la fuerza pública, Provea ha venido ajustando su metodología de trabajo para intentar aproximarse de una mejor manera a las dimensiones del fenómeno, así como para obtener la mayor cantidad de información posible sobre la identidad de las víctimas y de los cuerpos policiales o militares actuantes.

Desde el año pasado inició junto al Centro Gumilla un proceso de monitoreo más riguroso sobre la actuación de los organismos policiales. Así, las dos organizaciones vienen realizando alianzas con organizaciones de derechos humanos en distintos estados, con la finalidad de elaborar un mejor registro y análisis de esta conducta estatal que siembra luto principalmente en las zonas pobres del país.

Hay que resaltar que un gobierno que se autodefine como obrero, desata contra las zonas pobres del país, donde viven la mayoría de los obreros, esos altos niveles de violencia policial. De esta manera los organismos de seguridad del Estado no garantizan la seguridad ciudadana en las zonas populares, sino que por el contrario generan mayor nivel de inseguridad y estimulan la violencia.  ¿seguridad ciudadana?

Desafortunadamente, ante las miles de víctimas que generan policías y militares, el defensor del pueblo impuesto por la Constituyente (ANC), Alfredo Ruíz, guarda silencio. Un silencio que cuesta vidas, que favorece la repetición de graves violaciones a los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo debería ser la institución vanguardia en denunciar los abusos policiales y en presentar ante el Ministerio Público toda la información posible que permita identificar a los autores materiales y la cadena de mando responsable de las ejecuciones. Muchas vidas pudieron y pueden salvarse si la conducta fuera otra. Si en lugar del silencio alzara la voz junto a las víctimas y por las víctimas. Por su parte, el Ministerio Público (MP) no cumple su obligación fundamental de investigar miles de denuncias de abuso policial y militar existentes, y de presentar ante los tribunales a los presuntos responsables materiales e intelectuales. Afirma la organización Acceso a la Justicia en su informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018), que en diecinueve años de gestión solo fueron reportados los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2001 y 2006. Esta situación da una idea del poco control que lleva el MP de las denuncias que recibe sobre ejecuciones, pero además de la falta de voluntad para ejercer una contraloría institucional sobre las policías y del escaso compromiso para lograr justicia.

Frente a esa situación de violaciones graves a los derechos humanos Provea propone:

  • Garantizar que las labores de seguridad ciudadana y control del orden público sean estrictamente ejecutadas por órganos de carácter civil, conforme a lo establecido en la Constitución nacional.
  • Disolución inmediata de las FAES y de la PNB, conforme a la recomendación expresada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, publicado en julio de 2019 y reafirmado en sus actualizaciones orales.
  • Establecer las responsabilidades penales tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares responsables que participaron en la organización, planificación y dirección de cada actuación al margen de la ley.
  • Investigar y sancionar a los responsables de violaciones del derecho a la vida en el contexto de protestas, excluir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todos sus componentes de labores de orden público y cumplir el mandato constitucional de la prohibición de uso de armas y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
  • Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las que se producen los fallecimientos de ciudadanos en estos contextos.

 

*Activista de derechos humanos. Coordinador de investigación Provea.

 

Nota del autor:

La versión completa del Informe anual de Provea 2019, publicado recientemente en julio de 2020, está disponible en: https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-enero-diciembre-2019

 

Fuente: Revista SIC 827 

 

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