A cinco meses de la masacre de Guanare familiares de internos exigen justicia

Foto archivo WEB

Por Centro Gumilla | Provea

Varios familiares de los privados de libertad muertos el pasado primero de mayo de 2020 en el “Centro Penitenciario de Los Llanos” (Cepello), en Guanare, estado Portuguesa, alzaron su voz y acusaron a las autoridades militares de asesinato, echando por tierra la versión oficial que señaló que las muertes se registraron debido a un intento de fuga, que dio lugar a un intercambio de disparos entre los internos y los funcionarios que custodiaban el penal.

Como se recordará, los hechos se registraron el viernes 1 de mayo de 2020, dejando un saldo de 47 muertos y 75 heridos.

El motín que comenzó pasada la una de la tarde y terminó cerca de las once de la noche dejó en evidencia las condiciones de insalubridad, hacinamiento, falta de comida, y enfermedades infecto contagiosas, que afectan a los privados de libertad de este recinto carcelario y que habrían sido el catalizador de la protesta protagonizada por los reclusos.

Familiares y funcionarios señalaron que el “líder negativo” del penal organizó la protesta para exigir mejores condiciones de reclusión. Según el relato de los familiares, en una parte conocida como «La Fosa» este líder habría obligado a los internos a que se adelantaran hacia la parte de la cerca perimetral, la cual posteriormente fue derribada para dejar entrar a los familiares con la comida que llevaban a seres queridos.

El General de Brigada, Gherson Chacón Paz, Jefe del Destacamento de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana en Portuguesa, estuvo a cargo de la operación. Señalaron algunos familiares que el mismo General fue quien no les permitió el reconocimiento físico de los cuerpos de los reclusos ajusticiados.

Expresaron que les dieron unos álbumes para reconocer a los muertos. Solo les enseñaron la foto de la cara, para evitar que se supiera el estado deplorable en que estaban los cuerpos por la masacre.

A algunos de los familiares, les informaron que las autoridades habrían ordenado la creación de una fosa común para enterrar a los cuerpos. De acuerdo con familiares, el General Chacón Paz, anunció la entrega de urnas, pero que el acceso a los cuerpos estaba restringido.

Por exigir comida fueron ajusticiados

Cuatro de los reclusos de la lista de 47 muertos en la masacre eran del estado Lara, y entre ellos, se encontraban Nelson Alfonso Carreño Valenzuela, José Patiño Leandro y Víctor Daniel Cordero Leal.

Apenas se enteró de la masacre, Adriana Leandro, madre de José Patiño Leandro, se trasladó hasta Guanare para iniciar los trámites y así poder llevarse el cadáver de su hijo. “Yo deseaba llevarme a mi hijo vivo, pero ahora me lo tengo que llevar muerto», dijo en medio de su dolor. “Los reos del Cepella fueron objeto de una masacre, por lo que queremos desmentir ante los medios de comunicación que en ningún momento hubo intento de fuga”, añadió.

La historia de la madre de José no es la única; otras tres madres tuvieron que viajar por dos horas, de Barquisimeto a Guanare, para poder retirar los cuerpos que tenían más de 48 horas en la morgue de la capital de Portuguesa y ya estaban en estado de descomposición.

Uno de ellos fue el cuerpo de Nelson Alfonso Carreño Valenzuela, que fue sepultado apenas llegó a la capital larense, pues debido a la pandemia por la COVID-19 no pudieron realizarle un funeral.

Marline Hernández, familiar de Daniel Alberto Hernández Hurtado, otra de las víctimas de la masacre de la cárcel de Guanare, reiteró que algunos presos protestaban el viernes primero de mayo, debido a los obstáculos para impedir el ingreso de alimentos. Según señala, fue en medio de la protesta que los funcionarios comenzaron a disparar contra los prisioneros.

“Vivimos la zozobra, angustia, preocupación y dolor al ver de la manera tan cruel, fría y despiadada cómo asesinaron a muchos de los privados de libertad. Fue algo espantoso”, expresó Hernández.

Algunos familiares de las víctimas de esta masacre comentaron que la mayoría los cadáveres estaban descompuestos, y así fueron entregados a los parientes. Y, los que no estaban identificados, supuestamente, fueron sepultados en fosas comunes.

Según versiones policiales, las heridas de los reclusos fueron por balas y esquirlas de granadas. De los 47 muertos, al menos 30 fueron reconocidos por sus parientes.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, a los fines de establecer la veracidad de los hechos.

Cárceles de hambre y enfermedades en Venezuela

La cárcel de Cepello contaba con más de 2.000 privados de libertad y tenía condiciones de reclusión pésimas, de acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, señaló que este penal tenía un hacinamiento crítico de 333%, con una capacidad instalada para 750 personas, pero con una población que para entonces rondaba los 2.500 presos.

Víctor Calderón, padre de Miguel Eduardo Calderón Camacho, procesado por robo agravado y uno de los 47 fallecidos, indicó que es “inaudito cómo actuaron las autoridades contra estos reclusos. “Los mataron a mansalva, fue una masacre lo que hicieron”, denunció.

Calderón explicó que el mismo día del motín recibió una llamada de los responsables de la cárcel, por lo que pudo ingresar al penal en la mañana y reconocer el cadáver de su hijo, a través de fotografías que le mostraron en una computadora. Pidió justicia y espera que lo ocurrido en esta cárcel acarree sanciones contra los implicados.

Los familiares de los internos asesinados viajaron de Barinas, Lara, Trujillo y Yaracuy para retirar los cadáveres, en medio de las restricciones de movilidad por la cuarentena y la escasez de gasolina.

Indicaron que el costo de traslado de los cadáveres hasta su estado de origen osciló entre los 150 y 400 dólares.

“Tuvimos que pedir dinero prestado a familiares y amigos, vendimos cosas de la casa y empeñamos algunos artefactos para costear los gastos funerarios”, dijo Adriana Leandro, la madre de José Patiño.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones, el pasado 16 de mayo finalizó el desalojo del Cepello, cuya población fue distribuida en diversos recintos penitenciarios del territorio nacional.

Según información publicada en la página web del Ministerio de Servicio Penitenciario, 1.718 presos fueron trasladados a penales con régimen penitenciario y 380 a penales con régimen abierto, para un total de 2.098 reclusos trasladados. Además, cinco reclusos fueron trasladados hasta un centro asistencial tras resultar heridos en la masacre del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales.

Listado de reclusos fallecidos identificados y publicado en Últimas Noticias

Arturo José Quintero Serrano

Wilson José Velazco Poblador

Etvenson José Pérez

Deivis Rafael Meneses Estupiñan

Nelson Alfonso Carreño Valenzuela

Ytalo Gregorio Troncosa Troncosa

Yohanny Gregorio Bambelis Díaz

Luis José Salazar Chirinos

Jonathan Calixto Guerrero Martínez

Jesús Alberto Vargas Gutiérrez

Nilson José López

Jencer Hendrick Querales Espinoza

Raizer Elías Parra Este

Miguel Eduardo Calderón Camacho

Víctor Daniel Cordero Leal

Rubén Darío Herrera Pineda

Edgar Alexander Rojas Montes

José Alexander Rondón

José Javier Molina Rondón

Johan Alexander Roa Briceño

Leimel José Pizzani Rangel

Daniel Alberto Hernández Hurtado

Pedro Manuel Rojas González

Carlos Yohan Yépez Medina

Yhon Deyber Ramón Vílchez Rodríguez

Jendirson José Barrios Zambrano

Leandro José Patiño

Jonathan José Roja Alizo

Deivixon Jonas Rivas Simoza

Eimar Fabricio Martínez Noriega

Reucarys José García Pérez

José Gregorio Montilla Villegas

Joharlis Javier Benites Segovia

Emmanuel Felipe Mendoza Rangel

Héctor José Zarraga

Jesús Alfredo Mirabal Rivero

Cristian Gabriel Araujo Hidalgo (fuente Últimas Noticias)

Hengerbert Baltazar González Castellano (fuente Últimas Noticias)

Jhonathan Alexander Díaz González (fuente Últimas Noticias)

Deivis Paul Gutiérrez Urdaneta (fuente Últimas Noticias)


Fuente: Trabajo realizado entre el Centro Gumilla y Provea como parte del monitoreo a la violencia institucional policial y militar en Venezuela.

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