Tres años de golpe de Nicolás Maduro

Por Andrés Cañizález 

En el contexto de los últimos acontecimientos en Venezuela, es necesario recordar cuál es el origen de la actual crisis que vive el país. En los últimos meses, algunos intelectuales realmente trasnochados y políticos oportunistas levantaron su voz de protesta.

Aseguraron que en Venezuela el pasado 23 de enero, cuando Juan Guaidó asumió la Presidencia interina, se consumó un golpe de Estado. Tal vez las cosas no hubiesen llegado a este punto en Venezuela si esos mismos intelectuales y políticos, algunos con influencia pública, hubiesen alertado sobre el «golpe desde el Estado» que durante tres años llevó adelante de forma recurrente Nicolás Maduro.

La decisión internacional de desconocer a Maduro y de ratificar la legitimidad de la Asamblea Nacional (Parlamento) fue fruto de un proceso que se inició en diciembre de 2015 cuando tuvo lugar la última elección realmente democrática del país. En las urnas, el pueblo votó mayoritariamente para que la oposición alcanzase la mayoría calificada de curules parlamentarios. En un primer momento, el chavismo reconoció su sonora derrota, pero en pocos días cambió de estrategia e inició una operación para desmontar el Estado de derecho en Venezuela.

En los días de Navidad de aquel 2015, el Partido Socialista Unido de Venezuela nombró magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin los requisitos mínimos. Al iniciarse el mes de enero de 2016, el Gobierno usando de nuevo al TSJ y a la fuerza pública impidió que cuatro diputados del estado Amazonas asumieran sus cargos legislativos y de esa manera evitó la mayoría cualificada de dos tercios de la oposición.

En los siguientes 14 meses, el TSJ dominado por el chavismo con magistrados espurios dictó 50 sentencias para quitarle competencias al Parlamento, descalificar leyes aprobadas, aprobar el presupuesto de la nación, etcétera. A los diputados venezolanos se les quitó hasta la paga y en muchas ocasiones el régimen cortó los servicios de electricidad o agua en las instalaciones legislativas.

Protestas en 2016

En septiembre de 2016, tras una monumental manifestación de protesta en Caracas, Maduro anunció que no se realizaría un referéndum revocatorio en su contra y tampoco las elecciones regionales para elegir gobernadores de provincias (estados). Fue Maduro el que anunció la suspensión de cualquier elección en ese 2016 y poco después el Consejo Nacional Electoral lo refrendó.

El referendo revocatorio es una figura que el propio Hugo Chávez introdujo en la Constitución de 1999 (vigente hasta ahora). Permite que, a la mitad del período de gobierno, el pueblo pueda decidir si quiere que el gobernante prosiga por el resto del lapso para el que fue votado originalmente. Maduro no quiso oír la voz del pueblo en las urnas en 2016.

En marzo de 2017, no conforme con la seguidilla de sentencias anti Parlamento, el Supremo venezolano dictó dos nuevas sentencias en las que directamente se atribuye las potestades del poder legislativo. La fiscal general, Luisa Ortega, hasta entonces afín al chavismo, denunció la ruptura del orden constitucional. Entre abril y julio de 2017 ocurrió una ola de protestas populares y se registró la peor oleada represiva conocida desde los tiempos de El Caracazo (1989). Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela registraron más de 100 muertos a manos de los cuerpos de seguridad y de grupos armados afectos al chavismo, que en la jerga local se les conoce como «colectivos».

El 30 de julio de 2017, se eligió a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que Maduro otorgó el rango de «suprapoder». Gran parte de los candidatos fueron colocados a dedo por Maduro y la élite gobernante. En teoría la finalidad de esta ANC era aprobar una nueva Constitución, pero su primera medida fue destituir a la fiscal general, quien salió al exilio.

Rondas de diálogo

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, en buena medida por la presión de la comunidad internacional se produjeron rondas de diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana. Estas conversaciones fracasaron porque el Gobierno nunca cumplió con la primera condición: liberar a los presos políticos.

Una vez que la oposición se levantó de la mesa de diálogo, en protesta por la falta de compromiso del régimen, Maduro pasó a convocar unas elecciones presidenciales anticipadas. Estos comicios debían celebrarse en diciembre de 2018, pero el CNE colocó una fecha que se entendió que favorecía a Maduro: el 20 de mayo.

Para esos comicios, los principales partidos de oposición estaban ilegalizados, los posibles candidatos presidenciales de oposición con opción de triunfo se encontraban apresados (Leopoldo López), inhabilitados (Henrique Capriles, María Corina Machado) o en el exilio (Antonio Ledezma, Julio Borges). Las elecciones del 20M no fueron reconocidas ni por la comunidad internacional (50 países de Europa y América no le dieron validez) ni por las voces democráticas de Venezuela.

Producto de dichas elecciones, Maduro juró como presidente el 10 de enero de 2019 para un período de seis años (2019-2025). A todas estas, Maduro tiene control sobre el resto de poderes: TSJ, CNE, Contraloría, Fiscalía. La Asamblea Nacional, el único poder legítimo según la mayoría de países de América y Europa, declaró tras el 10 de enero que Maduro es un usurpador de la Presidencia y en consecuencia no lo reconoce como presidente, tal como tampoco lo reconocen la mayoría de países occidentales.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino el 23 de enero, siguiendo lo estipulado en la Constitución vigente y convirtiéndose en cabeza del único poder público no cooptado por el chavismo. Si alguien ha dado un golpe al Estado de derecho en Venezuela, ése ha sido Maduro.

Andrés Cañizález es periodista venezolano, doctor en Ciencia Política e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

Fuente: El Mundo

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