El peso del oro pudiera complicar transición pacífica

Foto: Archivo web

Por María Ramírez Cabello

La organización independiente Crisis Group, cuya misión es evitar conflictos y diseñar políticas que contribuyan a preservar la paz, publicó recientemente un informe titulado El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela en el que destacan que lo que sucede en los estados del sur del país, Bolívar y Amazonas, constituye una prueba de fuego para determinar si Venezuela puede salir de su crisis actual en paz.

En el informe destacan que grupos criminales violentos vienen ejerciendo control sobre las comunidades mineras, a menudo en complicidad con las autoridades y con participación de guerrillas y desmovilizados colombianos que han cruzado el río Orinoco para sumarse a la actividad minera ilegal.

A juicio de Crisis Group, las riquezas y la proliferación de insurgentes en el sur “complican las perspectivas de una transición pacífica en Caracas al reforzarse la resistencia militar a un cambio político y avivarse los riesgos de violencia transfronteriza y de una guerra de baja intensidad”.

De allí que consideren que la atención humanitaria para poblaciones en el sur, la comunicación regular entre fuerzas armadas vecinas, los esfuerzos renovados por hacer la paz con las guerrillas y la limpieza del comercio de oro “resultarán ser vitales para aliviar las tensiones y proteger a los venezolanos vulnerables”.

La organización hace énfasis en las dificultades, que estas condiciones de proliferación de la minería ilegal y expansión de grupos criminales, enfrentan las comunidades locales, principalmente indígenas, no solo en materia de seguridad, sino también de salud y ambiente. “El aislamiento extremo, un estado opresivo y la presencia de las fuerzas de seguridad silencian a muchas de estas comunidades”, expresan en el resumen ejecutivo.

En un contexto político inédito, con un gobernante de facto -Nicolás Maduro- amarrado al poder y un líder opositor -Juan Guaidó- que asumió el cargo de presidente interino desde el 23 de enero y ha sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional, Crisis Group observa en el conflicto de minerales en el sur del país un aspecto clave del devenir político nacional.

“En este clima ya tenso, los intereses financieros afianzados y la inestabilidad en el sur podrían socavar las perspectivas de un cambio de poder pacífico. Las ganancias de la minería ilegal son uno de los flujos de ingresos más codiciados por las fuerzas armadas; su deseo de proteger esos ingresos fortalece su lealtad hacia Maduro y le da al gobierno un salvavidas económico”.

La organización internacional asoma que los movimientos transfronterizos de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) o de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en las regiones mineras podrían provocar un choque entre las fuerzas armadas de Colombia y Venezuela y dada la animosidad entre los dos Estados y el apoyo venezolano al ELN, “Bogotá bien podría percibir los ataques futuros del ELN en suelo colombiano como un golpe ordenado por Caracas”.

Crisis Group indica que, según testimonios, los grupos armados no estatales operan en confabulación con oficiales de la Guardia Nacional y el comando militar regional, alcanzando a altos rangos del gobierno y las Fuerzas Armadas, que coordinan las ventas internacionales de oro del Arco Minero del Orinoco.

La posibilidad de que fuerzas extranjeras intervengan para presionar un cambio político, vista la posición de Estados Unidos cuyos funcionarios han señalado que todas las opciones están sobre la mesa, también es un punto de atención en este contexto.

“Una intervención de fuerzas extranjeras en Venezuela para destituir a Maduro por solicitud de Guaidó podría suscitar el apoyo de estos grupos insurgentes a la causa del gobierno actual y, en el peor de los casos, perpetuar un conflicto de baja intensidad”.

La organización sostiene que “el reconocimiento del posible empeoramiento de los violentos disturbios en Bolívar y Amazonas debe orientar la política regional e internacional hacia Venezuela, en especial en el caso de un cambio en la administración en Caracas”, y recalcan que las fuerzas armadas colombianas y venezolanas posicionadas en la frontera deben reconocer los graves riesgos que representan los movimientos insurgentes transfronterizos para la paz de la región.

Puntualizan que los poderes externos y la oposición venezolana también deben frenar los llamados a una intervención militar extranjera en Venezuela, que -sostienen- solo sirve para incitar a estos grupos a luchar contra los ejércitos extranjeros “y a proteger a sus patrones dentro del gobierno de Maduro. Las autoridades colombianas deben descartar por completo la posibilidad de una incursión militar en Venezuela para atacar al ELN dado que expondría a los civiles a niveles de violencia aún mayores”.

En su resumen ejecutivo, destacan finalmente que el sur de Venezuela tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria, así como de un programa para frenar la epidemia de malaria y una “respuesta internacional concertada”.

En este punto, advierten que las sanciones a las exportaciones de oro impuestas por Estados Unidos, darían como resultado más probable un aumento del control de los traficantes sobre el comercio. “Alejar el oro de los circuitos de criminales y de los funcionarios corruptos requerirá en cambio una transformación gradual de los enclaves mineros del sur de Venezuela, con base en la aplicación de las directrices de debida diligencia internacional en el comercio de oro y coltán por parte de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Leer informe completo: El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela 

 

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