El ocaso de la cultura clerical (III)

Por Jesús María Aguirre

El detonante de los abusos sexuales y la ley del silencio

Aunque la crítica sobre los abusos clericales y las sospechas de la doble vida de algunos clérigos es de larga data y se remonta a una larga tradición anticlerical, oral y escrita, que en el mundo católico era frenada por el desaparecido índice de libros prohibidos, la censura y otros mecanismos moralistas defensivos, la explosión mediática del 2000 resultó indetenible. Piénsese que entre el informe del periodista español José Rodríguez “La vida sexual del clero” de 1995, cuyas denuncias fueron prácticamente ignoradas hasta el informe del sociólogo francés Frédéric Martel “Sodoma” de 2019 han transcurrido  23 años de contiendas periodísticas entre las jerarquías católicas y el mundo de los medios, en una clave defensiva de las autoridades eclesiásticas. El libro de Paolo Rodari y Andrea Tornielli “En defensa del Papa” de 2011 muestra todavía los reflejos de una iglesia, que se siente injustamente atacada durante el Pontificado de Benedicto XVI.

La gran la implosión se dio con el cambio de siglo. La dura contención de la publicitación de los escándalos, durante la gestión férrea de San Juan Pablo II con la asistencia del cardenal Joseph Ratzinger, hizo aguas a partir del caso Maciel y de los reportajes investigativos del diario Boston –Massachussets- entre 2001 y 2003, reconocidos con el premio Pulitzer, que arrastraron el prestigio de la jerarquía y su clero a la vez que abrieron una brecha informativa, catapultada por las redes sociales.

La ley del silencio que se imponía a nivel intraeclesial y los resortes de la mordaza quedan bien ejemplificados en estos dos casos emblemáticos, uno de abuso de autoridad con fieles y otro de pedofilia.

Si bien ya en 1997 el periódico de Conneticut  Hartford Courant, había publicado las primeras acusaciones contra el padre Maciel todavía el anciano fundador, las negó en el año 2002 y siguió festejando en el año 2004 los sesenta años de sacerdocio en Roma, acompañado de obispos y cardenales, hasta que en el 2006 se dirimió la cuestión.

Igualmente, en Estados Unidos, a pesar de las reiteradas denuncias de pedofilia contra el padre Murphy desde 1966, el vocero del Vaticano, P. Federico Lombardi reconoció que: “a fines de los años noventa, después de más de dos décadas de la denuncia de los abusos a las autoridades diocesanas y a la policía, por primera vez se ha planteado a la Congregación para la Doctrina de la Fe la pregunta de cómo tratar canónicamente el caso Murphy” (Rodari y Tornielli, 2011: 211).

Ni los gestos favorables de San Juan Pablo II para proteger al fundador de los Legionarios de Cristo, ni la desacreditación de los informes periodísticos norteamericanos, siempre tildados de superficiales y sensacionalistas o simplemente de anticatólicos, pudieron contener las denuncias de las víctimas, ni las olas de protesta de los fieles, que cada vez recurrían más abiertamente a los tribunales civiles, ante la inoperancia de las instancias eclesiásticas.

Frente a lo que se promovía, el problema no afectaba solamente al bajo clero y a las periferias eclesiales, sino al mismo núcleo de las jerarquías eclesiásticas, fueran del clero diocesano o religioso, dentro y fuera de Roma, y en último término al engranaje burocrático y a las organizaciones de la misma iglesia. El tumor estaba más extendido de lo que presumían los fieles, conocedores de la vida cotidiana de los sacerdotes, pero la autocracia clerical impuso la ley del silencio a través de una cadena de complicidades.

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