Por Unión Europea

Las decisiones arbitrarias y políticamente motivadas que fueron tomadas el 12 de agosto por la Corte Suprema de Venezuela y la Asamblea Constituyente no reconocida, contra la Asamblea Nacional y cuatro de sus miembros, Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Gusman y Juan Pablo García, constituyen otro ataque directo al único cuerpo elegido democráticamente en Venezuela.

Hasta el momento, 25 legisladores han sido acusados ​​por medio de procesos defectuosos y fueron despojados de su inmunidad constitucionalmente otorgada. Solo se puede lograr una solución pacífica y política si su trabajo político no se criminaliza y las actividades parlamentarias no se reprimen.

La solución a la crisis en Venezuela solo puede venir de un proceso negociado, que conduzca a elecciones presidenciales libres y creíbles.

Los actores nacionales deben volver a participar de buena fe y con un espíritu de compromiso en las conversaciones facilitadas por Oslo. Es importante que las partes negociadoras tengan pleno apoyo en sus esfuerzos. Se les debe proporcionar un entorno propicio para resultados concretos y urgentes, que conduzca a un camino electoral negociado y una reinstitucionalización de los poderes del país.

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