Salvar las empresas

Foto: Archivo web

Por Oscar Bastidas Delgado

Cansado estamos de diagnosticar el país y de ratificar que vamos a peor, también de afirmar que con militares no se puede ir ni a la esquina y que Maduro depende de ellos. Cansados también de negar la supuesta guerra económica, es un harakiri o autosuicidio como diría Carlos Andrés. Concentremos esfuerzos en el qué hacer.

Una situación preocupante es la mortalidad de las empresas. Venezuela no solo es el país con el cementerio de cooperativas más grande del mundo (unas 420.000 enterradas), también lo es de empresas estatizadas fracasadas y de no estatizadas a punto de cerrar. Se ha vuelto normal recibir noticias como la de más de 400 empresas cerradas en Sabana Grande y su entorno en los últimos cuatro meses, como normal es transitar por las calles o visitar centros comerciales y observar las santamarías bajadas.

Efectivamente, el gobierno del dúo Chávez – Maduro, es el que en los primeros cinco años percibió más ingresos que todo el recibido por Venezuela desde Guaicaipuro hasta 1999, no ha hecho sino improvisar al estilo de Eudomar Santos y colocar en cargos económicos claves a personas que saben más de dominó que de finanzas para administrar el BCV y otras que de broma administraron una cantina en un cuartel; amén de generales vigilando mercados populares y distribuyendo cajas claps plenas de harina e invisibles perniles, en lugar de evitar el contrabando a Colombia o vigilar nuestros límites con Guyana. Corolario: ¡Militares a sus cuarteles!

Venezuela es un desierto empresarial, la amplia mayoría de las empresas públicas y todas las estatizadas están quebradas, comenzando por Pdvsa; se suman las quebradas intencionalmente por el desgobierno; queda menos de la cuarta parte de las empresas que existían antes del inicio del dúo.

El mamotreto denominado ANC ha formulado una ingeniería legal interventora de empresas para eliminar la propiedad privada mediante varias leyes como la de los consejos productivos que convertirá a los trabajadores oficialistas en simples espías de las empresas donde laboran; pareciera que, ¡por fin!, el desgobierno se convenció de que no podía seguir estatizando empresas para quebrarlas y prefiere monitorearlas mediante sapos antes de hacerlo.

Ante el harakiri gubernamental es inobjetable que las pocas empresas privadas y las cooperativas que aún funcionan son necesarias para mantener la dinámica económica en el país. Ellas tienen el reto de sobrevivir no solo por razones económicas sino éticas y sociales como las que emanan de la sinergia de los valores del empresariado y los stakeholders o interesados en ellas: Responsabilidad Social Empresarial (RSE); esa responsabilidad es voluntaria, nace donde termina la obligación legal, y necesita de libertad para existir pues los valores no se imponen.

¿Qué pueden hacer los empresarios y otros stakeholders en el marco de la RSE?: declararse en emergencia y establecer como objetivos estratégicos la sobrevivencia de sus empresas y salvar en lo posible todo puesto de trabajo y el capital invertido. Para ello deben cerrar filas con empleados y otros interesados; tomar previsiones precisas ante cada función administrativa: producto y mercado, tecnología y producción, personal, finanzas, lo administrativo – contable, y las no menos importantes: información y seguridad; establecer horarios flexibles con base en el tiempo real que cada trabajador necesite para sus labores; conservar en sus cargos a las personas claves en cuanto a relaciones con proveedores y clientes.

Una acción clave contra la hiperinflación sería establecer tiempo libre y equipos para compras conjuntas que permitan economías de escalas para todos pues los empresarios también tienen familias. Los grupos de compra son efectivos cuando se realizan para grupos que integren varias familias, incluyendo trabajadores de empresas cercanas o relacionadas: ahorros en precios al mayor, en autos y tiempo, tres o cuatro personas “hacen el mandado colectivo”, realizan las compras en puntos de venta al mayor y las distribuyen oportunamente.

De reducirse la plantilla, en caso de igualdad de condiciones entre el personal ante determinado cargo, dar prioridad a las mujeres con mayor carga familiar y luego a los hombres con la misma condición, para mayores impactos sociales. Las mujeres aplican mejor sus salarios al hogar y a sus hijos.

Ante este panorama desolador se debe prestar suma atención a los productores primarios, a los de las pocas haciendas o granjas que aún quedan, a pesar de las cuotas de ganado y de vegetales exigidas por ciertos gobernadores para sus propios intereses, a pesar de las vacunas pagadas en dinero y especies a guardias nacionales y policías que improvisan puestos de rebusque en cualquier sitio, y a pesar de no tener los beneficios de la Agroisleña que fue estatizada y caen en las garras de la empresa paralela montada por militares.

 

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