Red de derechos humanos exige respeto a la firme voz de la Iglesia

Desde comienzos del año 2018 diversas autoridades del ejecutivo estadal de Lara emitieron declaraciones públicas cuestionando las homilías del Monseñor Víctor Hugo Basabe en las procesiones de la Divina Pastora, señalando que constituyeron un discurso político y una incitación al odio entre la feligresía. En tales homilías el Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, actual Obispo encargado, señaló expresamente la preocupación de la Iglesia Católica, por la crítica situación de carencia de alimentos, medicinas y atención médica que afecta a miles de personas y familias, con riesgo de agravamiento y muertes.

Asimismo, enfatizó sobre la responsabilidad de las autoridades en atender tales afectaciones y enfrentar la muy visible corrupción que se extiende por toda la administración pública. De igual forma, señaló el dolor de las familias por la fractura que significa la emigración forzada de tantas personas dadas las penurias que sufren en el país.

Monseñor Basabe le pidió a la Divina Pastora que como hace 162 años nos ayudará a “superar la tragedia que padecemos”, que también hoy nos afecta de múltiples formas, extendidas y masivas. Las expresiones de este pastor de la Iglesia reflejan de forma nítida y justa las realidades que afectan a miles de familias larenses y a millones en el país.

En los diferentes informes sobre la emergencia humanitaria que hemos realizado las organizaciones de derechos humanos se ha documentado sistemáticamente las situaciones que expresó Monseñor Basabe y que hoy son corroboradas por declaraciones públicas, sentencias, medidas cautelares y diversas exhortaciones al Estado venezolano formuladas por distinas instancias internacionales de DDHH, como la Comisión Interamericana de DDHH o la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.

De tal manera, que está muy lejos de “instigar al odio” quién asumiendo plenamente su mandato apostólico aboga por la salud, la alimentación, la protección de la persona y la familia de un pueblo que clama y padece y, que exhorta a quienes tienen responsabilidad estatal a ofrecer respuestas adecuadas y suficientes a tanto dolor y afectación.

En días recientes, autoridades del Estado Yaracuy de nuevo emiten declaraciones amenazantes contra Monseñor Basabe. Le imputan la responsabilidad de promover las significativas movilizaciones de la población en las ciudades de esa entidad a propósito del cuestionamiento a la ilegitima juramentación en la Presidencia del país.

Obviando las múltiples motivaciones presentes en una población carente, desasistida y frustrada para expresar su descontento y aspiraciones de cambio, el alto gobierno de Yaracuy emite un muy manido argumento para señalar que existe una persona “detrás” de tanto malestar y descontento reflejado en miles de yaracuyanos por la situación que padecen.

Monseñor Basabe no ha hecho más que solidarizarse con la decisión de miles de personas que decidieron expresar su parecer frente a la dramática realidad que experimentan y ha cuestionado con voz firme y clara las actuaciones espureas de jueces, fiscales y de funcionarios de seguridad que violentando múltiples derechos humanos han reprimido, detenido, torturado y vejado arbitraria e ilegalmente a cientos de personas en el Estado Yaracuy, incluyendo niños y adolescentes.

Nosotros defensores y defensoras de derechos humanos, que día a día nos enfrentamos a las realidades que padecen quienes hoy han salido a las calles a expresar sus anhelos de justicia y cambios, que conocemos la alta significación de las voces que en forma clara, firme y alta se levantan para exigir respeto a los derechos humanos, nos solidarizamos con las actuaciones y declaraciones de Monseñor Víctor Hugo Basabe.

Exigimos respeto a su alta investidura como pastor de la Iglesia Católica y le recordamos a los funcionarios del Estado que representa a una feligresía devota, comprometida y plenamente dispuesta a defender su representación como líder espiritual en este momento crucial de la vida del país.

Fuente: La Red De Derechos Humanos del estado Lara 

 

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