¿Cuántos muertos son demasiados muertos? Alto a la agresión contra el Pueblo Pemón

Desde antes del registro de su acta constitutiva en el año 1999, el equipo de la Fundación Causa Amerindia Kiwxi (CAK) ha intentado hacer su aporte a los diversos pueblos indígenas de Venezuela, acompañándoles en sus procesos de reflexión sobre los diversos problemas que les afectan y  apoyándoles en la toma de conciencia del valor de sus culturas y de su derecho a definir libremente los modelos de vida que deseen para su futuro, en el marco de una sociedad envolvente y de un mundo en proceso de globalización. La experiencia de acompañamiento a los pueblos indígenas, que culminó con la puesta en marcha de la Universidad Indígena de Venezuela en Tauca, ha sido su mayor logro. Pero en años recientes ha visto mermadas sus capacidades, del mismo modo que tantas organizaciones.

Fundación Causa Amerindia Kiwxi fue concebida, fundada y animada por el jesuita José María Korta, que creyó en la sinceridad y honestidad del chavismo, pero que protestó mediante una huelga de hambre en octubre de 2010, por la violación plena del Capítulo VIII, referido a los Derechos de los Pueblos Indígenas de por parte del Gobierno Bolivariano, poco tiempo antes de morir trabajando en el año 2013.  Esta fundación sigue manteniendo su vinculación con la Compañía de Jesús.

Hoy queremos compartir nuestra profunda preocupación ante la violencia, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que amenaza la existencia del pueblo indígena pemón:

  1. Los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en torno al conflicto por la entrada de la llamada ayuda humanitaria, en el que hasta los momentos han fallecido siete personas: Zoraida Rodríguez, José Perez, Kleyber Perez, Rolando García, José Hernández, José Barrios y Jorge González, siendo los primeros cuatro indígenas de la etnia Pemón, son un nuevo evento en el contexto de militarización de los territorios indígenas, enmarcado en la profundización de modelo extractivista minero. Días después hay decenas de detenidos, y desplazamientos de las comunidades indígenas hacia Brasil.
  2. Los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, como resultado de los conflictos generados por la extracción minera en la zona, a través del decreto 2.248 “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, publicado en Gaceta N° 40.855, el 24 de febrero de 2016. Este se ejecuta sin consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas; y sin estudio de impacto socio-ambiental.
  3. Existe una criminalización constante del liderazgo indígena y acusaciones del alto mando militar que catalogan a este pueblo de generar un movimiento secesionista y de traición a la patria. Amnistía Internacional ha tenido que emitir una Acción Urgente para proteger a una sus líderes, Lisa Henrito. El único movimiento secesionista es el que realiza el gobierno al entregarle este territorio a mafias y capitales foráneos.
  4. No olvidamos los asesinatos de Charly Peñalosa (indígena pemón), en diciembre de 2018, en Campo Carrao, estado Bolívar; José Vásquez (indígena pemón, perteneciente a la Guardia Territorial Pemón), en septiembre de 2018, en la comunidad de Turasén, estado Bolívar; Oscar Meya (indígena pemón), en marzo de 2018, en San Luis de Morichal, estado Bolívar; Domingo Cabrera (indígena pemón), en julio de 2017. Y a los compañeros de otros pueblos indígenas: Misael Julio Ramírez y su hijo Milson Dorángel Rondón (indígenas jivi), en agosto de 2018, en la población de Maripa, estado Bolívar; Freddy Menare, indígena Uwottuja (Piaroa), asesinado por sicarios en mayo de 2017, en Puerto Ayacucho, Amazonas.
  5. Creemos que la represión en estos territorios tiene como objetivo fragmentar la organización autónoma del pueblo pemón y la resistencia de este pueblo; por oponerse a que bandas criminales, gobierno, y fuerzas armadas nacionales ingresen a sus territorios a controlar la explotación de las minas auríferas.
  6. La constante que observamos es que el Gobierno Nacional ha reservado para el pueblo pemón el plomo mortal como mecanismo de control. Y después de la agresión mortal no se restituye ni la paz, ni la calma porque nunca se hace justicia. No se va preso por matar pemones en Venezuela. Esa es la triste conclusión.
  7. Con la represión, pareciera que el Estado venezolano, obligado a reconocer al pueblo Pemón y a sus tierras y hábitats que habita ancestralmente, estuviera interesado en castigar la decisión del pueblo pemón de ejercer sus derechos constitucionales.
  8. Los pueblos indígenas no son pobres, es este gobierno quien los ha empobrecido a través de la fragmentación de sus territorios, la ausencia de demarcación, así como la cooptación partidista de sus organizaciones de base. Por estas razones, reiteramos que el pueblo pemón tiene derecho a la manifestación pacífica y de exigir algún tipo de auxilio alimenticio y/o médico sin intervención militar foránea. No se le puede reprimir ni asesinar bajo ninguna circunstancia.
  9. Recordamos que los derechos de los pueblos indígenas son reconocidos en distintos tratados internacionales (Convención 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros), y han sido ratificados por el Estado venezolano. Así como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci)

Por todo lo anterior exigimos:

  1. Respeto al pueblo pemón, protector histórico de nuestra Gran Sabana.
  2. Cese inmediato de la violencia y militarización en los territorios ancestrales del pueblo pemón.
  3. Cese a la criminalización de las autoridades indígenas tradicionales y protección para los líderes indígenas pemón fuera y dentro de su territorio.
  4. Justicia para las víctimas y reparación para las familias de Kumarakapay, Santa Elena de Uairén, y todos los territorios indígenas donde ha habido represión.
  5. Respeto a la Jurisdicción Especial Indígena para administrar justicia pero también el de gestionar sus territorios para garantizar sus “formas de vida”.

 En Caracas y Ciudad Guayana a los 20 días de marzo de 2018.

 

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