Migración forzada: una mirada urgente desde los derechos humanos

Foto: Archivo Web

Por Carolina Jiménez Sandoval | Revista SIC

Vayan a Venezuela,

 vivan en carne propia lo que estamos pasando…

entiendan que de verdad uno hace esto como un sacrificio

por los hijos de uno,

porque en realidad uno quiere siempre lo mejor para ellos”

Testimonio de Karen, migrante venezolana en Cúcuta, Colombia, embarazada de nueve meses [1]

“Tres millones de venezolanos han salido del país” [2]. Así titulaba las Naciones Unidas el comunicado oficial de noviembre de 2018 que daba a los medios de comunicación y a la comunidad internacional la cifra más actualizada del masivo éxodo de personas venezolanas que han huido del país en los últimos años. A través de dos de sus agencias especializadas en movilidad humana (el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Acnur y la Organización para las Migraciones, OIM), las Naciones Unidas comunicaba que, de esos tres millones, se calcula que 2,4 millones se encuentran residiendo en países de América Latina y el Caribe, mientras que los 600 mil restantes se han trasladado a otras regiones del mundo.

Dado que la mayoría de los venezolanos se han trasladado a otros lugares fuera de sus fronteras principalmente por viaje en buses o incluso en caminata, la agrupación de los mismos en países accesibles en transporte terrestre por escalas, países que comparten un idioma en común (a excepción de Brasil cuyo idioma –el portugués– es de cualquier manera de posible compresión para un hispano parlante) y un cada vez más constante y creciente tejido de redes familiares y de amistades que han comenzado a formar grupos de recepción, es natural que los países suramericanos sean en la actualidad los mayores receptores de población venezolana:

  • Colombia: más de 1 millón de venezolanos.
  • Perú: más de medio millón de venezolanos.
  • Ecuador: más de 220 mil venezolanos.
  • Argentina: aproximadamente 130 mil venezolanos.
  • Chile: aproximadamente 100 mil venezolanos.
  • Brasil: aproximadamente 85 mil venezolanos.

En los países del Caribe destacan República Dominicana con una población venezolana de aproximadamente 28 mil 500 personas, Curazao con 26 mil, y Trinidad y Tobago con 40 mil venezolanos. En Centro América, por su parte, países como Costa Rica y Panamá han visto crecer el número de venezolanos en su territorio: 25 mil y 94 mil venezolanos respectivamente[3]. Es importante observar que, como suele suceder con las cifras de personas en movimiento en cualquier corredor migratorio del mundo, estos números tenderán a variar tanto en magnitud como en dispersión geográfica dependiendo de cambios en los factores de expulsión, diversidad y obstáculos en las rutas migratorias, restricciones (o facilidades) en las políticas de recepción de los países de destino, entre muchos otros elementos que inciden y transforman las dinámicas migratorias de los flujos de personas.

Las cifras de la población en movimiento proveniente de Venezuela, sin duda, no dejan de sorprender a la región latinoamericana y caribeña e incluso, en general, al resto del mundo. Con frecuencia aún se menciona en la propia sociedad venezolana que el país fue, en el pasado reciente y por muchas décadas, un país de acogida que llegó a ser destino de diversos grupos de migrantes provenientes de diferentes lugares. La propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elaboró estudios comparativos de censos del 2000 y el 2010 que indicaban que Venezuela era –en términos de números absolutos–  el segundo país receptor de migrantes latinoamericanos en Suramérica, superado solo por Argentina.[4] Por esta razón, el gran giro que ha dado el país al pasar en poco tiempo de un país de acogida a un país de expulsión genera la necesidad de analizar no solo las cifras y la geografía que –volvemos a recordar– probablemente se irán redimensionando en los próximos años, sino también las características que definen algunas de las particularidades de este flujo migratorio. A grosso modo, pueden indicarse:

  • Magnitud: tal y como fue expuesto en el párrafo anterior, Venezuela se ha convertido en un país que ha transitado de ser antiguamente receptor de migrantes a uno que expulsa a sus ciudadanos. Si bien la migración es un fenómeno humano que afecta a la mayoría de los países del planeta (ningún país es absolutamente “receptor” o absolutamente “expulsor”, aunque puedan pertenecer principalmente a una categoría u otra), el número de venezolanos que han cruzado una frontera internacional en los últimos años supera, en términos de volumen y comparativamente hablando, al de otros países de la región.

Aun cuando el hecho de que los venezolanos migraran a otros lugares no es completamente nuevo, lo que sí puede considerarse una singularidad es que en los últimos años se ha alcanzado una cifra antes impensable:  al menos el 10 por ciento del total de la población del país se encuentra fuera de territorio venezolano.

La falta de datos migratorios confiables, uno de los tantos indicadores emblemáticos de la política de opacidad de la información que ha mantenido el Gobierno venezolano por años, dificulta el análisis de las cifras totales en los distintos momentos en los que se ha podido observar movimientos migratorios importantes. El sociólogo Tomas Páez, uno de los principales analistas de la migración venezolana, ya había señalado que a partir del año 2000 se ha venido observando un “proceso inverso” en el ámbito migratorio en Venezuela, i.e. el comienzo de la salida de venezolanos versus la entrada de extranjeros al país [5].

Algunos analistas se han referido a movimientos migratorios anteriores a la coyuntura actual, destacando principalmente ciertos “picos” de emigración asociados con periodos de conflictividad social que van desde el llamado “Caracazo de 1989”, el paro petrolero del año 2002 y las dos reelecciones del presidente Hugo Chávez en los años 2006 y 2012, respectivamente, generando un contexto que sentaría las bases progresivas para un proceso de emigración más complejo, acelerado y diverso [6].

A pesar de la falta de datos estadísticos, existe un consenso generalizado sobre la extraordinaria magnitud de las cifras en la coyuntura actual. Guiándonos por los números expuestos por la Organización de las Naciones Unidas sobre una población migrante de 3 millones de venezolanos, constituye, sin temor a equivocarnos, uno de los principales movimientos migratorios de las Américas. Esta región, que ha experimentado movimientos poblacionales significativos como el de cubanos hacia Estados Unidos y el de centro americanos y mexicanos también hacia Estados Unidos, vive ahora desafíos importantes por el alto número de venezolanos que se mueven en el continente. Más aun, existe en la actualidad preocupaciones sobre las proyecciones que se manejan en cuanto al potencial incremento de las cifras para los próximos años.

Un estudio del Brookings Institute en Estados Unidos encendió algunas alarmas en medios de comunicación al realizar una proyección a través del desarrollo de una herramienta que analiza el comportamiento de variables socioeconómicas que arrojarían una cifra de hasta 8.2 millones de venezolanos fuera del país en los próximos 2 o 3 años[7].

Las Naciones Unidas, por su parte, con una visión más moderada, informó recientemente que se prevé que 2 millones adicionales de venezolanos saldrían del país en un año hasta alcanzar los 5.3 millones para finales de 2019[8]. El escenario presentado por las Naciones Unidas nos lleva también a analizar otra importante característica de este movimiento migratorio, i.e. la velocidad en la que ocurre el fenómeno.

  • Celeridad: aunque, como algunos analistas han señalado, Venezuela experimentó momentos de emigración de ciudadanos a finales de la década de los años 80, y posteriormente en momentos de conflictividad social en el 2002-2003, entre otros, estos movimientos migratorios no fueron considerados “flujos masivos” ni conllevaron a la necesidad de generar articulaciones y coordinación de países receptores y agencias humanitarias. Ante la falta de estadísticas nacionales, nuevamente el vacío de información y de datos rigurosos es llenado por las publicaciones de las Naciones Unidas que han buscado explicar y exponer los desafíos de la magnitud del flujo migratorio venezolano. Así, el Plan para refugiados y migrantes de Venezuela, lanzado en Ginebra en diciembre de 2018 para solicitar fondos de la cooperación internacional y coordinar acciones regionales, da una idea clara de la celeridad con la que ha crecido la población venezolana en movimiento:

Refugiados y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe

Foto: Cortesía Carolina Jiménez

Fuente: United Nations: Regional Refugee and Migrant Response Plan for Refugees and Migrants from Venezuela  (P. 8), diciembre 2018 (disponible en https://news.un.org/es/story/2018/12/1448011)

Las cifras anteriores muestran un incremento a todas luces extraordinario y sorprendente: según las Naciones Unidas, de 123 mil 406 migrantes provenientes de Venezuela registrados en 2015 en países de Latinoamérica, la proyección para 2019 se ubica en 5.3 millones de personas (en un periodo de tan solo cuatro años). Este ritmo de expulsión en un país que no vive un conflicto armado, en menos de un quinquenio, implica la existencia de un proceso de migración forzada que mantiene una celeridad poco observada en movimientos migratorios de esta índole.

  • Cambio y diversidad de la población que migra forzadamente: es bien conocido que durante el paro petrolero (2002-2003) que llevó al país a una situación de mucha tensión política, social y económica, un número importante de profesionales que trabajaban en el ámbito petrolero decidió emigrar (para evitar la repetición propongo eliminar “del país”. Sería “decidió emigrar dada la imposibilidad de…) dada la imposibilidad de continuar su trabajo en Venezuela. Posteriormente, se mantuvo como característica de la población que emigraba un alto grado de formación profesional y académica aunado a una marcada preferencia por países industrializados como países de destino. Estudiosos de la migración venezolana señalan, así, que este tipo de migración se mantuvo al menos hasta el 2012 y que los venezolanos migrantes se caracterizaron por ser principalmente profesionales o ser jóvenes recién egresados de sus estudios universitarios que se trasladaban a sus nuevos destinos por vía aérea. Esta situación, sin embargo, se ha transformado de manera radical en los últimos años. Aunque continúa la migración de estudiantes, expertos de distintas profesiones, empresarios, entre otros grupos poblacionales con calificaciones profesionales, no cabe duda que el perfil socioeconómico de los migrantes forzados de Venezuela ahora incluye a personas de todos los estratos sociales y en los que se visibiliza de manera clara a un número importante de personas en situación de pobreza que emigran por vía terrestre a países vecinos, solos o en familia, de distintos orígenes étnicos, muchos con condiciones de salud que requiere de tratamientos médicos inaccesibles en Venezuela, entre muchas otras condiciones que evidencia la precariedad de su circunstancia migratoria. Este cambio revelador en el perfil de los venezolanos que migran ha llevado a los urgentes llamados de la sociedad civil a que el movimiento poblacional de personas venezolanas sea declarado como una crisis de movilidad humana forzada que permita asumir a quienes están huyendo del país como personas en necesidad de protección internacional.

Vale mencionar que esto no implica que muchos de quienes migraron en años anteriores a la crisis actual no fuesen personas en necesidad de reconocimiento de la condición de refugiados. De hecho, se han documentado procesos de persecución política que llevó a diversas personas al exilio años atrás. Lo que es importante resaltar es que justo debido a la magnitud del flujo migratorio y de las razones por las cuales migran forzadamente millones de personas de esta Nación, en los tiempos actuales, se hace necesario analizar este movimiento significativo de personas desde una perspectiva que tome en cuenta las condiciones de vulnerabilidad asociadas a su perfil socioeconómico, étnico y de salud, entre otros.  Esto implica, en última instancia, realizar un mayor esfuerzo para ver a esta población más allá de las cifras, independientemente de la magnitud y de la celeridad con la que ocurre el desplazamiento fuera de las fronteras, que nos permita seguir construyendo una agenda sólida de derechos humanos de cada uno de quienes se han visto obligados a dejar su país de origen en este lustro. 

¿Por qué migran y por qué forzadamente? Los “nuevos” refugiados de América Latina

La magnitud del número de personas venezolanas en contexto de movilidad humana ha generado diversos análisis que buscan explicar el por qué de un movimiento tan acelerado en tiempo y tan amplio en volumen. Al respecto, en una publicación previa de esta misma revista, consideramos que la profunda crisis de derechos humanos que vive el país, lo ha puesto en el centro de una tormenta perfecta:

… a la violación continua de derechos civiles y políticos, en especial del derecho a la libertad de expresión que se ha visto severamente limitado en el contexto de la represión a las protestas y la violación  de otros derechos como el de la integridad física, la libertad personal, la no-injerencia arbitraria en el domicilio y una vida libre de tortura, se suma la violación diaria, cotidiana y asfixiante de los derechos económicos, sociales y culturales, con particular énfasis en el derecho a la alimentación y a la salud. Esta ‘tormenta perfecta’ termina cristalizando ‘su embestida’ en el colapso del Estado de derecho y, en consecuencia, en el éxodo de miles de personas [9].

 Tristemente, un año y algunos meses más tarde de la publicación mencionada nos encontramos frente a un panorama político, económico y social, aún más desolador, escenario que sigue contribuyendo de manera directa al desplazamiento forzado de los ciudadanos a otros países de la región.

La “migración del desespero” [10] (ojo, Elena, este sería un subtítulo dentro del intertítulo. Colocar un tipo de letra que lo resalte.  Resalto todos los que tiene el texto)

En octubre de 2017, Venezuela fue categorizada, por primera vez en su historia, como país en hiperinflación. Este fenómeno económico, cuya definición técnica implica registrar una inflación mensual del 50 % o más respecto del mes anterior, ha continuado afectando a la población sin detenerse.

Desde esa fecha y ante la falta de información oficial por parte del Gobierno, actores privados como agencias consultoras, actores multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un órgano de gobierno como la Asamblea Nacional (AN, que en teoría no sería el ente encargado de calcular y proveer esta información a la sociedad), han intentado dar cuenta de la situación inflacionaria en el país. Así, la AN (controlada por mayoría opositora) calculó, en diciembre de 2018, que el país había terminado el año con una inflación acumulada de 1.299.724 % [11], un número que ubica a Venezuela como el país con la inflación más alta a nivel mundial. El FMI, por su parte, señaló que el 2018 cerraría con una inflación del 1.370.000 % al tiempo que previó una inflación de 10.000.000 % para el año 2019. A este panorama con proyecciones de inflación estratosféricas, el FMI también agregó que se esperaba una reducción del producto interno bruto del 5 %, que se traduciría en una caída de la economía de 18 % [12].

La pregunta necesaria ante un panorama económico con indicadores tan alarmantes es el impacto que tales indicadores tienen sobre la vida de las personas. No es la intención de estas páginas hacer un análisis minucioso de la situación económica del país, en especial dada la complejidad de dicha situación y la cantidad de variables que intervienen en la vida económica de un país en crisis. No obstante, es necesario hacer algunas generalizaciones que pueden explicar cómo la crisis económica, en especial la relativa a la hiperinflación, genera condiciones para la migración forzada. Al respecto, tal como han advertido actores importantes de la sociedad civil que se han pronunciado sobre el tema, entre ellos la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, la hiperinflación tiene un efecto devastador sobre la población por un impacto directo en la cotidianidad ciudadana: el colapso del poder adquisitivo. No han importado los constantes decretos que el Ejecutivo nacional ha promulgado para aumentar el salario mínimo. El ritmo, velocidad y porcentaje de aumento de la inflación, ha superado con creces los aumentos de salario. Otros apoyos como las “bolsas de comidas” (conocidas como CLAP) y diferentes bonos que intentan complementar el salario han probado ser insuficientes y limitados.

Si bien el Gobierno nacional tampoco ha publicado cifras oficiales sobre indicadores socioeconómicos como la pobreza, las principales universidades del país han intentado llenar el vacío informativo a través de la realización –cada año– de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi). La Encovi 2017 ubicó la pobreza (por ingreso) en 87 %. Esto representa un incremento sustancial con respecto al 2014, año en el que esta se ubicó en 48,4 %, según la misma encuesta. Una de las conclusiones principales de la Encovi 2017 es precisamente que el fenómeno hiperinflacionario ha tenido tal impacto en la sociedad que básicamente la medición de la pobreza por ingresos ya no segmenta a la población pues básicamente la hiperinflación “ha empobrecido a todos” [13].

De lo anterior se desprende una realidad casi inevitable en un país con un deterioro tan marcado de la calidad de vida: ante la imposibilidad de poder subsistir a través del trabajo (formal e informal), las opciones para la sobrevivencia real de un individuo o una familia son tan limitadas que la migración se vuelve una de las pocas opciones viables para subsistir. La persistencia de la hiperinflación, el aumento de la pobreza por ingresos, la escasez de alimentos y/o la inaccesibilidad de estos (cuando no están escasos, la población igual no puede pagar su precio de venta), la ya documentada escasez de medicinas (con un índice de escasez calculado en 85 %[14]), el resurgimiento de enfermedades epidémicas, el aumento de la desnutrición y la mortalidad infantil y materna, y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, impactan de forma directa el disfrute de derechos económicos y sociales como la alimentación y la salud y generan una sensación generalizada de desesperanza y desaliento individual y colectiva que obliga a cientos de miles de personas a emprender el proceso migratorio que, para una buena parte de quienes lo realizan en la actualidad, lo hacen en condiciones precarias como una medida desesperada en la búsqueda de su subsistencia y la de familiares y amigos que se han quedado en el país.

Ante una situación desesperada: necesidad de protección (subtítulo dentro del intertítulo)

Cuando un país transita de manera acelerada de país de acogida de migrantes y refugiados a país de expulsión de sus propios ciudadanos, es posible afirmar que existen razones para deducir que un cambio de dinámica de este tipo implica que ha habido transformaciones sustanciales en el tejido social y el disfrute de los derechos humanos de quienes ahora se ven obligados a marcharse de sus comunidades. De otra manera, es imposible explicar algunas de las características antes expuestas sobre la migración forzada de personas venezolanas: su magnitud, celeridad y el cambio en el perfil socioeconómico de quienes hoy migran.

Cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados indican que del 2014 a final del 2018, un total de 375 mil 012 venezolanos han solicitado la condición de refugiados en el mundo[15]. Dado el aumento de personas venezolanas en movimiento, diversas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado al respecto exponiendo las razones que explican la dimensión de esta crisis de movilidad y llamando al respeto de sus derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 02/18 sobre “Migración forzada de personas venezolanas”, en donde señaló que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela, explica el incremento sostenido de quienes hoy se ven en la necesidad de migrar y solicitar protección internacional[16]. Para organizaciones como Amnistía Internacional, “la situación actual por la que atraviesa Venezuela constituye un contexto de violaciones masivas a los derechos humanos” y por lo tanto los Estados de la región “deben tomar medidas de protección que permitan un reconocimiento Prima Facie que dé solución a las personas venezolanas a través de una estadía legal y con las salvaguardas apropiadas, fortaleciendo a su vez los sistemas internos de protección”[17].

Estos llamados se basan en la existencia del concepto ampliado de refugiados contenido en la Declaración de Cartagena, instrumento que otorga tal categoría a las personas, que “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Esta declaración ha sido incorporada a la legislación interna de catorce países de la región latinoamericana[18]. Obviamente, instrumentos internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es también aplicable a diversos casos de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela.

Según la Convención, se considera persona refugiada aquella que:

… debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él [19].

 De hecho, a la crisis que existe en términos humanitarios, se suma la de carácter político-institucional que con frecuencia impacta derechos civiles y políticos y afectan la seguridad personal de muchas personas que obligan también a la migración forzada (familiares víctimas de homicidios múltiples, secuestros y extorsión; persecución por razones de opinión política; entre otras categorías que están claramente contemplados en la Convención sobre los Refugiados de 1951).

Es indispensable, desde cualquiera de los instrumentos de protección aplicables, que se reconozca a los venezolanos como personas en necesidad de protección internacional dada la situación de violaciones masivas de derechos humanos que ocurren en su país de origen.

Respuesta interna e internacional: la importancia de esta basada en los derechos de todos

Las crisis de movilidad humana, como la de personas venezolanas en las Américas, necesitan de respuestas articuladas por parte de los países receptores y actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional que apoyan la atención y el diseño y la implementación de políticas públicas a favor de quienes están migrando forzosamente. Además de esta coordinación regional, es también imprescindible que se aborden las causas o los factores de expulsión que originan esta movilidad.

Respuesta “interna” o la negación como respuesta (subtítulo del intertítulo)

Una de las características principales de la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro frente a la migración forzada de millones de venezolanos, ha sido la de doble negación: por una parte, negar que las razones que impulsan a las personas a dejar el país existen en su dimensión actual (i.e. negación de la existencia de una crisis humanitaria); y por otra, negar también la magnitud de las cifras y el número de personas que migran e, incluso, insinuar que aquellos que se han ido solo desean retornar al país.

En el primer caso, la negación oficial en relación con la existencia de una situación de emergencia humanitaria en el país, ha prevalecido desde que aparecieron los primeros indicadores de esta. Aparte de implementar una política de opacidad que impide la publicación de datos e indicadores fundamentales para entender el estado actual de la situación de salud, alimentación, situación socioeconómica de la sociedad, entre otros, frente a la publicación de tales datos por parte de organismos privados, académicos, y otros, la respuesta ha sido de ataque y negación de lo expuesto por las organizaciones que se han dado a la tarea de intentar medir aspectos fundamentales de la vida social y económica del país. Además de la negación, que trae consigo la imposibilidad de realizar diagnósticos claros y precisos sobre la situación de salud, alimentación y pobreza en el país, la respuesta del Gobierno nacional también se ha enfocado en responsabilizar a actores (países catalogados de “enemigos” como Estados Unidos, Colombia, u otros) o circunstancias externas (sanciones financieras) por el contexto humanitario actual. Esta adjudicación de la responsabilidad exclusivamente a actores externos y la negación de la existencia misma de la crisis impiden realizar diagnósticos eficientes que permitan diseñar las políticas públicas correctas para solucionar la emergencia humanitaria que genera los factores de expulsión de la migración forzada.

A pesar de que por varios años el Gobierno se negó a aceptar apoyo o asistencia humanitaria de países y agencias especializadas que la habían ofrecido, en los últimos meses ha habido apertura a concretar algunos proyectos de cooperación que pueden aliviar situaciones humanitarias difíciles[20]. Aunque este es un primer paso positivo, la dimensión de la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país requerirá de esfuerzos mayores y más concertados con distintos actores que permitan crear y mejorar considerablemente las condiciones de vida y el disfrute de los derechos fundamentales de los venezolanos.

En relación con la negación de la dimensión de la crisis, diferentes voceros del Gobierno de Venezuela han declarado que el flujo migratorio de venezolanos es “normal” o fake news (noticias falsas)[21]. A pesar de que las estadísticas de los países de recepción, el trabajo y la medición de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, y los miles de testimonios de refugiados venezolanos han sido ampliamente reportados por organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, la negación de la magnitud de la movilidad de venezolanos fuera de sus fronteras ha sido parte del discurso oficial por varios meses. Esta posición tiene un impacto en los recursos que el Gobierno pudiese asignar a sus consulados en el exterior para atender las necesidades de los ciudadanos que libremente decidiesen recurrir a consulados y embajadas de Venezuela en el exterior por diversas razones. De igual manera, la falta de aceptación del considerable aumento de venezolanos que salen del país ha llevado a que el Gobierno no priorice los recursos para la emisión de documentos de identidad fundamentales para el tránsito internacional.

No es posible adelantar ni prever los escenarios que puedan reducir los impactos de la crisis política y económica sobre el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Las proyecciones señaladas en párrafos anteriores sobre la posibilidad de que el aumento sostenido de la migración forzada proveniente de Venezuela llegue a dos millones adicionales de personas en este 2019, dejan claro que sin un cambio significativo en los factores de expulsión se verán pocos cambios en el flujo migratorio que la región ha experimentado en los últimos años.

Respuesta internacional: entre la solidaridad y las restricciones (subtítulo del intertítulo)

Es innegable que un flujo migratorio de la dimensión y con la celeridad del de personas venezolanas en las Américas genera desafíos importantes en cuanto a la atención y protección efectiva que pueden proveer los países de destino. Puede afirmarse que, en un principio, los principales países de destino (Colombia, Perú, Ecuador, entre otros) adoptaron políticas relativamente “tolerantes” que permitían el tránsito y la residencia de cientos de miles de venezolanos en sus territorios. A medida que fue creciendo el movimiento de personas venezolanas, algunos países comenzaron a implementar prácticas más restrictivas para intentar controlar la entrada de los venezolanos. Chile, por ejemplo, ha comenzado a solicitar una “visa de responsabilidad democrática” que debe obtenerse en Venezuela si quien viaja quisiera residir y trabajar en este país. Perú y Ecuador en distintas ocasiones han intentado implementar una política estricta de ingreso con pasaporte, aunque varios amparos legales interpuestos por organizaciones que defienden derechos de los migrantes en estos países han suavizado las restricciones inicialmente planeadas.[22]

A pesar de estas restricciones, países como Colombia y Perú también han diseñado programas de residencia temporales que buscan regularizar la permanencia de miles de venezolanos, y aunque este tipo de permisos pueden ser de gran ayuda para aquellos que lo obtienen, su carácter temporal puede generar también situaciones de incertidumbre jurídica y limitaciones en los procesos de integración con las comunidades receptoras. Lamentablemente, en países como Brasil se observaron también eventos de ataques xenófobos que culminaron en agresiones a un campo de venezolanos que requirieron de la intervención de fuerzas de seguridad. Otros eventos de xenofobia se han reportado en distintos lugares y es imperante que estos actos sean debidamente investigados y sancionados para evitar su repetición.

El 2018 se convirtió en el año en el que se hizo evidente la necesidad de promover una respuesta regional e internacional concertada frente a la crisis de movilidad humana de millones de venezolanos. Reuniones regionales de representantes de los países de acogida generaron declaraciones (la principal conocida como Declaración de Quito y firmada en el mes de septiembre por once países del continente) en donde hubo compromisos mínimos de coordinación, aunque no se visualizó en estos documentos el énfasis necesario de un lenguaje de derechos humanos que garantizara el reconocimiento de estas personas como sujetos de protección internacional e invocara el respeto del principio de no-devolución.

Por su parte, los organismos multilaterales han lanzado Grupos de Trabajo sobre migración venezolana (actualmente funcionando por mandato de la Organización de Estados Americanos) y planes ambiciosos de coordinación y atención a los migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. Tal y como fue señalado en párrafos anteriores, las Naciones Unidas lanzaron un plan de coordinación inter-agencial en diciembre de 2018 que requiere de 738 millones de dólares para su implementación en el 2019 y que busca concentrarse en la provisión de emergencia humanitaria directa, protección y fortalecimiento de los sistemas de los países receptores, integración social y cultural, entre otros.

Los esfuerzos antes citados constituyen solo algunos ejemplos de las diferentes iniciativas que se han generado a raíz de la crisis. La sociedad civil de los distintos países receptores ha venido organizándose para proveer diferentes servicios en la ruta migratoria que se ha convertido en un pilar de apoyo fundamental para las miles de personas que abandonan Venezuela diariamente. Desde el apoyo humanitario hasta la asistencia legal, de educación, entre otros, hasta los actos de solidaridad de las comunidades que reciben a personas venezolanas, ha quedado claro que ante una crisis de esta dimensión la región se ha sostenido también en el trabajo de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes.

Conclusiones

No cabe duda de que la migración forzada de millones de venezolanos en los últimos años es un fenómeno complejo que afecta tanto a la sociedad venezolana como a los países de la región que se han convertido en países receptores. Algunas de las características principales de esta migración forzada, en especial su magnitud, la celeridad con la que ha ocurrido el desplazamiento de venezolanos fuera de su país de origen, y el cambio en el perfil socioeconómico de quienes ahora migran (situación que muestra mayores vulnerabilidades de esta ola migratoria), han puesto a prueba tanto a su país de origen como a los países de acogida, así como a los distintos actores internacionales que intervienen en la búsqueda de soluciones comunes a la crisis actual.

A pesar de que pueden reconocerse avances en políticas de recepción tolerantes por parte de quienes hoy reciben a cientos de miles de venezolanos, ha quedado claro que la región no se encontraba preparada para movimientos poblacionales de esta magnitud. En tal sentido, urge una mirada de derechos humanos que abarque tanto el tratamiento de los factores de expulsión, i.e. la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela y cuyo contexto de crisis económica agudizada por el fenómeno sui generis de la hiperinflación han generado afectaciones considerables a derechos económicos y sociales como el acceso a la alimentación y a la salud.

En cuanto a la comunidad de países receptores, si bien es importante que se eliminen barreras burocráticas que limitan la posibilidad de movimiento de estas personas (como la imposición de pasaportes y/o visados para una población con dificultades para obtener documentos de identidad), es también de suma importancia que los países de acogida reconozcan que los venezolanos que residen y llegan hoy en día a su territorio son, en su mayoría, sujetos en necesidad de protección internacional. En tal sentido, es indispensable que se eviten prácticas de deportación que violen el principio de no-devolución, la criminalización de las personas migrantes (problemas muy evidenciados en países del Caribe) y se brinde de manera pronta y oportuna el acceso a los sistemas de protección como el refugio y otros mecanismos complementarios que garanticen una estancia y vida digna para los millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar sus hogares ante la mirada indolente de un Gobierno que sigue negando la crisis de derechos fundamentales de la que es, últimamente, responsable.

Notas:

[1] Durante una entrevista, Karen explicó que “su embarazo se debía a que compró pastillas anticonceptivas caducadas, en una farmacia de Venezuela. Explicó que debido a la escasez a veces los productos que se encuentran están en mal estado”. Testimonios recogidos en la Plataforma Digital de Amnistía Internacional “Salida de Emergencia”, disponible en https://www.amnistia.org/ve/especiales/salida-de-emergencia/exodo/  (acceso el 10 de enero de 2019).

2 Organización de las Naciones Unidas: “Tres millones de venezolanos han salido del país”. En: Noticias ONU, 8 de noviembre de 2018, disponible en https://news.un.org/es/story/2018/11/1445191

3 Cifras aportadas por la “Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela” establecida por solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas al ACNUR y la OIM en abril del 2018 para dirigir la respuesta del organismo ante la crisis de movilidad humana venezolana. Disponible en: https://data2.unhcr.org/es/situations/platform (ultimo acceso 11 de Enero 2019).

4 CEPAL: “Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional”, Octubre 2014, disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37218/1/S1420586_es.pdf

5 PÁEZ, Tomas: “El 90 % de la emigración de los venezolanos se produce en estos 17 años”. En: Noticias de Gipuzkoa, 4 de octubre de 2016, disponible en https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2016/04/10/politica/el-90-de-la-emigracion-de-la-historia-de-venezuela-se-produce-en-estos-17-anos

6 VARGAS RIBAS, Claudia: “La migración en Venezuela como dimensión de la crisis”. En: CRIES, 9 de septiembre de 2018, disponible en http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/009-Vargas.pdf

7 BAHAR, Dany y BARRIOS, Douglas: “How many more migrants and refugees can we expect out of Venezuela?”. The Brookings Institute, 10 de diciembre de 2018, disponible en https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/12/10/how-many-more-migrants-and-refugees-can-we-expect-out-of-venezuela/. Véase también: OPPENHAIMER, Andres: “El peligro de un éxodo de 8 millones de venezolanos”. En: El Nuevo Herald, 18 de diciembre de 2018, disponible en https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article223104345.html

8 Efecto Cocuyo: “ONU proyecta dos millones más de migrantes y refugiados venezolanos en 2019”, 14 de diciembre de 2018, disponible en http://efectococuyo.com/internacionales/onu-proyecta-dos-millones-mas-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-2019-2/

9  JIMÉNEZ SANDOVAL, Carolina: “Los nuevos refugiados de las Américas. La otra crisis venezolana”. En: SIC, 17 de Octubre de 2017, disponible en http://revistasic.gumilla.org/2017/los-nuevos-refugiados-de-las-americas-la-otra-crisis-venezolana/

10 Frase adjudicada a la especialista en migración venezolana Magaly Sanchez en entrevista publicada en el especial “Venezuela a la Fuga”, disponible en https://www.eltiempo.com/datos/quienes-son-y-por-que-se-van-los-venezolanos-en-fuga-189844 (7 de marzo de 2018).

11 EFE: “Asamblea Nacional: Venezuela registra inflación de casi 1.300.000 % en un año”. En: El Carabobeño, 10 de diciembre de 2018, disponible en https://www.el-carabobeno.com/asamblea-nacional-venezuela-registra-inflacion-de-casi-1-300-000-en-un-ano/

12 EFE: “FMI prevé 10.000.000 % de inflación en Venezuela para 2019”. En: El Universal, 9 de diciembre de 2018, disponible en http://www.eluniversal.com/economia/22724/fmi-preve-una-inflacion-de-10000000-para-venezuela-en-2019

13 Encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela 2017, Encovi, disponible en https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ucv-ucab-usb-encovi-pobreza-2017.pdf

14 “Ferfarven: “Escasez de Medicinas llegó al 85%”. En: El Nacional Web, 19 de octubre de 2018, disponible en http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/fefarven-escasez-medicinas-llego_256407

15 Véase: UNHCR. Operational Portal; refugee situation. Disponible en https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit

16 Véase: CIDH Resolución 02/18 “Migración forzada de personas venezolanas”, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-2-18-es.pdf

17 Véase: Amnistía Internacional “Medidas Urgentes. Personas venezolanas necesitan protección internacional”, 3 de septiembre de 2018. Disponible en  https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0190192018SPANISH.PDF

18 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Información de acuerdo a la Corte IDH. Véase: Corte IDH, Caso familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272. Párr.141.

19 Véase “Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”. Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.

20 Reuters: “ONU aprueba primera ayuda de emergencia para Venezuela”, 26 de noviembre de 2018, disponible en https://lta.reuters.com/articulo/noticiasPrincipales/idLTAKCN1NV2C1-OUSLT

21 Véase “Flujo migratorio de Venezuela es normal: vice-presidenta Delcy Rodríguez”. En: El Universal, 3 de septiembre de 2018, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/mundo/flujo-migratorio-de-venezuela-es-normal-vicepresidenta-delcy-rodriguez y “Venezuela dice que noticias sobre huidas de venezolanos son fake news” en El Tiempo, 29 de agosto de 2018, disponible en https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/gobierno-de-venezuela-dice-que-crisis-migratoria-son-noticias-falsas-261884

22 STAEDICKE, Sara: “As Venezuelan crisis deepens, South American braces for more arrivals and indefinite stays”. En: Migration Information Source, MPI, 21 de diciembre de 2018. Disponible en  https://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2018-issue-1-venezuelan-crisis-deepens-south-america-braces-more-arrivals-and?fbclid=IwAR3sKKYtmPP2yz5HKzHehCsiMUs0roB86fR0-m1iRjUDx8MHONgbDPY7ahQ

*Amnistía Internacional.

Fuente: Revista SIC

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