Fosas del Silencio: Los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado

La madre de Eudi Gómez posa para un retrato anónimo en su casa en Guasipati. Foto: Fabiola Ferrero

Las desapariciones son una realidad con la que conviven pobladores y migrantes forzados desde los últimos ocho años en yacimientos auríferos del estado Bolívar, al sur de Venezuela, en una zona que el régimen de Nicolás Maduro bautizó en 2016 como el Arco Minero del Orinoco.

Wilmer González, un fotógrafo del diario independiente venezolano Correo del Caroní, viajó en 2018 a una mina de oro en Delta Amacuro en busca de ingresos adicionales para sobrellevar la peor crisis económica que ha sufrido Venezuela; pero nunca más regresó. Su desaparición es parte de un patrón de violencia en los municipios mineros de la región Guayana, al sur de Venezuela, donde el gobierno diseñó un mega proyecto extractivista denominado Arco Minero del Orinoco, que conjuga extracción anárquica de minerales, violaciones a los derechos humanos y violencia.

Entre 2012 y 2019, al menos 51 personas han sido reportadas como desaparecidas, el 74% desde que Nicolás Maduro bautizó las minas de la amazonía venezolana como Arco Minero del Orinoco, en un momento de retroceso de la principal fuente de ingresos económicos: la industria petrolera, una contracción que volcó la mirada con más fuerza a la extracción de minerales. En este periodo, además, se acentuó la crisis humanitaria compleja e indicadores como la hiperinflación alcanzaron niveles históricos de 1.698.488% al cierre de 2018, de acuerdo con las estadísticas de la Asamblea Nacional.

El hallazgo de casos de desaparecidos corresponde a la investigación del proyecto Fosas del Silencio, emprendido por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), una oenegé radicada en el estado Bolívar especializada en protección y defensa de Derechos Humanos, en alianza con La Vida de Nos, un portal venezolano que comparte historias que conjugan periodismo y literatura.

La chemise de Wilmer González, fotógrafo del Correo del Caroní, en el patio de su casa en San Félix, estado Bolívar, en una foto preparada. Foto: Fabiola Ferrero

El inicio de esta historia remite al 5 de marzo de 2016, cuando el pueblo de Tumeremo —municipio Sifontes, Bolívar— protestó y reclamó los cadáveres de 17 personas asesinadas en la mina Hoja de Lata. Después de 10 días intensos de manifestación, el Ejecutivo venezolano reconoció la existencia de una fosa común.

Pero no fue fácil. A los pobladores de Tumeremo les costó una semana de protestas y amenazas. La manifestación puso de relieve las ejecuciones en masa y dio cuenta de la importancia del impacto mediático de las protestas de los dolientes para que se activara la acción estatal de búsqueda de los mineros, luego de que —en un principio— entes oficiales desestimaron las denuncias de los familiares.

Ese hito permitió hacer públicas denuncias sobre el carácter sistemático de desapariciones y muertes en las minas, así como un reconocimiento y compromiso estatal para atender el problema.

Desde entonces, la posibilidad de que existieran decenas de desaparecidos quedó sobre la mesa. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que vienen de otras partes del país sin ninguna red de apoyo? ¿Qué pasa con hombres y mujeres que son testigos de masacres? ¿Cómo se organizan familias sin ni siquiera conocerse? ¿Qué ha ocurrido y qué ocurre con los casos de desapariciones, tanto individuales como masivas, menos visibilizados? Esas interrogantes motivaron esta investigación.

Un cartón con una dedicatoria a Héctor Molina, desparecido desde hace dos años, en su casa en Guasipati. Foto: Fabiola Ferrero

Durante seis meses, un equipo de periodistas monitoreó —a través de redes sociales y medios de comunicación— reportes sobre desaparecidos en las minas, un fenómeno que se suma a la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. A su vez, se divulgó un formulario de denuncia, se armó un mapa de actores claves para recopilar nuevas evidencias y se conversó con nueve párrocos de iglesias de los municipios mineros, del sur del país, para enlazar con familias víctimas de desapariciones.

Hallazgos

El estudio de casos de la organización Codehciu revela que el Estado no busca a los desaparecidos en las minas. Familiares de cuatro de las seis historias que comprenden Fosas del Silencio señalan que funcionarios policiales les conminaron a desistir de la búsqueda, algo que contraviene los estándares internacionales sobre la búsqueda de desaparecidos. En otros casos, pobladores o vecinos de estas localidades saben de un caso, de un familiar o un allegado en esta situación, pero deciden callar por las consecuencias que pueden generar las denuncias.

Un miembro del Centro de Coordinación Policial El Callao reubica un cartel de desaparecido. Foto: Fabiola Ferrero

La mayoría de las víctimas comparten un patrón: se fueron a las minas y, transcurrido un año, sus familiares no supieron más de ellos. De la data recopilada por Codehciu, solo 10 aparecieron con vida después de haber experimentado secuestro o lograr sobrevivir a una masacre, 30 se desconoce su estatus y otras 10 permanecen desaparecidas. Sus familiares temen lo peor: asesinato, trata de personas y fosas comunes.

La foto carnet de Wilmer González. D: Familiar de Wilmer González posa para un retrato anónimo en su casa en San Félix, estado Bolívar. Foto: Fabiola Ferrero.

A través de los 51 casos de desaparecidos entre 2012 y 2019, se determinaron seis perfiles de víctimas del contexto minero en Venezuela, que son contados en seis historias:

1. Venezolanos que, forzados por la crisis humanitaria compleja, van a trabajar a la mina como mineros, cocineros, vendedores, etc.

Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto: El fotógrafo Wilmer González solía acompañar a periodistas nacionales y extranjeros a las minas de oro, que conocía muy bien, en los estados Delta Amacuro y Bolívar. A eso salió de su casa el 16 de febrero de 2018 y no ha vuelto. A Lucy, su esposa, le han dicho que está muerto, pero ella sigue refiriéndose a él en presente.

2. Quienes no están trabajando directamente en la mina, pero prestan algún servicio: movilizan oro, distribuyen gasolina, venden alimentos, maquinarias y piezas.

Estoy plenamente segura de que no están vivos: María José y Alexander tenían dos años viviendo juntos en Ciudad Guayana. Él, para hacerse con dinero extra al que le generaba su trabajo como abogado, comenzó a trasladar pasajeros hasta las zonas mineras del sur del estado Bolívar. Un día de mayo de 2018 ambos salieron de su casa y nunca más volvieron.

3. Quienes viven en el entorno minero, en comunidades cercanas que no están a salvo de la delincuencia, pese a no estar directamente vinculados al negocio minero.

¿Qué hizo mi hijo para que se lo tragara la tierra?: Eudy de Jesús Gómez Basanta, de 31 años, desapareció la mañana viernes 28 de abril de 2017 cuando salió al campo cabalgando sobre un caballo blanco que pretendía cambiar por otro. Desde entonces Damelis, su madre, no ha dejado de buscarlo. Tan solo lo escucha hablar en sueños.

4. El cuarto patrón es un perfil político y lo representa el caso de Aldrin Torres, ex diputado del partido de gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su pareja Rebeca Núñez. El asesinato de la pareja ha sido vinculado a denuncias en torno a la extracción minera en el sur del país.

Agnelys prefiere pensar que su mamá está de viaje: Desde que Agnelys se mudó a Caracas para estudiar, solía visitar con frecuencia a Rebeca, su madre, en Ciudad Bolívar. La última semana de julio de 2018 no logró viajar porque no encontró pasajes. Por eso estaba en Caracas cuando una tía la llamó para decirle que había pasado lo que tanto temía que ocurriera: Rebeca estaba desaparecida junto a Aldrin, su pareja.

5. Personas que sobreviven a una masacre, tras ser en algunos casos desaparecidos por un periodo. Estas personas sufren secuelas desde el punto de vista psicológico y riesgos por el hecho de haber sido testigos excepcionales.

El abrazo que le devolvió la vida: Eduardo, que tiene 12 de sus 33 años trabajando en las minas de oro del sur del estado Bolívar, es un testigo de lo que ocurre en las profundidades de la selva: masacres, enfermedades, tantos desaparecidos. Aunque a cada tanto regresa a su casa en Ciudad Bolívar, ileso de todo aquello, al cabo de un tiempo siempre vuelve a las minas.

6. Comunidades indígenas con yacimientos en sus territorios o cercanos a sus tierras son desplazados y sufren severas presiones por la presencia de grupos armados.

Me están llevando para matarme: Óscar Eliézer Meya —indígena del pueblo pemón taurepán por el lado su padre, y arekuna por su madre— era delgado y de piel bronce. Después de estudiar cinco años de medicina en el estado Guárico, se había devuelto a San Luis del Morichal, en el sur del estado Bolívar, de donde era. Allí trabajaba en una mina de oro. Y un día mientras tomaba unos tragos junto a un primo, lo desaparecieron.

Además de las historias que visibilizan cada uno de los patrones de desaparición, el proyecto cuenta con tres podcast que cuentan el contexto minero desde la voz de sus protagonistas; la negligencia estatal en la búsqueda de los desaparecidos y el estado de incertidumbre constante en el que viven los familiares de las víctimas:

Un familiar de Alexander González sostiene su retrato en su casa en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Una prenda de vestir de Alexander González, desaparecido el 5 de mayo de 2018, cuelga en una pared de su antigua casa en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Foto: Fabiola Ferrero

En apoyo a la defensa de los Derechos Humanos desde realidades locales, Codehciu, en alianza con La Vida de Nos, decidió darle voz a quienes incansablemente buscan a los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado. Es una cuenta regresiva que no termina y con la que se abre un capítulo para acompañar a madres como Damelis que quieren saber, pronto, por qué a su hijo se lo tragó la tierra.

Link del microsite: Fosas del Silencio

 

 

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Acerca del autor

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Periodista. Pertenece al área de investigación de la Fundación Centro Gumilla, dedicada a la línea sobre asuntos indígenas, justicia socio-ambiental y ecología. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista SIC del Centro Gumilla, de la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena (RSAI) de la Conferencia de Provinciales de América Latina (Cpal), y de la Red Eclesial Panamazónica (Repam)