Un país sin juventud

Informe del OVV ante la alta cifra de jóvenes que mueren por la violencia

OVV

Este 12 de febrero, fecha que conmemoramos como Día de la Juventud, es ocasión propicia para enfatizar que en Venezuela, la mayoría de las muertes violentas tienen como víctimas a adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad.

Esta triste realidad se acepta como una sentencia inexorable, y no se generan políticas o programas destinados a prevenir la violencia, enfrentar sus causas o a garantizar la protección y resguardo de esta población vulnerable.

 

En 2017, 15.890 adolescentes y jóvenes fallecieron en muertes violentas, cifra que corresponde al 60% del total de muertes violentas que ocurrieron en todo el país.

En 2017, de los 15.890 jóvenes de 12 a 29 años muertos por asesinatos, 12.553 fueron por homicidios y 3.337 por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”.

De esta manera, se hace evidente que ser joven hoy en Venezuela significa afrontar el alto riesgo de morir en circunstancias violentas, porque la situación de inseguridad y violencia impacta con mayor fuerza en la juventud. Están matando a los jóvenes, principalmente a los hombres, mayoritariamente a los pobres. Los mata la delincuencia, o los mata la actuación de funcionarios de un Estado que, enfocado en políticas belicistas y violatorias de derechos humanos, parece haber renunciado a la prevención del delito y a la contención delictiva.

Cada año se confirma esta tendencia, y no se emprenden políticas, programas o decisiones públicas destinadas a detener este maleficio. Por el contrario, se incrementa el abandono, la desatención pública de esta población y todos los indicadores sociales advierten como, en lugar de protección y oportunidades de desarrollo, los adolescentes y jóvenes enfrentan hoy difíciles situaciones de desabastecimiento y carestía de alimentos, pobreza, precariedad de servicios básicos (agua, transporte, luz) y, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a la lamentable realidad de adolescentes y jóvenes buscando comida en la basura, prostituyéndose para llevar comida a sus casas.

También hay que notar que no son pocos los adolescentes y jóvenes que dejan de comer para que sus hermanos puedan alimentarse, o salen a buscar algún ingreso para ayudar en el hogar y hasta los que se privan de gastos, preocupados porque su madre come cada vez menos para que le alcance a sus hijos. Muchos de ellos están dejando de estudiar para salir a la calle a trabajar o a mendigar en procura de un alivio a la pobreza de las familias. Otros entienden que la mejor solución es irse del país y buscar un trabajo afuera con el que puedan colaborar económicamente con sus familias, o queriendo dejar de ser una carga para los padres. En este caso es el país que muere, con jóvenes capaces y dispuestos al bien común que abandonan nuestra tierra forjando sueños, trabajo y riqueza en otro lugar.

En contextos de pobreza y violación de derechos humanos, la vida del joven ha estado sometida a situaciones de injusticia y uso abusivo del poder. Para miles de jóvenes que han salido a las calles en protesta pública, la respuesta del Estado ha sido la represión, el amedrentamiento, el encarcelamiento y hasta la muerte.

Pero los jóvenes, además de ser el sector más vulnerable a ser víctima de la violencia, también pueden convertirse en potenciales victimarios, siendo instrumentos útiles de la delincuencia organizada. Según nuestros registros, un 60,7% de los victimarios tiene menos de 30 años; un 34,5 % de este grupo tiene entre 20 y 24 años.

En la mayoría de las comunidades, impera la ley que imponen grupos criminales, que someten y controlan a la población ante la ausencia de la institucionalidad del Estado. Las bandas armadas crecen y se fortalecen incorporando a adolescentes en sus actividades, con amenazas, extorsión y engaño, pero también brindándoles la comida, el dinero y las oportunidades que las familias no pueden garantizar. El aparente éxito y poder de los jóvenes armados atrae a adolescentes que ven en el delito un camino accesible a la riqueza fácil, o a ingresos que no son percibidos por quien vive honestamente de su trabajo diario.

Los equipos de investigación de las universidades que integramos el OVV -UCV, ULA, UDO, UCAB, UCAT, UCLA, LUZ- expresamos nuestra preocupación por la violencia que padece la juventud venezolana y reiteramos nuestra convicción ética por la defensa de los derechos a la vida y a la libertad.

Es hora de parar la fábrica de la incursión de adolescentes y jóvenes en la criminalidad, garantizándoles las oportunidades de alimentación, salud y educación, y atendiendo la emergencia humanitaria que hoy coloca a la mayoría de la población en situaciones de pobreza. El Estado es responsable de garantizar sin más demora, políticas y programas públicos que reconozcan a los jóvenes como sujetos de derechos y personas corresponsables del desarrollo social. Reiteramos nuestra esperanza en una juventud cuya vida no esté sometida a la violencia, sino aferrada a sus sueños de un futuro de paz, trabajo y conocimiento.

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