En las desapariciones forzadas los organismos buscan anular simbólica y físicamente a la víctima

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Tras pasar más de un mes desaparecido, Pedro Jaimes, detenido el 12 de mayo, logró comunicarse con sus familiares este 15 de junio para informarles que había recibido malos tratos y lesiones físicas en El Helicoide, informó la ONG encargada del caso, Espacio Público. Entre 2002 y 2017, Provea ha registrado 194 desapariciones

Shaylim Castro

El “crimen” de Pedro Jaimes, de 53 años, fue publicar la ruta del avión presidencial a través de su cuenta de Twitter (@AeroMeteo) el pasado 3 de mayo. Por esto, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo llevaron detenido el 10 de mayo, en Los Teques, sin orden judicial.

Aunque dos días después fue presentado ante los tribunales, desde el 12 de mayo, ni familiares ni abogados supieron de su paradero hasta este 15 de junio, cuando el hombre logró comunicarse con sus parientes y denunciara malos tratos y lesiones físicas en el Sebin de El Helicoide, reportó a través de Twitter Espacio Público, asociación civil que lleva el caso.

De acuerdo con uno de los abogado de la ONG, Ricardo Rosales, Jaimes estuvo desaparecido más de un mes, mientras las autoridades siguen sin dar respuestas oficiales.

Ni Rosales ni Amado Vivas, su otro defensor, han podido juramentarse como sus abogados formalmente, ya que para esto se necesita de la presencia del detenido, traslado que los organismos no han cumplido tras varios intentos de los defensores. Ya son más de 32 días en los que no se ha podido leer el expediente, por lo que no se sabe de qué se le acusa.

El caso de Jaimes, un hombre aficionado a la aviación, entra en la definición de lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califica como “desapariciones forzadas”:

“Estas ocurren cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o es privada de su libertad por oficiales de diferentes niveles del gobierno o grupos organizados o individuos privados que actúan en nombre de o con el apoyo, directo o indirecto o consentimiento o aquiescencia del Gobierno, seguida de una negativa de revelar el destino o paradero de las personas afectadas o una negativa a reconocer la privación de su libertad, que coloca a tales personas  fuera de la protección de la ley”.

Para Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, con estas acciones los organismos pretenden “anular” simbólica y físicamente a la víctima, pues de esta manera se encuentra bajo riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que la pone en estado de incertidumbre al no informarle sobre su situación. También con esto se busca ocultar posibles evidencias de torturas y golpizas.

Según Rodríguez, desde el 2017 hay un nuevo patrón en las desapariciones: “Son temporales, por razones políticas. La persona puede estar desaparecida de 1 a 50 días sin tener comunicación con familiares y abogados”.

En el artículo 47 de la Constitución se estipula que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza. Sin embargo, esto es letra muerta para los 6 casos de desaparición forzada que registró Provea en el Informe de situación de Derechos Humanos en Venezuela 2017.

Una cifra menor a las 19 que contabilizaron en 2016. Mientras que un registro más amplio revela que entre 2002 y 2017 han documentado al menos 194 desapariciones.

Estas acciones por parte de los organismos del Estado representan una violación múltiple de los Derechos Humanos, señaló la abogada Liliana Ortega, de Cofavic.

Compromete la vida, la integridad física, el derecho al debido proceso, la dignidad humana. Este crimen pone en peligro la vida de la víctima porque hay una incertidumbre de lo que pueda pasar”, sostuvo la defensora de DD. HH.

La abogada remarcó que, aunque la víctima aparezca, esta sigue contando como desaparecida: “Son personas que pueden prestar declaración sobre lo que le ocurrió, toda su situación cuenta como desaparición, porque lo vivieron”. Sin embargo, también hay un riesgo de que ocurran ejecuciones extrajudiciales.

La esperanza va y viene

Cenis Carrero tenía 20 años cuando en julio de 2015, funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión (Conas) se lo llevaron preso mientras se encontraba en los alrededores de una línea de taxi en Bubuqui 3, estado Mérida, sin dar ningún tipo de información.

Sus familiares emprendieron una búsqueda en las sedes de la PNB, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional bolivariana (GNB) y el Conas. En ninguno de los sitios dieron respuestas.

Según Rigoberto Lobo, director de la organización Promedehum, de la región andina, y quien lleva el caso, la denuncia se hizo ante la Fiscalía Décima del Ministerio Público con competencia de Derechos Fundamentales del estado Mérida, sin embargo, ya han pasado tres años y Carrero no aparece. Las autoridades no dan avances.

Estos casos son complicados, porque no hay duelo. Es como una montaña rusa, los familiares te dicen, sobre todo las madres, que sienten que su hijo está vivo y de repente en otro momento te dicen, ‘ya yo lo que quiero es que me entreguen los restos de mi hijo’. Es un duelo que nunca termina, porque no existe ese cierre. No es que hay un entierro y luego vas y pides justicia. Aquí es algo que no se sabe”, explicó Lobo.

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales que prestan su ayuda a este tipo de casos se vuelve escabroso al lidiar ante tribunales, puesto que, en ocasiones, presionar por alguna respuesta puede poner en riesgo la vida de la persona desaparecida, lo que también genera que familiares opten por evitar la ayuda, hecho que los entes celebran.

“Ellos buscan eso, aislar a las personas y decirles que las organizaciones de Derechos Humanos no son factibles, que no funcionan para que las cosas avancen. Para que la gente diga ‘es verdad, es extenuante’. De esta forma no hay registro ni quien presione, así el familiar está solo y se desgasta más rápido”, dijo Lobo.

Ricardo Rosales, abogado de Espacio Público, mantuvo que este tipo de casos hay que documentarlos porque las víctimas menos conocidas son quienes sufren, pues son más vulnerables a casos de torturas.

Fuente: http://cronica.uno/en-desapariciones-forzadas-organismos-buscan-anular-simbolica-y-fisicamente-victima/

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