Anular partidos profundiza la desconfianza

OEV

En la tarde del 10 de diciembre, día en que se estaban llevando a cabo las elecciones de alcaldes, en una transmisión por radio y televisión el Presidente Nicolás Maduro, asumiendo competencias que legalmente no le corresponden y que, encima, no están previstas en nuestras leyes, pidió sancionar y castigar a los partidos que no participaron en la elección municipal, refiriéndose con ello a Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ).

Con la prontitud puesta de manifiesto en ocasiones anteriores, en la tarde del día 20 del mismo mes, la por muchos sectores cuestionada Asamblea Nacional Constituyente se hizo eco del deseo presidencial y aprobó un decreto para la Validación de los Partidos Políticos, mediante el que se obliga a los partidos que no postularon candidatos en las municipales a volver a pasar por un proceso de validación de su militancia, como condición para no ser eliminados. Las consecuencias de ese decreto, si hubiese un mínimo respeto al estado de derecho, no debería tener efecto retroactivo alguno.

Es un decreto que, además, viola el artículo 62 de la Constitución según el cual todos los ciudadanos (esto incluye a los líderes e integrantes de los partidos políticos) tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos; y el artículo 67 que establece que los partidos “tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos”, sin que en el mismo se hable de obligación de hacerlo. La determinación de ilegalizar partidos por haber ejercido su derecho a decidir en cual elección participan y en cual no, es claramente contraria a las leyes vigentes para aquel momento y contraría, desde luego, el sentido democrático. Por otro lado, e igualmente grave, el decreto ignora que se está asumiendo una competencia que la ley de partidos le da al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, transfiriéndosela la ANC a sí misma.

El OEV considera que esta decisión tomada por la ANC presagia desde muy pronto un mal clima político para el año que recién se inicia. Más allá de las consideraciones legales expuestas, no hay duda de que deja ver un claro sesgo favorable a los intereses electorales gubernamentales y genera dudas en sectores importantes de la población respecto al voto como vía para zanjar, pacíficamente, nuestros conflictos políticos. No es esta, desde luego, una buena noticia de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo en Santo Domingo.

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