Un balance del año

cen-collage-crisis-venezuelaIsmael Pérez Vigil

Al hacer un balance político del año transcurrido, resulta difícil escapar de lo obvio, por lo tanto es probable que esto sea un ejercicio de reflexión sobre algo que todos conocemos; no obstante es preciso realizarlo para poner las cosas en contexto con vistas a 2017, que se vislumbra como un año tan o más complejo que éste que está a punto de concluir.

Desde el punto de vista de la oposición, comenzamos unidos el año 2016, tras un triunfo rutilante en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015, donde la oposición obtuvo 112 diputados, para contar de esta manera con dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), lo que permitía hacer todo tipo de planes y proyectos en cuanto a las transformaciones legales y políticas que el país necesita. Algunos líderes políticos opositores y algunos partidos políticos interpretaron que esa votación representaba un claro mandato popular para el cambio político que el país necesita.

Probablemente esta visión era demasiado optimista, pues no sé hasta qué punto los votantes opositores estaban conscientes de que ese era el significado de su voto. Según muchos, se trataba simplemente de un “voto castigo” para un gobierno oprobioso e ineficaz; para otros se trataba de infringirle una derrota al Gobierno, que demostrara que en el país había una nueva mayoría. Sin duda alguna, al menos esto, se logró demostrar.

La reacción del Régimen a la contundente derrota no tardó mucho. En el mismo mes de diciembre la AN saliente removió y nombró nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dejando así establecida una clara conducta, que durante todo el año 2016 se manifestaría claramente autoritaria y dictatorial.

En efecto, durante todo el año, los claramente favorables al Gobierno, procedieron a decidir y tomar medidas a favor del Gobierno de Nicolás Maduro. El TSJ en contra de la Asamblea Nacional, anulando todas sus acciones legislativas, declarándola en “desacato” y entorpeciendo totalmente su labor legislativa; y el Poder Electoral, a través del CNE entorpeciendo todos los esfuerzos de la MUD por lograr el Referendo Revocatorio (RR), hasta concluir el 20 de octubre con el golpe definitivo, aplazando o suspendiendo de manera indefinida la recolección de firmas para solicitar dicho referendo.

En este contexto, se llego al polémico “proceso de diálogo”, con mediadores y acompañamiento internacional, incluyendo al Vaticano. En mi opinión, lo que el Gobierno claramente perseguía, con el “proceso de diálogo”, era adormecer la protesta opositora y mejorar su imagen internacional; pues para “ganar tiempo”, –de lo que muchos hablan– y mantenerse en el poder el Gobierno no necesita del “diálogo”, con el dominio institucional que tiene –el control sobre los demás poderes, particularmente el Electoral y el Judicial– más el control de la violencia y la fuerza armada es más que suficiente para mantenerse y consolidarse en el poder.

Para la oposición sin embargo, el proceso de diálogo representaba acorralar al Gobierno y ponerlo a discutir, –frente al país y la comunidad internacional–, algunos temas que de otra manera el Gobierno no confrontaría: La reanudación del RR, que el Gobierno ha eliminado; la liberación de los presos políticos, que el Gobierno no reconoce como tales; la existencia de una crisis de carácter humanitario, que el Gobierno no admite que existe; la restitución de la democracia, comenzando por el reconocimiento de la Asamblea Nacional, cuya legitimidad el Gobierno ha negado y desconocido y asegurar la realización de las elecciones de Gobernadores, que el Gobierno ha pospuesto ilegalmente.

No cabe duda que en el contexto de los objetivos que las partes perseguían en el diálogo, en un análisis superficial, el Gobierno aparentemente ha estado más cerca de lograrlo. No obstante, analizando más profundamente, no creo que sea así. Según encuesta reciente de Datánalisis, la mitad de los venezolanos era partidaria del diálogo y de esos, la mayoría –51 %–  responsabiliza al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados y la frustración del “proceso de diálogo”; solamente el 16,5 % responsabiliza a la MUD por el fracaso. Sobre el contexto internacional no tenemos una encuesta, pero de acuerdo a los análisis que hemos visto, no luce que el Gobierno de Nicolás Maduro haya mejorado su imagen internacional con el proceso, todo lo contrario, sobre todo después de la carta del Vaticano, la cual se considera un fracaso para el Gobierno y una victoria para la oposición.

Por otra parte, desde el punto de vista de los objetivos que se propuso la oposición, se ha puesto en evidencia la existencia de presos políticos y algunos han sido liberados y está por verse en los próximos días si el Gobierno admitirá que necesita la ayuda humanitaria. De lo que no cabe duda es que durante el proceso no se avanzó nada en cuanto a la reanudación del RR y la restitución de la democracia o tan siquiera el reconocimiento de la AN –todo lo contrario, de acuerdo con la última decisión del TSJ de designar los rectores del CNE– o la fijación de una fecha para la elección de Gobernadores, que continua en el “limbo” del primer semestre del año 2017.

Como síntesis de lo ocurrido durante el año, el Gobierno apenas cuenta con cierto apoyo popular, que solo es capaz de movilizar bajo presión o chantaje, está prácticamente aislado internacionalmente y con muy poca credibilidad; pero su fortaleza es de otra naturaleza, domina 4 de los 5 poderes del Estado y tiene la fuerza institucional y real (el poder de fuego); lo digo más claro, tiene la capacidad de reprimir, con las diferentes policías, nacional y estatales, la GNB, el SEBIN, con sus grupos civiles armados e impunes, e incluso el ejército en última instancia, como vimos en diferentes manifestaciones y sucesos durante el año que está concluyendo.

Tampoco es poca cosa contar con el sistema judicial, que le permite desconocer o encarcelar a quien sea y tiene las fuerzas represivas para ejecutarlo; y por si fuera poco, cuenta con todos los medios de comunicación, propios y ajenos –a través de cadenas– y con los recursos económicos del estado, para hacer demagogia y cuando estos no le alcanzan, dispone de los ajenos a través aumentos salariales por decreto, expropiaciones, decomisos de mercancía, guías de movilización de alimentos, etc.

Del otro lado, a la luz del “ruido” que generan las redes sociales, especialmente tras los últimos acontecimientos en la AN –la falta de quórum para designar un rector del CNE, sin entrar en consideraciones “éticas” que expliquen este grave suceso– se hace evidente que la oposición termina el año desunida, la relación entre los partidos aparentemente fragmentada, alejamiento entre varios líderes importantes, divididos los “analistas y creadores de opinión” en cuanto a las causas y consecuencias de esta situación y sin una sociedad civil dispuesta aun a participar más activamente en la política.

Creo que el problema fundamental de la MUD no fue sentarse a la mesa de diálogo, sino paralizar las movilizaciones de calle y el resto de su agenda; sobre todo haber tenido una “apuesta muy alta” en la opción del RR 2016, sin tener otras alternativas, como por ejemplo realizarlo en el 2017 –aunque no fuera tan eficaz desde el punto de vista de cambiar el régimen– o asegurar la elección de los gobernadores en 2016, que hubiera significado “teñir” de azul el mapa del país, con el impacto que eso podía haber tenido para el ánimo de la oposición y para consolidar la visión internacional de que el régimen chavista-madurista está realmente fracturado y en vías de extinción.

De manera que lo del “dialogo” no fue, caso de que lo sea, el único error que cometimos; también nos equivocamos, por ejemplo, al generar la expectativa en enero de 2016 de que tan pronto como en seis meses tendríamos una vía para salir de este Gobierno; al poner todas las cartas o esperanzas en el RR 2016; al no continuar con las movilizaciones de calle, aunque no fueran multitudinarias; al no tener una agenda legislativa más agresiva enfrentando los otros poderes; al descuidar las elecciones regionales. Y paremos ya de contar.

No tengo duda –y desde hace meses lo he venido sosteniendo– que estamos ya en la época de transición, pero nadie sabe la duración de ese proceso, el cómo desarrollarlo y corremos el peligro de no saber tampoco hacía donde. Sí, no hay duda, el país está en una grave crisis, pero no es una crisis de gobernabilidad. Lo que hay es una gran ineficiencia, ineptitud e incapacidad, corrupción, pésimas y equivocadas políticas públicas, un mal gobierno en síntesis; pero, sí de eso no hacemos consciente a la población, el camino de salida puede ser muy largo y tortuoso.

Sí no desarrollamos una estrategia creíble para el país, luce que lo que tenemos es apenas una amalgama informe de tácticas: Seguir con el RR, calle, declarar el abandono del cargo del Presidente –tras haberlo enjuiciado y declarado responsable político de la situación que vive el país–, centrarse en la elección de los gobernadores, promover un proceso constituyente y algunos hasta ya hablan de lo inevitable de una salida militar.

El error más grave que todos hemos cometido es haber convertido la política y las opciones del país en un juego suma cero, en donde no se ofrece una salida para todas las partes del conflicto en el que todos estamos sumidos. Mientras tengamos, todos, ese concepto de que la salida a la situación que vive el país es un juego suma cero, quien pierde somos todos los venezolanos, es Venezuela.

Con esta entrega me despido hasta la segunda quincena de Enero, no sin antes desear a todos unas felices navidades y verdaderamente, un venturoso año 2017 pleno de unión, logros y buena voluntad.

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