Ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela

Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: “La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad”.

Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos  mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida.  Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:

Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69 % de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).

Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años.  Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.

A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.

Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.

Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.

Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.

El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.

Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.

En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.

Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.

Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.

Firman:

Organizaciones:

  1. A.C. H1nnova Lab
  2. A.C. Phynatura
  3. AC Una Montaña de Gente
  4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
  5. Acceso a la Justicia
  6. Acción Campesina
  7. Alianza Una Montaña de Gente – Observatorio Ambiental Venezolano
  8. Ascenso Centro de Aventura A.C.
  9. Asociación Civil BioParques
  10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
  11. Asociación Civil Núcleo de Geografía Viva
  12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)
  13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)
  14. Asociación Mujeres en Línea
  15. AVVA Frontera Gran Sabana
  16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
  17. Ciudadanía y Libertad A.C.
  18. Civilis Derechos Humanos
  19. Coalición Clima21
  20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida
  21. El Zulia Recicla
  22. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
  23. Fundación Abrae
  24. Fundación Aguaclara
  25. Fundación Ecodiversa
  26. Fundación EcoJuegos
  27. Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)
  28. Fundación Mujeres del Agua
  29. Fundesos
  30. Gente de Soluciones
  31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (MéridaVenezuela).
  32. Laboratorio de Paz
  33. Mesa Ambiental Nacional
  34. Observatorio Ambiental Venezolano
  35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
  36. Observatorio Venezolano de la Salud
  37. Picnic Urbano de Maracay
  38. PROVEA
  39. Red Andina de DDHH (RADAR)
  40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)
  41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)
  42. Sinergia Asociación Civil
  43. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
  44. Stop VIH
  45. Un Mundo Sin Mordaza
  46. Una Ventana a la Libertad
  47. UNIANDES

Personas:

  1. Acianela Montes de Oca
  2. Adriana Humanes, Ecóloga marina
  3. Aime Tillett. Universidad Central de Venezuela
  4. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects
  5. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental
  6. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones
  7. Alejandro Luy, biólogo
  8. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista
  9. Alfredo Lascautx, Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas
  10. Ana Carolina Sotillo, empresaria
  11. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas. Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV.
  12. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario
  13. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.
  14. Anita Méndez, Educadora Ambiental
  15. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista
  16. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente
  17. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental
  18. Azucena Martínez F. Ambientalista – Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999
  19. Beatríz Esté
  20. Belkis Echenique Ingeniero Civil.
  21. Carlos Monedero – Profesor Titular UCV
  22. Carlos Peláez, Ecólogo.
  23. Carlos Rivero Blanco
  24. Carmelo Ecarri
  25. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista
  26. Cristina Díaz
  27. Cristina Fiol
  28. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb
  29. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña
  30. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo
  31. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas
  32. Enrique Alberto Martín Cuervo
  33. Enrique Farfán, Ambientalista, luchador social y comerciante
  34. Faruk Bagdah, Ambientalista
  35. Frida Ayala
  36. Gloria Carucci, Bióloga UCV
  37. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela
  38. Guayana Páez-Acosta
  39. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación Ambientalista Huerto Los Ayamanes.
  40. Hernán Papaterra
  41. Inelba Mata, Ingeniero Municipal, Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta
  42. Iñaki Alberdi, Biólogo
  43. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental
  44. Jorge M. González, Ph.D., Profesor Universitario (California State University, USA)
  45. Jorge Cruz
  46. José Carvajal, periodista
  47. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV
  48. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.
  49. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio
  50. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador
  51. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,
  52. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental
  53. Lucas Riestra, Abogado
  54. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo
  55. Luis Souto, periodista
  56. Luisa Villalba Márquez, profesora
  57. María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible
  58. María Esmeralda Mujica, Bióloga
  59. María Gabriela Espinoza, Administradora
  60. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela
  61. Maritza Pulido Santana, Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO
  62. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental
  63. Mercedes Corro, Abogada
  64. Mercedes Diez, Abogada en el exilio
  65. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo
  66. Nélida Gruber
  67. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario. UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez
  68. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista
  69. Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela
  70. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente
  71. Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
  72. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo
  73. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.
  74. Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC
  75. Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao
  76. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario
  77. Ruth Barrios, Fundación Vida Verde
  78. Sandra Giner, profesora de la UCV
  79. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.
  80. Soledad Santamarina
  81. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora
  82. Viviana Salas Martín, Bióloga
  83. Yrama Capote
  84. Zaida García, Profesora UPEL IPC

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