¿Ha muerto la política en Venezuela?

Piero Trepiccione

El Papa Francisco ha reiterado que “la política -dice la Doctrina Social de la Iglesia- es una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común. No puedo lavarme las manos, ¿eh? ¡Todos tenemos que dar algo!” y San Agustín, uno de los patriarcas más destacados de la Iglesia medieval señaló que “la sociedad política sigue la tendencia natural del hombre de aunar esfuerzos para el bien, a modo de una ampliación de la vida familiar. El Estado vendría a ser entonces como una gran familia, en la que los miembros cooperan y se ayudan mutuamente.” Tamañas definiciones nos indican lo importante que es la política en nuestras vidas y en el mantenimiento de reglas claras para resolver los conflictos sociales, políticos y económicos que se presentan a diario en la convivencia ciudadana. La política implica, por tanto, subrayo, negociación o conciliación de visiones contrapuestas e intereses particulares o partidistas en favor del bien común.

En la Venezuela del momento, han sido infructuosos hasta ahora los enormes esfuerzos que se han tejido en función de viabilizar la concertación dialogada, para abordar las difíciles circunstancias económicas que vive la población. Aún con la intermediación del Vaticano y otros actores internacionales de gran peso, ha sido imposible una mínima conciliación que defina parámetros de convivencia y acuerdos básicos para fortalecer las instituciones que regulan la vida democrática del país. Vale entonces preguntarse si la política ha muerto como herramienta de solución a los problemas nacionales y cuál o cuáles serían las alternativas necesarias. Dice Alejandro Gaviria: “La política, no tiene que ser una guerra. El parlamento no es un campo de batalla. El poder no es una cuestión de todo o nada.” Y además afirma enfáticamente que  “la política puede entenderse incluso como lo opuesto a la guerra, como una forma de canalizar las pasiones violentas y dirimir pacíficamente la pugna entre ideas contradictorias.” Esta distinción que aporta el político colombiano es de gran trascendencia. La asociación de la política con la guerra no es meramente un símil equivocado. Históricamente quienes han creído que la política es equivalente a la guerra han terminado atrapados en la inercia del belicismo, en la dinámica envolvente de la conflagración armada. Y en este caso, Colombia es nuestro mejor ejemplo en lo que respecta a América Latina.

Si todos los esfuerzos para cristalizar un diálogo fructífero que genere una salida constitucional, electoral y pacífica se estrellan frente al atrincheramiento que algunos factores que ostentan el poder mantienen, es altamente probable que la política no sirva para reestablecer las bases de la convivencia institucional y muera en su intento de servir de mecanismo canalizador de diferencias. Lo peligroso del caso, es que las alternativas pasarían la célebre “raya amarilla” y nos llevarían a estadios de conflagración que agravarían aún más la situación económica de los venezolanos y sería una muestra inútil de la arrogancia de una clase política desconectada de la realidad y ensimismada en los privilegios groseros frente a las necesidades de la gente.

Es altamente necesario rescatar la política y sus métodos para dirimir diferencias. La constitución vigente en Venezuela establece en su preámbulo la noción de “democracia protagónica y participativa” como elemento esencial de funcionamiento de las instituciones. Ahora valen más que nunca esos lineamientos constitucionales para usarlos como instrumentos soberanos en las disputas que impiden un real cambio político en la nación. Hoy en día, más del ochenta por ciento de la población manifiesta su descontento hacia las políticas económicas aplicadas y el modelo usado para manejar el Estado. Al no usar la política se genera el “efecto embudo” acumulándose peligrosamente molestias sociales que pudieran estallar en episodios de violencia, no deseados por la amplia mayoría del país.

El desafío es grande. Tenemos que volver a la política antes que ésta se muera y dé paso a métodos no democráticos. La primera responsabilidad la tiene el gobierno y sus voceros principales que promueven un discurso de confrontación y no de conciliación. De atrincheramiento y no de apertura. De sesgo ideológico que impide asumir errores en materia económica. Del lado opositor existen también responsabilidades sobre todo en las relacionadas a los intereses particulares y partidistas por encima de la unidad y la falta de claridad estratégica en los objetivos. También en las severas fallas comunicacionales que impiden un correcto entendimiento con las más amplias capas poblacionales del país. Y la sociedad debe articularse mejor para contrastar al Estado cada vez que sea necesario.

 

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