¡Elecciones ya!

Humberto García Larralde

Quienes ocupan hoy las posiciones de mando del régimen no quieren gobernar.

No rectifican sus para abatir la inflación, unificar el tipo de cambio y liberar a las fuerzas productivas de los numerosos controles que las asfixian, para poder así abastecer al país de los bienes y servicios que requiere a precios asequibles y generar el empleo productivo que demanda el desarrollo nacional. No lo hacen a sabiendas de la inviabilidad de sus políticas y a pesar de que economistas de reconocida trayectoria y seriedad han señalado reiteradamente las medidas que, en un corto plazo, devolverían el poder de compra a los venezolanos y permitirían abastecer los anaqueles con alimentos y medicinas. 

No rectifican las decisiones tomadas por un tribunal supremo írrito que han desconocido las potestades de la Asamblea Nacional para aprobar leyes, el Presupuesto Nacional, fiscalizar al Ejecutivo y nombrar los titulares del propio tribunal y del CNE. No lo hacen a pesar del señalamiento de calificados juristas, y de la condena internacional, prácticamente unánime, de que con tales decisiones se ha cometido un golpe de estado en contra de un poder electo.

No rectifican el uso de la violencia para enfrentar la protesta popular que pide cambio, cívica y pacíficamente, y arremeten en su contra con bombas lacrimógenas y otros medios de represión, provocando la muerte de manifestantes. No lo hacen a pesar de la prohibición expresa del artículo 68 de la Constitución de usar sustancias tóxicas y armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas, y de la conminación de organismos nacionales e internacionales a que sean respetados los derechos civiles y políticos consagrados en los Capítulos III y IV, Título Primero, de nuestra Carta Magna.

No rectifican liberando los presos políticos. Al contrario, continúan criminalizando la protesta y apresando a quienes en ellas participan, sometiendo a algunos a tortura para que acusen a dirigentes democráticos de delitos inventados. No lo hacen a pesar de haberse demostrado que las imputaciones contra estos presos son fabricadas; que, en su contra, se ha violado flagrantemente el debido proceso; que el artículo 46 de la Constitución proscribe la tortura; de las admoniciones de organismos defensores de derechos humanos y de las salvaguardas contempladas en la Constitución sobre estos derechos, así como en los acuerdos internacionales firmados por Venezuela sobre la materia.

No rectifican respetando el voto como instrumento supremo de la soberanía popular, sino que secuestran las elecciones de gobernadores, anulan tramposamente el proceso para convocar al referendo revocatorio del presidente y se niegan a publicar el calendario de las elecciones municipales. No lo hacen a pesar del terminante señalamiento de los Principios Fundamentales de la Carta Magna en sus artículos 5° y 6°, sobre el ejercicio de la soberanía popular y los fundamentos de la democracia.

No rectifican restableciendo el hilo constitucional referente a la división de poderes, el respeto al Estado de derecho y la no militancia política de miembros de la Fuerza Armada, y persisten en su atropello al orden jurídico. No lo hacen a pesar de los incontrovertibles mandatos recogidos en los artículos 2, 7, 25, 333 y 350 sobre la vigencia suprema de la Constitución, y sobre la responsabilidad que tienen los órganos del poder público y la ciudadanía por asegurar su cumplimiento. En particular, violan los preceptos que limitan claramente las actuaciones del Poder Ejecutivo, y los que establecen las potestades del Poder Legislativo y la independencia del Poder Judicial.

En fin, los que hoy ocupan el poder no rectifican a pesar de los imprescriptibles e irrebatibles imperativos de los artículos 3 y 141 de la Constitución, que rezan, respectivamente:

“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Y no rectifican, no por ignorancia e incapacidad -aunque de ésta última han hecho gran despliegue-, sino que sencillamente se niegan a hacerlo. Consideran a Venezuela su botín particular, por lo que no rinden cuentas de sus actuaciones y se sacuden todo control ciudadano, violando elementos esenciales de un Estado Democrático y Social de Derecho. En vez, han implantado un Estado Patrimonial, al margen de la Constitución, que confunde el patrimonio público con el suyo particular, configurando un régimen de expoliación de la riqueza social a través de corruptelas e irregularidades de todo tipo fomentadas por los controles, condenando a la población al hambre, la enfermedad y la muerte.

En resumen, el país se enfrenta a una oligarquía cruel y despótica, que ha abdicado de su obligación a gobernar por el bienestar de todos los venezolanos en aras de proseguir intereses personales, echando por la borda el respeto por el orden constitucional. Esta oligarquía ha demostrado de manera flagrante y reiterada que no le importa el sufrimiento de los venezolanos ni sus derechos inalienables.

En virtud de lo anterior, y acatando lo dispuesto en el artículo 333 de nuestra Carta Magna que reza:

“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Corresponde a los ciudadanos venezolanos hacer realidad el acuerdo de la Asamblea Nacional para que se efectúen elecciones generales este año, incluyendo la que designa el Presidente de la República, como única salida pacífica viable a la tragedia actual. La movilización masiva y reiterada en reclamo de este objetivo, capaz de conquistar condiciones de pulcritud que respeten fielmente el ejercicio de la voluntad popular, habrá de devolvernos posibilidades reales de una vida digna y esperanzadora. Ello pasa, necesariamente, por la designación, conforme a derecho, de nuevos integrantes para el CNE y el TSJ, que el régimen insiste en negar. Esto se hace aún más perentorio ante la payasada que acaba de anunciar el tsj al ordenar al CNE fijar un nuevo calendario para la renovación de los partidos, excusa burda que busca prorrogar la convocatoria a cualquier elección.

Esta convocatoria ofrece un vehículo decisivo para que se cumplan las cuatro demandas hechas al régimen por las fuerzas democráticas: la liberación de los presos políticos; el respeto a la autonomía de poderes, en particular, de la Asamblea Nacional; la publicación del calendario electoral; y la apertura de canales de ayuda humanitaria para atender los graves padecimientos sufridos por la población.

Es urgente abrirle al país el cambio que merece. Corresponde a la Fuerza Armada respetar la voluntad soberana del pueblo venezolano y abstenerse por interferir y, mucho menos, prestarse para reprimir, esta Decisión Ciudadana.

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