Carta a la Fiscal 35

Luisa Pernalete*

Estimada ciudadana Fiscal 35 del Zulia:

Nos hemos enterado por los medios de comunicación que usted fue designada por el Ministerio Público para investigar el caso del niño wayuu, de 11 años, el cual según testimonios del pequeño, fue tratado de manera cruel, presuntamente por funcionarios de la GN, el pasado 17/05/17.

Me atrevo a escribirle porque quiero subrayar la importancia de su trabajo en este caso, en primer lugar para esa familia, pero también para todos los NNA de este país, y para la sociedad venezolana, dado que todos tenemos algún niño cerca: un hijo, un nieto, un sobrino, un vecinito, un alumno, un ahijado… todos tenemos algo que ver con los niños y niñas, y somos responsables de sus derechos. Lo dice la Constitución, que todavía nos ampara, y que esperamos siga siendo nuestra Carta Magna,  lo dice la LOPNNA, y de paso, ambos nos recuerdan que  los derechos de los NNA tienen Prioridad Absoluta. Usted lo sabe, pero a mí me gusta recordarlo.

Según la noticia, difundida ampliamente por las redes sociales, usted escuchó el testimonio del niño: “Yo no hice nada”, agrega que corrió muy rápido, pero lo alcanzaron, “Me quedé parado, allí me agarraron, me golpearon, me amarraron con una tira y me tiraron una bomba en la espalda.”  ¡Qué terrible! Usted, como todos los que vimos el video con el relato del pequeño indígena, pudo ver su expresión de terror. Lo recuerdo y se me arruga el corazón.

Conozco bien a los niños indígenas porque  trabajé 25 años en el Zulia, acompañé escuelas en Paraguaipoa  y en Cojoro, y luego 15 años en el estado Bolívar. Es difícil no sentir ternura y simpatía por esos niños. Sé que suelen tener dificultades con el español, y ello los vuelve más vulnerables. “Yo no hice nada…. Me golpearon, me amarraron con una tira…”  Usted tiene que haberse conmovido al escucharlo.

Hasta que usted no termine su investigación, tenemos que decir que por ahora, de este caso de tortura, sólo hay “presuntos” culpables, subrayo presuntos, aparecen unos guardias nacionales. Y me viene esta reflexión: cualquier adulto que  persiga, golpee, amarre a un niño de esa edad, y además le ponga una bomba en la espalda, deber ser sancionado severamente, pero si es un funcionario armado, un funcionario que supuestamente  está para “ayudar al orden público” y le haga lo narrado a un niño de 11 años el pecado es mayor, incluso si se lo hiciera a un adulto ya es grave, pero un funcionario armado contra un niño… es un peligro para toda la sociedad, y supone un comportamiento que raya en lo patológico, porque no es normal.

Quien le escribe trabajó de voluntaria con niños y adolescentes en situación de calle en Maracaibo, en la década de los 90. De noche andaba por el malecón, por las plazas… Era una población difícil, no lo niego, pero jamás tuve que darles golpes para que me hicieran caso, incluso cuando estaban bajo el efecto de la “pega” – eran todos “huelepega” – y tenía mis maneras de tranquilizarlos, entrenaba a los educadores de calle para eso. ¿Qué entrenamiento están teniendo los funcionarios de la GN? Si sólo con mi voz y mi semblante era capaz de manejas niños de la calle, ¿cree que golpear, amarrar, utilizar bombas, son acciones necesarias para tratar a un niño que sólo está asustado? La crueldad nunca es necesaria, y contra un niño supone un agrado de deshumanización muy grave. Además, el Estado venezolano ha firmado tratados contra la tortura. Sean quienes sean los culpables de este hecho, requieren de sanciones ejemplarizantes, por el bien de todos, para que no vuelva a suceder.

Ciudadana Fiscal, no la conozco, pero seguro es una persona sensible y profesional, como otros fiscales que he conocido. Rezaré por usted y las organizaciones  que hacemos vida en la REDHNNA estaremos pendientes de los resultados.

Fraternalmente

Luisa Pernalete 

*Maestra, activista de derechos humanos de NNA

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