25 Aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador

Maurice Lemoine

El 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec (México), después de más de veintiocho meses de arduas negociaciones, el Gobierno salvadoreño del Presidente Alfredo Cristiani y la oposición armada del Frente Farabundo Martí de liberación nacional (FMLN) firmaron los acuerdos de paz. Aproximadamente 95 páginas y 27 Anexos, este texto puso fin a una sangrienta guerra civil nacida a finales de los años 1970 – cuando, mientras que los fraudes electorales se hacían cada vez más insoportables, las luchas populares se desarrollaban – entre un régimen autoritario y una guerrilla revolucionaria además estimulada en 1979, por la victoria de los sandinistas sobre el dictador Anastasio “Tachito” Somoza en Nicaragua. En plena confrontación este-oeste, este mismo año 1979 también se caracterizó por la elección en la Casa Blanca de Ronald Reagan, republicano que apoyaban los medios financieros, el Pentágono y el lobby de la industria de la defensa.

Entre este año clave y, doce años más tarde, el final de la confrontación armada tomó poco a poco cuerpo y se instaló, bajo la presión de Washington y gracias a la alineación de los medios de comunicación, una « Historia oficial » de la tragedia: ésta se resumía a la dolorosa situación de gobiernos salvadoreños democráticos y reformistas frente a dos calamidades, puestas en el mismo plano: a la extrema derecha, los escuadrones de la muerte «incontrolados»; a la extrema izquierda, una guerrilla marxista totalitaria, ocasionalmente calificada de «polpotista*», dependiente y más o menos manipulada por Moscú.

Sin embargo, el 15 de marzo de 1993, pocos meses después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, estalló una verdadera bomba, la última del conflicto. En dicha fecha, en efecto, la Comisión de la verdad constituida bajo los auspicios de la ONU hizo público su informe sobre las exacciones de una guerra civil que causó más de 75.000 muertos, dos tercios de ellos civiles, y un millón de desplazados, en un país de 5,5 millones de habitantes. Primer punto, y probablemente no el menos importante: «Esta explosión hunde sus raíces profundas en una historia nacional de violencia que ha permitido calificar a los opositores políticos de enemigos para eliminarlos mejor [1].» Que se nos perdone la aproximación: ¡es como si estuviéramos en Colombia! De hecho, del documento salvadoreño, se desprende, que, durante doce años, los presidentes salvadoreños Napoleón Duarte y Cristiani, los embajadores usamericanos Deane Hinton, Thomas Pickering, Edwin Corr, William Walker, así como los Presidentes Reagan y George Bush (padre) mintieron deliberadamente, cubrieron u ocultaron crímenes. En efecto, como lo revela la comisión de investigación de la ONU, cuyo informe incluye los nombres de más de 18.000 víctimas, «la gran mayoría de las violaciones estudiadas (…) han sido cometidas por miembros de las Fuerzas armadas o por grupos en relación con ellas».

Especialmente durante los peores años, los de la «guerra sucia» (1981-1984), el 65 % de los casos corresponden a las ejecuciones extrajudiciales, el 25 % a las desapariciones forzadas, el 20 % a las torturas. En cuanto a las responsabilidades, casi siempre citadas en las denuncias, son atribuidas a los agentes del Estado, a los paramilitares vinculados a estos y a los escuadrones de la muerte en el 85 % de los casos; al FMLN el 5 % [2].

Los oficiales fueron reconocidos culpables de 15.777 ejecuciones sumarias, 2.308 «desapariciones», 1.560 casos de tortura y dieron muerte a 11.157 víctimas atacando de manera brutal civiles indefensos. «El Estado salvadoreño, como señala después, en las actuaciones de los miembros de las Fuerzas armadas y/o de funcionarios civiles, es responsable de haber ayudado, fomentado y tolerado el funcionamiento de los escuadrones de la muerte que atacaron ilegalmente miembros de la población civil». Más adelante, la Comisión escribe, de una manera que se calificará de explosiva: «También cabe señalar que, por su parte, el gobierno de USA toleraba, aparentemente sin gran consideración oficial, las acciones de los exiliados salvadoreños que vivían en Miami, especialmente entre 1979 y 1983. Este grupo de exiliados ha directamente financiado e indirectamente dirigido algunos escuadrones de la muerte. Sería conveniente que otros investigadores, que dispongan de más recursos y de tiempo, arrojen plena luz sobre esta historia trágica para dar las garantías necesarias de que nunca se repetirá en los Estados Unidos ninguna tolerancia hacia personas que tengan algo que ver con actos de terrorismo en otros países».

Para la pequeña – ¡o la grande! – Historia, cabe mencionar de paso que hubo investigadores que intentaron desenmascarar estas redes de extrema derecha, en Míami. Pero no a instancias de Washington, conforme a lo solicitado por la ONU. ¡Se trató de cubanos! En efecto a principios de los años 1990, La Habana, víctima de atentados organizados en la isla desde La Florida por las mismas mafias, infiltró entre otros cinco de sus agentes – Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Fernando González y Antonio Guerrero. Estos fueron los cinco agentes a quienes detuvo el FBI en septiembre de 1998. Juzgados en Miami en 2001, fueron condenados al final de un grotesco juicio a penas desproporcionadas – de quince años a una doble cadena perpetua – por «haber espiado los Estados Unidos» [3]. Este escándalo dio lugar, hasta el 17 de diciembre de 2014, fecha de la liberación de los tres últimos encarcelados, con el fin de favorecer el acercamiento entre Washington y La Habana promovido por Barack Obama, al escándalo conocido como los «Cinco de Miami» [4].

Volviendo a El Salvador en 1993, la Comisión de la verdad da una de las claves del conflicto enfatizando que los escuadrones de la muerte nacieron entre 1967 y 1979 – es decir, antes del desencadenamiento de la insurrección popular –, con el objetivo «de identificar y eliminar a los presuntos comunistas en zonas rurales», permitiendo al Gobierno, durante estos años de dictadura militar, de mantenerse esencialmente gracias a « una violencia selectiva». ¿En estas circunstancias, era ilegítimo recurrir a las armas, aun cuando toda salida democrática se mantenía   desesperadamente cerrada?

A raíz de la publicación de este documento, los dirigentes del FMLN asumen sus responsabilidades y se declaran solidariamente responsables de las violaciones de los derechos humanos que pesan en su contra – aproximadamente 400 asesinatos y más de 300 desapariciones. Los militares salvadoreños, a quienes se les imputan la inmensa mayoría de los crímenes, niegan los hechos, acusan la ONU de parcialidad y multiplican las maniobras para impedir la depuración del ejército. Por su parte, el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, no duda, en pedir el enjuiciamiento de USA, responsable de la muerte de tantos salvadoreños.

Victoria moral, aunque tardía, para los defensores de los derechos humanos, los progresistas de todos los horizontes y los periodistas que se negaron a cantar al unísono. La verdad estalla por fin ante los buenos apóstoles de la desinformación mediática – fenómeno que se recordará aquí y que no tiene nada de nuevo.

«El Salvador: los misterios de la “masacre” de EL Mozote», fue así como tituló, el 30 de diciembre de 1992, en cinco columnas, el diario Le Monde, bajo la pluma de su corresponsal en Centroamérica Betrand de La Grange, mientras que la Comisión de investigación realizada por la ONU se desplazó al escenario de uno de los crímenes más atroces del conflicto. Desde hace muchos años, de La Grange se ensaña contra los insurgentes y bosqueja un cuadro apocalíptico de la revolución sandinista vecina – como lo hace hoy, en el mismo diario, su digno sucesor Paulo Paranagua en su cruzada digna de la Inquisición contra la izquierda «populista» latinoamericana en general y la venezolana en particular.

Obsérvese en primer lugar las comillas enmarcando la palabra masacre. No había comillas en el título del artículo de portada del mismo «periodista», el 27 de junio de 1991: « Fosas comunes sandinistas » (que solo existían en su imaginación y en las de un cierto número de sus colegas, desde el Figaro hasta Libération).

Resulta que, en este mes de diciembre de 1992, las circunstancias de la masacre de El Mozote y de los caseríos salvadoreñas vecinos, uno de los acontecimientos más inhumanos causados por el Batallón Atlacatl – «unidad de élite» que había terminado su entrenamiento algunos meses antes bajo la supervisión de los asesores militares americanos – eran perfectamente conocidas desde hacía mucho tiempo. No obstante, nuestro periodista gratifica a sus lectores de un largo artículo en el que insidiosamente privilegia la versión de las autoridades salvadoreñas: «Para el ejército no cabe duda de que las víctimas murieron bajo el fuego cruzado de los combatientes sin estar ellas mismas involucradas en los combates». Antes de terminar con una conclusión «objetiva» (¡comillas!), pero cargada de un implícito que corrió a lo largo del texto: «La Comisión deberá, en particular, determinar si los habitantes de EL Mozote fueron víctimas de una masacre planificada, como en Oradour, o si el caso ha sido inflado por FMLN para conmover la comunidad internacional y desacreditar al Gobierno, como lo hicieron en diciembre de 1989 los adversarios del dictador rumano Ceaușescu, con la falsa fosa de Timisoara**». – otra fábula ampliamente difundida en su tiempo (y entre otros) por Libération, Le Nouvel Observateur, L’Evenement du Jeudi, TF1, France Inter y… Le Monde, por supuesto [5].

Cuando sale el informe de la ONU, el enigma que no era uno, se soluciona definitivamente. Según las exhumaciones efectuadas, la Comisión de la verdad publica la siguiente conclusión: « Toda la información recogida sugiere la idea de un crimen masivo en el que no se encuentra ningún elemento que podría sugerir un posible enfrentamiento entre dos grupos (…) Se demuestra plenamente que el 11 de diciembre de 1981, las unidades del Batallón Atlacatl dieron muerte, en la comunidad de El Mozote, de manera deliberada y sistemática, a un grupo de 200 hombres, mujeres y niños que constituían la totalidad de la población civil que los militares habían encontrado la víspera en este lugar y que desde entonces mantenían en su poder. » Esta conclusión, los lectores del «diario de referencia» no la conocerán. Para ellos permanecerá la idea de que se trataba posiblemente, e incluso casi con certeza, visto el tono del artículo, de una manipulación del FMLN – en el más puro estilo de Timisoara o… ¿de Le Monde, el «diario de referencia»?

Por otra parte, para darle más peso a la noticia, el falsario mediático asestará otro golpe en una entrega posterior: «La euforia de la paz no puede hacer olvidar que la guerra dejó 80.000 muertos, en su mayoría los civiles, víctimas de los escuadrones de la muerte o de las represalias de la guerrilla. » Ambos en un mismo plano, igualmente responsables. En cuanto al ejército gubernamental, durante este tiempo, se supone que hacía turismo o cazaba las mariposas. ¿Comisión de la verdad? Nunca oímos hablar.

Lo que es seguro, en cualquier caso, es que este informe, al esclarecer la verdadera naturaleza del conflicto salvadoreño disgustó, tanto a de La Grange, como al General René Emilio Ponce, Ministro de Defensa salvadoreño de la época. En una alocución televisada, éste criticó el documento de la ONU al que calificó de «injusto, incompleto, ilegal e insolente, cuya parcialidad denot(aba) una clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y las Fuerzas Armadas».

En la vecina Guatemala que, el pasado 29 de diciembre, celebró, el vigésimo aniversario de los acuerdos que, en 1996, pusieron un término a una guerra civil aún más horrible – 150.000 muertos, 50.000 desaparecidos, un millón de refugiados, 200.000 huérfanos, 40.000 viudas; en total, 1’440.000 víctimas –, la revelación de la amplitud del terrorismo de Estado conmocionó en la misma medida. A raíz de estos acuerdos, se decidió la creación de una Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) dependiente de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua). Su instalación tuvo efectivamente lugar, el 31 de julio de 1997, después de numerosas dificultades.

El 23 de abril de 1998, Monseñor Juan Gerardi, el arzobispo auxiliar de Ciudad Guatemala, hizo público el informe sobre la Recuperación de la memoria histórica (REHMI) titulado «Guatemala, nunca más», elaborado por la Mesa de los derechos humanos del arzobispado (ODHA) y cuyos resultados fueron confiados a la misión oficial de la ONU. «La verdad duele, pero es necesaria», dijo el arzobispo como preludio, antes de revelar el contenido de un documento de 1.400 páginas que exhuma el horror y dinamita la amnesia oficial. Abrumador. Se refiere a 422 masacres, más de 55.000 casos de violaciones de los derechos humanos y cifra la amplitud global de la tragedia: el ejército se ve asignar la responsabilidad de alrededor 80 % de los crímenes de guerra – 7,3 % para la guerrilla. Poniendo el dedo en la memoria sucia de Guatemala, el arzobispo por supuesto, sacudió el país, pero, sin embargo, omitió el último crimen de los escuadrones de la muerte: el 26 de abril, cincuenta y cuatro horas después de sus explosivas revelaciones, fue encontrado asesinado, con la cabeza aplastada a golpes de ladrillo [6].

De esta breve reseña de hechos que datan de un cuarto de siglo en América Central, se sacarán algunas modestas conclusiones. La primera, es que las cifras son tan reveladoras que no hay necesidad de comentarlas. La segunda, correspondiente al tratamiento mediático, constatará que nada ha cambiado. Se estigmatizaba ayer a los insurgentes y se minimizaba la importancia del terrorismo de Estado; por no tomar más que un único ejemplo, se minimiza hoy, cuando no se niega por completo, la importancia de la desestabilización en curso en el caos que agobia a Venezuela.

Salvador y Guatemala, la Comisión de la verdad – prevista en el marco del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición – entra a su término, y si sus conclusiones se revelan, el ciudadano en búsqueda de información descubrirá hasta qué punto la realidad de este viejo conflicto de más de cincuenta años tiene poco que ver con el “storytelling” (cuentacuentos) que le fue propuesto [7]. En el marco de la Jurisdicción especial para la paz, esta comisión debe en efecto recoger, para establecer su responsabilidad, los testimonios de todos los actores del conflicto: guerrilleros, militares, empresarios, civiles, agentes del Estado. En términos de cifras, el resultado corre el riesgo de ser devastador, avasallador: ya se menciona, entre otras cosas, la presencia de doce mil expedientes de civiles y empresarios entre las manos de la justicia de este país. Razón por la cual estos verdaderos amos de Colombia, movilizados en torno al expresidente Álvaro Uribe, hacen y harán todo lo que esté en su poder para torpedear los Acuerdos de paz.

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183008

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