Luis Zambrano Sequín: “Más que un ajuste, la economía requiere una reforma estructural”

Luis ZambranoVíctor Salmerón

La economía luce a la deriva con un Gobierno que consume todo su tiempo en tratar de que aparezca uno que otro producto básico en algún supermercado, mientras la inflación y la recesión empobrecen a una mayor cantidad de venezolanos. Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, graduado en la Illinois State University, señala que la administración de Nicolás Maduro no está en condiciones de detener el deterioro y explica que una eventual transición requiere de tres fases: plan de emergencia, estabilización y reforma estructural.

¿Cómo instrumentar estos ciclos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles son los riesgos a enfrentar? Luis Zambrano Sequín aborda estos aspectos en su trabajo Consideraciones sobre la transición económica, la velocidad de los ajustes y la secuencia de las reformas sobre el que se centra esta conversación, que aborda un tema prácticamente inexistente en el debate nacional.

¿Por qué considera que el país necesita una reforma estructural y no simplemente un plan de ajuste que permita estabilizar algunas variables?


Ha habido un cambio profundo en la economía venezolana durante las últimas dos décadas que la ha hecho más vulnerable a los choques externos, es una economía más dependiente de las importaciones, menos densa, con mayor participación del sector público en el sector productivo. A esto se añade una transformación relevante en el mercado petrolero donde elementos como la eficiencia en el uso de la energía, el fracking, indican que durante los próximos 20 años el WTI, en el mejor de los casos, tendrá un techo de 60 dólares. Esto plantea problemas que trascienden a un simple plan de estabilización. No hablamos de un programa fiscal o monetario, sino de que las políticas dirigidas a la estabilización a su vez tienen que promover y ayudar a cambiar la estructura económica. Esas son palabras mayores.

¿Qué podríamos entender por palabras mayores?


Es un problema técnico difícil, se trata de programas donde los asuntos de velocidad y secuencia son complejos. Además plantea retos en materia de la gestión política, temas como la gobernabilidad pasan a ser una materia central en la definición y la ejecución porque las medidas crean perdedores cuyas pérdidas se expresan en el muy corto plazo, y potenciales ganadores cuyas ganancias sólo se podrán materializar en el largo plazo. Programas de esta envergadura necesitan respaldo social y político, además de recursos que permitan salir de la emergencia.

¿La administración de Nicolás Maduro está en condiciones de liderar un proceso de este tipo?

Dados esos retos técnicos, políticos y de recursos, difícilmente el gobierno actual pueda asumirlos. No tiene el músculo político, financiero ni la capacidad técnica para formular un programa de este tipo y menos aún llevarlo a cabo.

¿El ajuste que está aplicando Maduro no supone un enorme costo social?

El Gobierno implementa un ajuste brutal e ineficiente. No es un ajuste definido con una política económica clara sino que se ha producido por la vía de lo que es inevitable hacer. Se están sincerando los precios sin ninguna claridad de hacia dónde se apunta, alineándose con un tipo de cambio paralelo en medio de una gran incertidumbre. No se está haciendo nada para aliviar las restricciones externas en materia de financiamiento, tampoco hay avances en materia de reformas estructurales y de estabilización. Ha habido un altísimo costo social.

En su trabajo indica que “el terreno para negociar acuerdos transformadores se ve facilitado cuando hay una percepción generalizada de que la crisis se ha convertido en un juego de suma negativa”. ¿El país está en esta condición?


En eso estamos, en un juego de suma negativa. El único beneficio que eso tendría para un gobierno de transición es que está transformando el programa que eventualmente podría aplicar en un juego de suma positiva. Esto quiere decir que la situación está llegando a niveles donde es unánime el criterio de que cualquier cosa que se haga de manera distinta es mejor. Pero ese capital puede depreciarse a una tasa muy acelerada si ese eventual gobierno no tiene una sólida base de apoyo político y no comienza a hacer el delivery, la entrega de cosas importantes a la sociedad de forma rápida, sobre todo en materia de salud y alimentación.

¿Cuáles son los elementos a evaluar en cuanto al respaldo político que necesita un gobierno de transición?


Eso pasa por discutir varios temas importantes. El primero es si es un gobierno de unidad y de unidad de la oposición o uno donde participen sectores del chavismo. Si es un gobierno de transición y si son dos años o cuatro años. El otro es si es un gobierno producto de un acuerdo político o de un proceso electoral. Y por último si es un gobierno reelegible o no. Cada uno de estos temas condicionan la velocidad y la secuencia, la viabilidad de un eventual programa de ajuste y reformas estructurales.

En su opinión la transición debe comenzar con un programa de emergencia que tenga como prioridad reactivar el aparato productivo, algo que requiere incrementar las importaciones. Por lo tanto, indica que es necesario un mecanismo que permita acceder a recursos externos en forma inmediata. ¿Quién puede otorgar este crédito puente y aproximadamente cuál sería el monto?

La crisis venezolana es de una gravedad tal que lo primero es un plan de emergencia donde el énfasis no va estar en la estabilización y mucho menos en las reformas estructurales, sino en atender la crisis humanitaria, un problema de hambre y de salud. Reconstruir las redes de producción, los inventarios, actualizar tecnología, recomponer cadenas de insumos, eso requiere tiempo. Entonces necesariamente esa emergencia hay que atenderla con importaciones. Estos créditos puente generalmente los otorgan gobiernos, organismos multilaterales, la Comunidad Europea. Gobiernos que ya estén presentes en la economía venezolana y prevean que en cualquier programa de reconstrucción pueden tener participación como China. Hay personas calculando estas cosas. He visto cifras entre 6 mil u 8 mil millones de dólares en un año.

En una negociación de este tipo el respaldo político de ese gobierno de transición es clave.


Evidentemente, si eres un gobierno con respaldo social y político importante con toda seguridad vas a negociar con mayor fortaleza y los riesgos de quien otorga el aporte son menores y por eso hay más posibilidades de obtener recursos rápidamente y en mayor cantidad.

Usted indica que esta primera fase requiere un programa de compensación social de emergencia que restablezca unos niveles mínimos de abastecimiento alimentario, medicinas y servicios médicos vitales. ¿Se trataría de un subsidio directo que sustituiría a la red que ha creado el Gobierno para vender productos a precios subsidiados?


Donde no se puede caer de nuevo es en una política de subsidios en especias, ni que supongan una deformación mayor en la estructura de precios. Debe ser lo más alineada posible con los costos. Los subsidios tienen que ser fundamentalmente monetarios, que las personas reciban compensaciones vía ingresos. Así se contribuye a que se normalicen los mercados.

Afirma que en esta fase de emergencia deben crearse las bases para la estabilización de la economía y propone el levantamiento de los controles y la desregulación de los precios, así como la suspensión de las leyes que limitan los derechos de propiedad.  ¿En vista de los problemas graves por empresas cerradas, atraso tecnológico, monopolios en algunas áreas por la desaparición de competidores, qué tanto se puede esperar que se normalice la oferta liberando los precios?


Hay que buscar de la manera más rápida posible que la estructura de precios esté mejor alineada con los costos de producción. Pero hablamos de un período de emergencia  de seis meses o un año donde básicamente el suministro interno tendrá que resolverse vía importaciones. Si al mismo tiempo se envían las señales correctas, los precios comienzan a funcionar de manera eficaz, se levantan las restricciones legales que no fomentan la inversión y se erradica la amenaza de expropiaciones y nuevos controles, la reacción de la oferta será más pronta.

Dice que la privatización de las empresas pequeñas y medianas debe abordarse de inmediato en la etapa inicial. Debe ser rápida y sin mayores complicaciones. En buena medida se trata de devolverlas u ofrecerlas a sus antiguos dueños. ¿No habría que dar condiciones muy ventajosas a esos empresarios para que retomen empresas que seguramente tienen deudas, exceso de personal y pérdidas?


La privatización de estas empresas no puede verse desde la perspectiva de un impacto fiscal importante, eso no va a generar caja ni ingresos significativos, aunque se reducirían las transferencias que se les hacen con cargo al presupuesto. Algunos de los antiguos dueños se aventurarán a tomar parte de los activos que quedan y formar otras compañías. Pero desde el punto de vista de la señalización es algo importante. En la medida en que privatices rápidamente indicas que tu compromiso es retirar al gobierno como actor fundamental en la producción y distribución de este tipo de bienes. Emites cambios en la política económica que van señalando hacia dónde quieres ir y cuál es el grado de compromiso con esos objetivos finales.

Después de esta fase de emergencia propone un período de estabilización donde se toman las medidas para reducir la inflación en un contexto donde los precios, tras el fin del control, deben haber experimentado un salto. Indica que la reducción del déficit fiscal y, sobre todo, su financiamiento vía impuesto inflacionario es el factor clave de la política antiinflacionaria, además de disciplina en cuanto al presupuesto público y al crecimiento del dinero y el crédito. ¿Si esto no se hace de manera gradual no se estaría profundizando la recesión?


La inflación venezolana, en buena medida, está explicada por la manera como se financia el gasto, su tamaño y la forma de financiarlo. Si quieres reducir las tasas de inflación eso pasa necesariamente por la restructuración del gasto y la reducción del financiamiento monetario del déficit. ¿Eso significa que se va a eliminar el financiamiento monetario del déficit y que vas a modificar sustancialmente el gasto de un solo golpe? No puedes hacerlo, no habría respaldo social y político. Puedes aspirar a desinflar los precios. Si partes de una inflación de 700% lograr una reducción a 100% en ese período de emergencia ya sería, a mi juicio, un avance importante.

¿Hasta qué punto mantener el financiamiento monetario del déficit?


Si el programa va bien la economía comienza a crecer, tasas de crecimiento de 4% o 5% no son extrañas durante los primeros años de un ajuste de este tipo. Si el crecimiento es sostenible los agentes económicos demandan dinero para hacer más transacciones. Si eso es así la emisión de dinero tiene un impacto inflacionario mucho menor. Esto se puede negociar con el FMI que acepta una cantidad de financiamiento monetario que esté acorde con el crecimiento de tu economía. En el mejor de los casos puede ser 3 o 4 puntos del PIB, pero eso es parte de lo que necesitas para instrumentar un programa de compensación social.

En el tema cambiario sugiere: “Perseguir un objetivo de tipo de cambio real que ayude a corregir el desbalance externo y combatir el contrabando. Dadas las restricciones en la disponibilidad de divisas y los cambios esperados en los otros ámbitos de la política económica, la adopción de un régimen cambiario que implique flexibilidad del tipo de cambio nominal es inevitable”. ¿La idea es un tipo de cambio flotante donde el Banco Central intervenga para evitar que supere determinado nivel?


Inevitablemente hay que ir a un régimen cambiario que implique flexibilidad del tipo de cambio nominal, el ancla de precios estará en el flanco fiscal. Ahora, no puedes tener un tipo de cambio completamente flexible hasta que no alcances una estabilización firme y corrijas desequilibrios fundamentales. También hay un objetivo de cambio real, pero eso depende mucho de cuál tipo de economía quieres: no es lo mismo el tipo de cambio real en una economía donde el petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas, ni siquiera es lo mismo si te planteas un petróleo a menor precio pero donde la participación extranjera va a ser fundamental. Menos aún si estás pensando en una diversificación económica.

¿Qué opina de la idea de tener un tipo de cambio fuerte, petrolero, y otro menos fuerte para sectores que podrían comenzar a exportar?


El dólar petrolero versus el dólar no petrolero genera un conjunto de deformaciones perniciosas, de incentivos, que conspiran contra las reformas estructurales. Politiza la gestión del sector petrolero, da una pésima señal al resto de la economía y genera mecanismos de arbitrajes relacionados con la corrupción.

Señala que la unificación del tipo de cambio debe preceder a la eliminación del control sobre las exportaciones e importaciones para eliminar distorsiones que afectan la producción y combatir la corrupción. No obstante admite que este paso suele afectar intereses de grupos poderosos que pueden conspirar contra la reforma. ¿Grupos con conexiones políticas y que se han beneficiado de la corrupción tendrían poder como para descarrilar la transición?


Con el programa surgen grupos de perdedores que hoy tienen mucho poder y me temo que la viabilidad de la reforma dependerá de cuán eficiente son los perdedores para imponer sus intereses. Cuando hablamos de importaciones estamos hablando de sectores claramente definidos que controlan esos negocios.  Si normalizas las cadenas de distribución, la relación de las empresas con sus proveedores, reduces el rol del gobierno en la distribución y control de las importaciones, evidentemente se afectarán intereses.  Esos perdedores no van a recibir su pérdida de una manera complaciente y pueden dificultar mucho el proceso. Esto tiene mucho que ver con cuál es el piso político de ese eventual gobierno de transición. Mientras más respaldo tenga la capacidad de estos sectores de boicotear la reforma va a ser menor.

¿El sector militar?


Ciertamente aquí hay un sector muy importante que es el militar, que tiene un rol político, quiérase o no, claramente definitorio. Que va a ser afectado por este tipo de cosas. Este tema se hizo más difícil a raíz de las últimas decisiones de Maduro, cuando les entregó más poder.

Afirma que “la apertura de la cuenta de capitales debe esperar a que se tenga bajo control el déficit fiscal, el sistema financiero se encuentre fortalecido y bien regulado, y que la cuenta corriente esté plenamente liberada”. ¿Entonces este es un objetivo a mediano plazo? ¿Esta barrera no acaba con la posibilidad de captar inversión extranjera?


La experiencia de programas exitosos es que la liberación tardía de la cuenta de capitales es una necesidad. No puedes liberar las tasas de interés con una inflación que, aún bajándola, podría estar en torno a 100%. Si en estas condiciones colocas las tasas en términos reales se crearía un tremendo problema fiscal, el Gobierno es el principal deudor en esta economía. Además en la banca habría problemas de morosidad, de demanda de crédito. Por eso es necesario avanzar en la estabilización fiscal, reducir la tasa de inflación para que cuando tengas que ajustar la tasa de interés no alcance niveles exorbitantes y estar muy seguro de que el sistema financiero puede soportar una apertura de esta naturaleza.

Indica: “Las rigideces en el mercado laboral son una importante restricción para lograr mejoras en la competitividad. Igualmente, las alzas salariales sin relación con las variaciones de la productividad se traducen en apreciación del tipo de cambio real y más inflación. Es por ello que las reformas en el mercado laboral tienen que estar orientadas a incrementar la flexibilidad y reducir de los impuestos de nomina”. ¿Esto no se traduce en un alza del desempleo al menos en el corto plazo?


Es que la reforma laboral tiene que ser integral, no puede ser parcial y es una medida que no se puede tomar al comienzo. Esa reforma solo es posible en un contexto donde hay crecimiento económico a fin de que exista una compensación para evitar que el desempleo aumente en términos netos. Pero hay medidas que deben tomarse desde un principio como eliminar la inamovilidad laboral. Eso tendría un impacto muy positivo.

Si se levanta la prohibición a reducir la nómina habría un impacto en el empleo.


Por eso necesitas una política de subsidios para compensar a los sectores afectados. Esta medida es muy importante para reducir la tasa de desempleo en los sectores más jóvenes y por la necesidad de imponer cierta señal de disciplina laboral que a su vez ayuda a la productividad.

Afirma que “en el caso de las empresas grandes, no se puede “privatizar ahora y regular después. Privatizar las grandes empresas en un contexto que no está bien regulado significa fomentar grupos de interés que, muy probablemente, bloquearán otras reformas estructurales deseables”. ¿En qué áreas cree que son necesarias esas privatizaciones de empresas grandes?


Estamos hablando básicamente de las empresas de Guayana, las eléctricas, telecomunicaciones. Me temo que muchas de estas empresas públicas son inviables económicamente. Bien sea porque han perdido capital humano, los activos tienen un valor de mercado muy bajo o nulo, obsolescencia tecnológica, grupos con intereses políticos, corrupción, entonces hablamos de empresas con muy baja capacidad competitiva y difícilmente serán atractivas para algún inversionista. Pienso que hay que plantearse claramente salir de ellas o cerrarlas, pero eso no lo puedes hacer sin una apertura en esos sectores.

¿Favorecer la entrada de competidores eficientes?


Cambiar las regulaciones, la estructura institucional para favorecer el desarrollo y crear oportunidades de inversión al sector privado. Seguimos teniendo ventajas comparativas en el área eléctrica, hierro, lo que hay es un marco regulatorio que ha impedido que esas ventajas se transformen en empleo, exportaciones, producción. Aquí hay otro grupo de perdedores que pueden conspirar contra la reforma. Probablemente la economía política sería hacer lo que ha pasado en otros países: someter a estas empresas a disciplina fiscal de manera de que si no son eficientes se cierran. Y al mismo tiempo, crear las condiciones para que surja un competidor que a su vez sirva de baremo para alcanzar ciertos niveles de eficiencia.

Una vez finalizada la fase de estabilización propone una serie de reformas estructurales que pasan por “redefinir el papel del Estado en la economía, incluyendo el rol del sector público en los sectores claves de la economía (petróleo, energía y minería)”. ¿En concreto qué sugiere en este aspecto?


En esas áreas está planteada una redefinición del rol del Estado en la economía, esa es una de las reformas estructurales. Lo que está sugerido allí es que el Estado reduzca su rol protagónico en el campo de la producción y que pase a cumplir otros roles en el campo de bienes públicos, regulación de los mercados y coordinación entre el sector privado y público. La apuesta en el sector petrolero tiene que implicar una fuerte participación de inversión extranjera en el sector.

¿Pdvsa puede recuperar la eficiencia y competitividad? ¿Qué tanto sería el peso de una Pdvsa ineficiente en las posibilidades de éxito de una reforma de la economía?


Mi impresión a partir de conversaciones que he tenido con personas del sector es que Pdvsa es difícilmente recuperable. Allí la destrucción de la cultura empresarial, del capital humano, la corrupción que se ha entronizado dentro de la empresa la hacen difícilmente recuperable como la empresa que conocimos. La apuesta en el sector petrolero tiene que implicar una fuerte participación de inversión extranjera en el sector.

Usted indica: “una economía de mercado eficiente no puede estar basada solamente en la búsqueda del interés privado. Los mercados no se estabilizan por si solos, requieren regulaciones, y la actividad de los agentes privados necesita coordinación, arbitraje, bienes y servicios públicos y la corrección de externalidades; por ello, es inevitable la presencia del sector público en la economía”. ¿No hay en este momento una enorme falta de preparación y talento en las instituciones públicas venezolanas?


Ciertamente y esa es una de las cosas que hace que las reformas estructurales tienen que ser graduales, hay que desarrollar esa capacidad. Por eso la capacitación técnica, la gerencia pública, es un tema presente en las negociaciones con organismos multilaterales. Por eso es que necesitas el asesoramiento externo. Ese asesoramiento hoy quiérase o no está en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Somos fundadores del FMI, pagamos la cuota y no usamos las ventajas de estar allí. Es necesario, se facilita enormemente la reforma si está respaldada por organismos multilaterales. Una de las cosas que no tenemos es reputación y esa reputación hay que buscarla, diría incluso pagarla.

Usted advierte de que “La presencia de fallas de mercado y de gobierno, y sus interrelaciones, plantea serios dilemas de política económica de difícil solución, que suelen comprometer y arriesgar el escaso capital político que suele acompañar a los procesos de transición. La solución eficiente de estos dilemas no es un asunto solamente técnico-económico, depende en buena medida de la calidad de la gerencia política y social de estos procesos”. ¿Hay calidad en la dirigencia?


Con la información que tengo en este momento de cómo se están planteando estos asuntos en los partidos políticos diría que hay muy poca conciencia de la gravedad de los problemas y de cómo solucionarlos. La visión de los partidos es de muy corto plazo, está extremadamente imbuida en el problema político-electoral y no tienen en agenda este tipo de asuntos, sobre qué hacer. Tengo enormes dudas de que si tuviéramos un cambio inminente de gobierno, ese nuevo gobierno haría cosas realmente eficaces para cambiar notablemente la situación. Hay una subestimación acerca de las restricciones y una sobreestimación en relación a la facilidad para resolver todos estos aspectos.

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