Los CLAP y los riesgos de discriminación en el acceso a los alimentos

CLAPLos Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) la reciente iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro como paliativo a los problemas de escasez de alimentos que vienen a ser otro elemento en una sucesión de controles a la venta y distribución de alimentos, como registros, guías de movilización, ventas restringidas por terminal de cédula y uso de sistemas biométricos (capta huellas). Este nuevo mecanismo parece reproducir y agravar errores anteriores que lejos de solucionar las causas de escasez parece exacerbarlas y agravarla añadiendo otros problemas.

Carlos Lusverti

 

Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron anunciados por el presidente Maduro como “una revolución económica en el Sistema de Distribución de Alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo (…) Los CLAP son la cura del bachaqueo y la corrupción, para llegar a una economía autosustentable, con fuerza propia, integrada, para satisfacer las necesidades del ser humano”[1].

Según el jefe del Centro de Control y Mando de las CLAP Freddy Bernal, se trata de una organización popular encargada con el Ministerio de Alimentación de distribuir casa por casa los productos regulados de primera necesidad como parte del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, cuyo objetivo es asegurar la entrega directa y segura a las comunidades. Los CLAP estarían conformados por responsables de cada una de las siguientes organizaciones:

  • Unión Nacional de Mujeres de Venezuela (UNAMUJER)
  • Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH)
  • Frente Francisco de Miranda (FFM)
  • Consejos Comunales

De esta conformación, se desprende tanto su vinculación gubernamental, como fundamentalmente partidista. Las UBCH son una estructura base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conformada por 40 militantes[1]  UNAMUJER y FFM son organizaciones autodefinidas desde la visión del gobierno y el chavismo.[2]

En cada parroquia un Estado Mayor designa a cuatro líderes locales para conformar el CLAP[3] y eligen a los jefes de Comunidad y Jefes de Calles o Veredas quienes convocan una Asamblea del Poder Popular donde definen y explican a la comunidad el sistema y rutas de distribución casa por casa.

De esta conformación, se desprende tanto su vinculación gubernamental, como fundamentalmente partidista. Las UBCH son una estructura base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conformada por 40 militantes[1] UNAMUJER y FFM son organizaciones autodefinidas desde la visión del gobierno y el chavismo.[2]

En cada parroquia un Estado Mayor designa a cuatro líderes locales para conformar el CLAP[3] y eligen a los jefes de Comunidad y Jefes de Calles o Veredas quienes convocan una Asamblea del Poder Popular donde definen y explican a la comunidad el sistema y rutas de distribución casa por casa.

Más militarización como respuesta a la crisis

Adicionalmente, conforme al Art. 2 del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica[1] a los CLAP les corresponde la garantía, mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad. Igualmente conforme al Art. 9 podrán atribuírsele funciones de vigilancia y organización a los CLAP, Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país.

Estas disposiciones como se ha dicho en otras oportunidades, profundizan la militarización de la sociedad junto con el reciente lanzamiento de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro formalmente subordina a todas las instituciones al Ministro de la Defensa como jefe de esta misión dentro de la cual se atribuye a la FANB funciones en el control y supervisión de la distribución y abastecimiento de productos para precisar y neutralizar las acciones desestabilizadoras en el abastecimiento de alimentos.[2]

Un nuevo problema para solucionar otro problema

El Comité DESC ha observado que “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.”[1] En consecuencia ha afirmado que el contenido básico del derecho a la alimentación  adecuada comprende lo siguiente:

– La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, (…) y – la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

Además, tanto el Comité como han sido tajantes en que afirmar que “toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales [entre ellos la alimentación] constituye una violación del Pacto.” Y con ello una violación al derecho.

El Relator especial sobre el derecho a la alimentación ha afirmado en un sentido similar que “La  obligación  de  no  discriminar  es  un  deber  inmediato  y  la  discriminación  en el  acceso  a  los  alimentos  por  motivos  de  raza,  color, sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  otra  índole,  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento o cualquier otra condición social”[1] y por lo tanto no  puede  justificarse  en  ninguna  circunstancia.

Algunas declaraciones parecen apuntar en sentido contrario, por ejemplo “no se prometen Clap para todos. Los sectores de altos ingresos quedarán excluidos (…) Hay que ser responsables y explicar que los Clap no estarán en todo el país ni cubrirán a 100% de la población. Este programa es fundamentalmente para las clases populares y clase media baja”[1](…) Si llega comida para todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Esa es mi opinión muy personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”[2]

Si bien es cierto que cada estado tiene la posibilidad de elegir las medidas que adoptará para garantizar que todas las disfruten del derecho a una alimentación adecuada, ello implica que la estrategia nacional que se adopte deberá garantizar “la seguridad alimentaria y de nutrición para todos, sobre la base de los principios de los derechos humanos que definen los objetivos, y formular las políticas y los indicadores correspondientes.”[3] Ello implica asegurar la garantía y principio de no discriminación en el acceso y la distribución de alimentos cuando el estado ha asumido esa función.

Por otro lado, el Comité también ha observado que “la formulación y aplicación de estrategias nacionales para el derecho a la alimentación exige el pleno cumplimiento de los principios de responsabilidad, transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa e independencia de la magistratura.” Todos estos temas a la vez constituyen tareas pendientes en Venezuela, sólo en el aspecto de transparencia y responsabilidad el gobierno anterior y el actual aun no responden por las denuncias de corrupción en cuanto a la compra y distribución de alimentos, ello incluye denuncias respecto a los desvíos de camiones con alimentos para ser re direccionados a través de los CLAP e igualmente como se ha mencionado en otra oportunidad la reedición de medidas discrecionales en materia de recursos económicos, al amparo del cuestionable decreto de estado de excepción y emergencia económica. Por ejemplo el 12 de mayo de 2016 el presidente Maduro asignó 10.000 millones de bolívares para impulsar los CLAP: “Acabo de crear un fondo especial de estímulo e inversión a los CLAP con 10 mil millones de bolívares para ganar esta guerra”[1] pese a que uno de los objetivos de los CLAP es controlar el uso de los recursos, los recursos de estas iniciativas se ocultan tras la opacidad y falta de transparencia del estado.

Como se ha visto en la constitución y funcionamiento de los CLAP estos principios no parecen ser respetados, por cuando ha habido denuncias de requisitos de filiación al partido de gobierno para acceder al mecanismo y la medida no cumple los requisitos de disponibilidad, cantidad y accesibilidad permanente requeridos por los tratados sobre derechos humanos que rigen la materia, por cuanto en el mejor de los casos la entrega se produce cada 21 días.

Las medidas realmente necesarias

El Relator especial sobre el derecho a la alimentación[1] ha sostenido que los gobiernos incumplen su obligación si den que la población padeciese hambre cuando se encuentra en una situación desesperada y no dispone de medios para remediarla, en cuyo caso debería recurrir a la ayuda humanitaria internacional, cuando no está de por sí en condiciones de garantizar el derecho a la alimentación de su población. “Los Estados que, por negligencia u orgullo nacional mal entendido, no formulen esa petición, o la retrasen deliberadamente, estarán incumpliendo esa obligación.”[2]

Muchos han sido los llamados a que el gobierno Nacional atienda la grave situación en cuanto a escases de alimentos y medicinas, así como al diálogo abierto y sincero que no subordine los derechos de la población a intereses políticos. Incluso conforme a las previsiones de un tratado sobre derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, supone que el estado venezolano debe y puede pedir la cooperación internacional para la superación de la crisis, no hacerlo por la razón que sea es subordinar la garantía de los derechos sociales a intereses egoístas que sumergen más a la población en la pobreza a costo de sus derechos.

 

Notas:

[1] En contacto con Maduro 12 de abril de 2016

[1] www.psuv.org.ve

[1] LA COLOMBEIA Nro. 4 mayo-junio “Comités locales de Abastecimiento y Producción. Más allá de los CLAP”

[1] LACOLOMBEIA Op. Cit. Pág. 35

[1] Monitor País de Hinterlaces, junio 2016 www.hinterlaces.com

[1] LUSVERTI, Carlos “Estado de excepción y emergencia económica de espaldas a la Constitución” en Sic Nro…

[1] Decreto N° 2.367 Gaceta Oficial Número 40.941 del lunes 11 de julio de 2016

[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Observación General Nro. 12 El derecho a una alimentación adecuada (art. 11) E/C.12/1999/5 12 de mayo de 1999 párrafo 6

[1] ZIEGLER, Jean A/56/210 Informe del Relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación 20 de abril de 2001.

[1] BERNAL, Freddy entrevistado por Ultimas Noticias en “Los Clap: El resuelve de los pobres” http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/los-clap-resuelve-los-pobres-2/

[1] VALERY, Yolanda “Qué son los polémicos CLAP, el sistema paralelo de distribución de alimentos del gobierno de Venezuela” en BBC Mundo 3 junio 2016 http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2016/06/160603_venezuela_alimentos_clap_yv

[1] Comité DESC Op. Cit.

[1] Citado por Programa Venezolano Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) “Los CLAP promueven discriminación alimentaria y estimulan mayor conflictividad social” 3 de junio de 2016.

[1] ZIEGLER, Jean Op. Cit.

[1] ZIEGLER, Jean Op. Cit.

 

 

 

 

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