Justicia económica para el debate tecnológico

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Evgeny Morozov sobre el big data, inteligencia artificial y poder económico

Sally Burch

Justo cuando el modelo neoliberal parece estar sumido en una crisis global de estancamiento económico y ha perdido cualquier semblanza de legitimidad, ha aparecido un nuevo sector de la economía globalizada que no sólo registra robustos márgenes de ganancia, sino que está reavivando la propia ideología neoliberal, bajo una nueva envoltura. Se trata de un puñado de corporaciones transnacionales de Internet que, a través de un proceso de rápida concentración oligopólica, ahora dominan la nueva economía digital.

La materia prima que estas empresas codician son los datos que extraen de casi todas las transacciones y comunicaciones en línea, en todo el mundo. Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft (el llamado GAFAM), se encuentran entre los principales explotadores de estos bienes simbólicos, que los usuarios y transacciones de Internet les proporcionan y que luego se concentran en EE.UU., constituyendo una nueva fuente de riqueza y poder. Por lo tanto, esta actividad de “minería de datos” representa una nueva forma de extractivismo que responde a una lógica neocolonizadora, cuyas implicaciones la mayoría de gobiernos, especialmente en los países del Sur, desconocen o se sienten impotentes para prevenirlas.

La problemática va mucho más allá de la simple recolección y procesamiento de datos para su venta a anunciantes. Estos datos también son la materia prima de la inteligencia artificial (IA) y de los algoritmos que organizan y regulan cada vez más aspectos de nuestras vidas y sociedades. Estos procesos por lo general se definen en secreto, de acuerdo con los criterios de la empresa, lo que puede generar problemas cuando afectan el interés público o cuando implica obviar los mecanismos democráticos.

Entre los ejemplos más visibles, podemos mencionar los conflictos que algunas ciudades han tenido con empresas como Uber, cuyo software conecta conductores informales con pasajeros privados, pero bajo los términos dictados por Uber, lo que a menudo crea un serio conflicto con los taxistas registrados y el sistema que regula su servicio; también implica evadir derechos laborales, ya que Uber no reconoce una relación laboral.

El problema puede llegar a ser mucho más complejo cuando, por ejemplo, los anteriores servicios públicos de las denominadas “ciudades inteligentes”, como la gestión del tráfico vial o de la red eléctrica, comienzan a ser administrados por empresas tecnológicas privadas de acuerdo con sus propios criterios, cuyas decisiones potencialmente pueden imponerse por sobre la voluntad de los consejos locales. Los algoritmos que crean y los datos que generan suelen ser reservados como propiedad de la empresa; ello significa que, una vez que un contrato esté en funcionamiento, se vuelve casi imposible para la autoridad municipal tomar la decisión de dejarlo sin efecto, aunque haya insatisfacción con el servicio, ya que la ciudad entera podría verse hundida en el caos, hasta que un nuevo sistema se pueda instalar.

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