Derecho a la alimentación es vulnerado

Minerva Vitti

Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) / Fundación Bengoa / Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL)

El presente es un Informe Alternativo elaborado de manera conjunta por el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), la Fundación Bengoa y el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL), para su consideración por parte de los miembros del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con motivo del examen que realizó el Estado venezolano sobre el cumplimiento e implementación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en junio de 2015 durante el 55° Período de Sesiones del Comité en Ginebra

El Informe aborda el artículo 11 del Pacto, en el que se reconoce el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11.1) y el derecho a la protección del hambre (artículo 11.2), de acuerdo con la Observación General N° 12 del Comité, y se presenta información complementaria al Informe que realizó el Esta- do en el año 2012 y a su Respuesta a la Lista de Cuestiones, enviada al Comité en el año 2015.

La situación alimentaria en Venezuela se caracteriza por una significativa contracción de la producción nacional de alimentos y el uso intensivo de las importaciones, las cuales registran una caí- da durante los últimos años. Estas dos características juntas producen una permanente escasez y, como consecuencia de ello, una situación de alta vulnerabilidad respecto a la protección contra el hambre, puesto que los programas existentes no tienen la capacidad de llegar a los sectores que más lo necesitan. En este sentido, se observa el aumento de la obesidad y de la desnutrición, aunque existen serias restricciones de acceso a la información y disponibilidad de datos, lo que trae como consecuencia que en estos momentos se desconozca la profundidad del impacto de las medidas económicas en la escasez y, de esta, en las condiciones nutricionales actuales de la población. En este sentido, la afirmación del Estado de que “Hoy en Venezuela el 95,4 % de los venezolanos come 3 y más veces al día”, contrasta con otras cifras en las que, para el año 2014, ya existía 11,2 % de personas que realizaban menos de dos comidas al día, según la encuesta de Condiciones de Vida de los Venezolanos (ENCOVI, 2014) realizada por tres universidades: Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello.

Vista esta situación y en función de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, las organizaciones que realizamos este informe solicitamos a los miembros del Comité, se exhorte al Estado a adoptar políticas económicas que permitan un proceso de reducción de la escasez y del desabastecimiento, tomando medidas que fomenten una economía libre y abierta, y se revisen los controles de precios, puesto que los productores no deben vender a pérdida sus productos. Particularmente, en el ámbito agroalimentario, es recomendable aplicar medidas que estimulen la producción de alimentos, en concordancia con las necesidades calóricas y de nutrientes de la población venezolana, eliminar la política de expropiación de tierras para asegurar que el Estado no contribuya con ello al abandono de pro- yectos agrícolas, y respetar la propiedad privada para que existan propietarios alternativos al Estado y se generen incentivos a los productores. También es necesario diversificar la industria y realizar importaciones eficientes de alimentos para combatir la escasez y evitar el hambre en el futuro.

En combinación con estas medidas, queremos solicitar al Comité se aconseje al Estado fortalecer con eficiencia los programas dirigidos al subsidio de ali- mentos saludables en los sectores populares, mediante la adecuación técnica, la vigilancia de la seguridad alimentaria, el cumplimiento de las normas regulatorias que garantizan la inocuidad de los alimentos y la participación de las co- munidades, junto con el desarrollo de capacidades en materia alimentaria y nutricional. En el más breve plazo, es necesario garantizar la salud de pobla- ciones afectadas; en particular, atender la situación de la población obesa que requiere ayuda para obtener alimentación saludable, y de la población desnu- trida, por medio de programas de recu- peración nutricional de calidad. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) debe evaluarse, pues las inconsistenciasen la entrega y despacho de las comidas han sido graves, para lo cual es necesario que este produzca indicadores como la talla-edad para validar la adecuación de la ingesta de los niños y asegurar que las necesidades del proceso de crecimiento estén cubiertas.

Por último, solicitamos también al Co- mité inste al Estado a restablecer lo antes posible los sistemas de información sobre el estado nutricional de la población, garantizando el acceso público y la generación de datos confiables y detallados; y a que este (el Estado) permi- ta, con el concurso de sectores de la academia independientes, realizar estudios metodológicamente sustentados acerca de la prevalencia del sobrepesoobesidad y de la desnutrición, conforme a indicadores que permitan validarla. También se solicita al comité insistir al Estado a abrir la discusión científica y a comprometer a la industria en acciones de responsabilidad social referidas a la alimentación y la nutrición, con el apoyo gubernamental y la academia.

 Puedes ver aquí el texto completo SIC2015777_307-318

Nota de redacción: Este artículo se publicó en  agosto 2015 / SIC 777

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Acerca del autor

Periodista [UCAB]. Jefa de redacción de la Revista SIC.