Comunicado: ORPIA

Organizaciones Indígenas de Amazonas con Motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 09 de Agosto de 2016.

Las organizaciones indígenas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) como espacio de articulación y debate, queremos unirnos a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 09 de Agosto de 2016 y manifestar lo siguiente:

1.- Valoramos profundamente los esfuerzos realizados a nivel internacional y nacional para reconocer y proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas, expresados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la reciente aprobación de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2016) por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Capítulo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la ratificación del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Protección a Pueblos Indígenas en Países Independientes (2001), y la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). De igual manera, destacamos los esfuerzos promovidos desde diferentes instancias del Estado para implementar políticas públicas que permiten materializar los derechos reconocidos en diferentes áreas como la salud, la educación, la producción económica, y la cultura.

2.- Nos preocupan los pocos avances en materia de demarcación de hábitat y tierras indígenas a casi 17 años de aprobado el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece una obligación constitucional para el Estado venezolano de demarcar y garantizar los territorios indígenas y su propiedad colectiva. De igual manera, nos preocupa la paralización del proceso nacional de demarcación, particularmente en el Estado Amazonas, donde la Comisión Regional de Demarcación coordinada por el Ministerio para los Pueblos Indígenas (MINPPI) no es convocada desde hace más de dos años, y se nos informa en su Secretaría Ejecutiva que no hay presupuesto para trabajar los expedientes pendientes de sustanciar. Vemos con tristeza que los expedientes del pueblo Yabarana – Multiétnico (Manapiare); Uwottüja – Jivi (Autana); y Ye´kuana  – Sanemá (Manapiare), presentados por nuestras organizaciones OIYAPAM, OIPUS y KUYUNU, no sólo no avanzan, sino que están paralizados y sin perspectiva de tramitación.

3.- Recientemente hemos manifestado al Ejecutivo Nacional que las organizaciones indígenas estamos seriamente preocupadas por el aumento de la minería ilegal en la región amazónica sin que existan mecanismos y planes actuales para su control y erradicación. Hemos manifestado que Estamos preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas de los ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo – Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare – Ventuari, Parucito – Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general.” También nos preocupa la introducción de graves problemas sociales como la delincuencia, la violencia y los asesinatos, la prostitución, las enfermedades de trasmisión sexual y aumento de epidemias.

4.- A esta situación se suman los posibles impactos socioculturales y ambientales por la implementación de nuevas políticas de extracción de minerales en la región sur del país, como el llamado Arco Minero del Orinoco, a ejecutarse en amplios territorios ocupados por pueblos y comunidades indígenas y sin los procesos de consulta previa, libre e informada, garantizados en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y el propio Convenio 169 de la OIT. Uno de los impactos más negativos de estas actividades puede ser el abandono de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios y su economía propia vinculada a la subsistencia, al introducirse patrones socioproductivos ajenos a su dinámica sociocultural y a su identidad. Estas políticas podrían conducir a un verdadero etnocidio.

5.- También constatamos el deterioro en la prestación de los servicios de salud en comunidades indígenas en los diferentes Municipios, la afectación de la red ambulatoria, las graves fallas en la dotación de medicamentos y recursos logísticos (combustible, radios, y motores fuera de borda) y la falta de recursos presupuestarios para el funcionamiento de programas fundamentales como el control de la malaria y otras enfermedades endémicas, así como el Plan de Salud Yanomami.

6.- A nivel educativo observamos también una cierta reducción en la implementación del régimen de educación intercultural bilingüe y de los importantes esfuerzos que se habían realizado a partir del año 2000, para  garantizar este derecho constitucional, vinculados a la formación de docentes indígenas, la producción de materiales didácticos y guías educativas, y el diseño y ejecución de curriculos por pueblos.

7.- Queremos destacar igualmente los graves problemas en la distribución de combustible que afectan a nuestras comunidades, relacionados a la reducción de cupos, falta de facturación y entrega oportuna, y consecuente pérdida de tiempo en la adquisición. El combustible es usado por nuestras comunidades tanto para el trasporte fluvial en áreas de difícil acceso como para actividades tradicionales de pesca, caz y siembre.  A esto se suman los atropellos y excesivos controles a indígenas en algunas alcabalas, que muchas veces no respetan las actividades de subsistencia y cosmovisión.

8.- Finalmente, además de expresar estas preocupaciones actuales, queremos hacer llegar nuevamente a las autoridades competentes y organismos del Estado nuestras propuestas para la coordinación de acciones, en temas claves como la demarcación, el control de la minería ilegal y la protección del ambiente y los ecosistemas amazónicos, la aplicación de la consulta previa e informada, la salud intercultural y la educación indígena.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA)

Organización Piaroa del Cataniapo “OPUHC”

Cabildo Inga de Amazonas

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Organización de Mujeres Uwottüja de Manapiare (Shejerume)

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

ASOCAGRU

Organización Pueblo Indígena Baré de Amazonas (OPIBA)

Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas (WANAALERU)

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