Carta abierta a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Rafael Uzcátegui

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Reciban en primer lugar, a Laura Roldán y su equipo, el saludo fraterno de parte del equipo del Provea: nuestras iniciativas forman parte de la primera generación de organizaciones de derechos humanos venezolanas y hemos caminado, y aprendido, juntas en este sinuoso viaje en la defensa de la dignidad de hombres y mujeres. Invocando este espíritu, con afecto y respeto, les dirigimos la presente comunicación, sobre la propuesta de un Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH) promovido desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), instancia de la que ustedes forman parte como representantes de la sociedad civil.

En primer lugar reiterar que Provea está comprometida con la necesidad de adoptar un plan nacional en la materia, una propuesta que hemos repetido y reiterado desde el año 1999, fecha en que le hicimos el planteamiento concreto durante una reunión sostenida con el entonces presidente Hugo Chávez. Esto lo expresamos públicamente en la reunión de consulta realizada en la Biblioteca Nacional el pasado 27 de agosto.  Sin embargo, nos ha generado muchas preocupaciones el anuncio del CNDDHH sobre la finalización del proceso de consulta este próximo 15 de octubre (http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/hasta-15-octubre-se-extendio-consulta-plan-nacional-ddhh/), pues creemos que un plazo de tres meses para realizar la promoción, divulgación, consulta y procesamiento de las ideas recibidas es insuficiente para garantizar un proceso participativo e incluyente en el diseño del plan.

En estos tres meses las personas, mayoritariamente, sólo conocen un díptico y un encartado en algunos medios impresos que no contiene la totalidad de las ideas expresadas en el documento completo de la propuesta, de más de 50 páginas, sólo disponible por internet. Si como dijo Albert Camus “Una política es ante todo una política bien informada”, coincidirás en que la población no ha contado con la visión completa sobre la propuesta, ni sobre el detallado diagnóstico que esta posee que la hace realizar propuestas para solucionar las deficiencias señaladas. Incluso, como lo revela la experiencia chilena y mexicana en la adopción de un PNDDHH, la realización de un diagnóstico participativo previo, primer paso en el proceso, ha tomado un tiempo considerable muy superior a un trimestre.  Debido a este aprendizaje habíamos sugerido incorporar al proceso de consulta al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, quienes acompañaron y asesoraron técnicamente otras experiencias regionales.

Garantizar la mejor consulta posible, con los tiempos y mecanismos necesarios y sin el ruido del calendario electoral allanaría la participación e inclusión de sectores diversos en una propuesta que necesita de los mayores consensos posibles. Seguramente algunas de las buenas ideas presentes en la propuesta se reforzarían y mejoraran, mientras que otras, que necesitan una mayor discusión, se modificarían para sintonizarlas con los conceptos y garantías presentes en nuestra Constitución y en las obligaciones emanadas de los tratados y pactos internacionales en derechos humanos, suscritos y ratificados soberanamente por nuestro país. Un PNDDHH debe honrar los valores de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, por lo que sería un error promover en su seno visiones ideológicas parciales que lo conviertan en un proyecto plausible sólo para un sector de la sociedad. Estas posibilidades, no obstante, serían minimizadas con la adopción de metodologías y mecanismos de validación que generen confianza en el proceso y sus resultados, en el tiempo necesario para ello.

Coincidimos con el vicepresidente Jorge Arreaza que el PNDDHH es una oportunidad para el diálogo despolarizante de la sociedad y el diseño de políticas públicas en el marco de la democracia verdaderamente participativa y protagónica. No perdamos la oportunidad que nos brinda el proceso de consensuar, despolarizadamente, una propuesta rectora de políticas públicas en materia de derechos humanos para los próximos años que ayude a mejorar la situación de las poblaciones vulnerables en nuestro país, y que permita a las organizaciones, como sugieren los zapatistas, continuar preguntando juntas como dar  otros pasos en el camino de una democracia sustantiva, con justicia social y libertades para todas y todos.

Atentamente:

Rafael Uzcátegui
Coordinador General de Provea

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