Carta abierta a la Asamblea Anual de Fedecámaras

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Y con la resaca a cuestas
vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza
y el señor cura a sus misas”

Párrafo de “La fiesta”, una canción de Joan Manuel Serrat

Señores empresarios que asisten a la Asamblea Anual de Fedecámaras:

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, los más diversos sectores económicos, sociales, políticos e institucionales han sido favorecidos y beneficiados del reparto de la renta petrolera. Al paso del tiempo, cada uno fue tejiendo sus respectivos argumentos para justificar su legítimo derecho a tener acceso a un porcentaje de esa gran riqueza nacional.

Para responder a esas crecientes presiones, el Estado –en su condición de propietario y perceptor directo de las riquezas del subsuelo-, puso en marcha diversos mecanismos para distribuir la renta. Desde la sobrevaluación de la tasa de cambio oficial hasta la baja presión fiscal, pasando por una creciente nómina de funcionarios, cuantiosos subsidios a bienes y servicios, la inversión en infraestructura y otras formas de gasto público, han sido los tradicionales mecanismos para distribuir la renta petrolera.

Cuando los precios del oro negro son altos y la renta petrolera abunda, todos hemos disfrutado del festín petrolero, sin reclamarle al gobierno de turno la importancia de ahorrar recursos para encarar los tiempos de escasez. Pero cuando colapsan los precios del petróleo, los poco previsivos administradores de la renta dejan de gozar de tanta popularidad. Esa es la repetida historia de los gobiernos de la IV y V Repúblicas que, para defenderse, desenfundan su crítica a la cultura rentista, al cadivismo y la ninfomanía del dólar, sin llegar a reconocer la enorme responsabilidad que tienen sus propias políticas en la conformación de un imaginario que pretende vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo ni de la inversión de recursos propios.

La maldición de la abundancia

Señores empresarios, como ustedes saben, Venezuela es un país inmensamente rico en materias primas y recursos energéticos, pero muy pobre en capacidades tecnológicas e innovativas para transformarlos en productos de mayor valor agregado. Por eso la Nación no ha podido aprovechar sus ventajas comparativas para sostener una creciente producción nacional que permita sustituir importaciones, diversificar la oferta exportable y superar la dependencia de la renta petrolera.

A pesar de la correlación directa que existe entre los precios del petróleo y el ritmo de la actividad económica, también se ha comprobado que los auges del ingreso petrolero han tenido un impacto negativo sobre el aparato productivo nacional, particularmente sobre la agricultura y la industria. La percepción de una cuantiosa renta que no es fruto de la diversificación de la economía nacional, confiere un poder de compra externo que permite adquirir en el resto del mundo lo que perfectamente se pudiera producir internamente.

Esta tendencia surge al fijar una tasa de cambio que permite importar a un precio por debajo de lo que cuesta producir en el país. El deslave de importaciones baratas que desplazan la producción nacional se agrava cuando la inflación doméstica es mayor que la de los principales socios comerciales. Pero el gobierno, en lugar de corregir el diferencial inflacionario a través del ajuste de la tasa de cambio, se empeña en mantener el ruinoso anclaje cambiario.

En consecuencia, la producción nacional de materias primas, insumos básicos, maquinarias, equipos y hasta bienes de consumo final resulta mucho más cara y no puede competir con las importaciones realizadas a la tasa de cambio oficial. Con esta inercia importadora se han roto importantes eslabones en las cadenas productivas de textil-confección, química, plásticos, juguetes, metalmecánica, electrodomésticos, vehículos y autopartes, maquinarias, equipos de computación y telefonía que no han podido competir con importaciones realizadas a una tasa de 2,15, 4,30, 6,30 o 12 Bs/$. Este subsidio al dólar estimula la importación masiva de toda clase de bienes y sentencia que en Venezuela el mejor negocio sea importar, en lugar de producir para sustituir importaciones y exportar.

Incluso, en la coyuntura actual en la que han colapsado los precios del petróleo, vemos como se impone la inercia importadora. Bajo el pretexto de potenciar la cooperación internacional para superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación, el gobierno viene firmando acuerdos comerciales financiados a través del Fondo Chino y de las cuentas por cobrar de Petrocaribe para importar a 6,30 y 12 Bs/$ una variada gama de productos agrícolas y manufacturas que lapidan cualquier posibilidad de reactivar y reimpulsar la producción nacional.

El nuevo papel de los gremios empresariales

Como ustedes saben, los crecientes controles y administración discrecional de las políticas públicas han obligado a los gremios empresariales a reeditar viejas prácticas del lobby que ya se creían superadas. Para poder lidiar con los controles y medidas de política económica, las cámaras industriales y asociaciones de comerciantes consumen buena parte de su tiempo en cabildear el acceso a las divisas, la actualización de los controles de precios rezagados, la tramitación de certificados y solvencias, etc.

Debido a las dificultades para importar materias primas, insumos, maquinarias o equipos, el sector privado considera la escasez de divisas como el principal factor que inhibe la actividad económica en el país. En medio de este calvario, la propuesta empresarial siempre es la misma: que se apruebe una programación para las asignaciones de Cencoex y las subastas del Sicad. En lugar de empeñarse en reclamar las divisas baratas de la menguada renta petrolera, lo que hay que plantear es una nueva política cambiaria cuyo punto de partida debe ser la unificación del régimen de cambios a un nivel que exprese la verdadera productividad del aparato productivo nacional. Esta es una condición básica para la reactivación productiva de Venezuela. Al reindustrializar la economía nacional se logrará un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos dedicados a producir, distribuir y comercializar los bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad.

Convertir el actual problema de la escasez de divisas en una oportunidad requiere un cambio de mentalidad. Transformar la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo soberano y exportadorrequiere una tasa de cambio competitiva que facilite la sustitución eficiente del enorme volumen de importaciones que se sigue haciendo a una tasa de cambio subsidiada. Además, una nueva tasa que respalde la competitividad cambiaria de las exportaciones no petroleras, permitirá generar un creciente ingreso en divisas privadas que ayudará a superar la tradicional dependencia que ha tenido el sector privado de la renta petrolera. Ese es el reto del movimiento empresarial venezolano no rentista y eso implica invertir, innovar y competir en los reñidos mercados internacionales.

Un pronunciamiento de esta naturaleza en la Asamblea Anual de Fedecámaras será recibido como una importante iniciativa que el país sabrá reconocer y valorar, de cara a la construcción de un gran acuerdo entre los sectores público y privado con el fin de reactivar la producción nacional y erradicar las causas estructurales que generan la actual crisis de escasez, acaparamiento y especulación. Es la mejor manera de demostrar que la llamada guerra económica que el gobierno les atribuye, en gran medida es causada por las políticas de rígidos controles e ineficientes subsidios que estimulan el contrabando de extracción y facilita los ataques no solo de quienes quieren desestabilizarlo y derrocarlo, sino también de los cazadores de rentas, especuladores y corruptos que se enriquecen gracias a las desviaciones y errores de la política económica que no terminan de corregirse.

Una propuesta concreta para ir a la unificación cambiaria en torno a la actual tasa Simadi, estimulará el crecimiento y desarrollo de las capacidades productivas y tecnológicas que se requieren para transformar materias primas nacionales o importadas en insumos básicos, bienes intermedios y productos de consumo final que requiere el aparato productivo nacional y la población en general. Para estimular este proceso de reactivación y transformación productiva, además de una tasa de cambio competitiva, el acuerdo entre el sector público y privado puede contemplar una gama de incentivos arancelarios, fiscales, financieros, compras gubernamentales, suministro de materias primas, capacitación productiva, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e innovativas, con la condición de que las empresas favorecidas con estos incentivos cumplan metas concretas en materia de generación de nuevos empleos, sustitución de importaciones, exportaciones no petroleras y generación de sus propias divisas, las cuales serían vendidas a la tasa que indique el mercado.

Señores empresarios, ese es el reto que hay que asumir para superar la diatriba en torno al reclamo de los dólares de Cencoex y Sicad y enfocar el debate en la decisión clave que puede impulsar la transformación de la economía rentista e importadora en una nueva economía productiva y exportadora.

Hay un país entero deseando que se construya un gran acuerdo nacional entre el gobierno y la empresa privada que reactive la producción y ponga fin a esta pesadilla de escasez, acaparamiento y especulación que nos ha tocado sufrir.

No esperen a que el gobierno los llame, tomen ustedes la iniciativa y sin renunciar al perfil crítico que los ha caracterizado, asuman también una actitud mucho más propositiva.

Deseándoles mucha claridad en sus deliberaciones y certeza en sus conclusiones, los saluda:

Víctor Álvarez R.

Fuente: Finanzas digital

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