Las TIC en Venezuela: ¿mirándonos el ombligo?

Ysabel Briceño

homero fuerteDurante los días 11 y 12 de agosto, CONATEL convocó a una actividad denominadaEncuentro de Internet para el Desarrollo y la Transformación Social. La página del evento prometía un acercamiento a la comprensión de Internet, desde diversos flancos y, en cierta forma, se celebra la iniciativa oficial de desempolvar el tema después de algunos años en siesta.

Como era de preverse, el escenario sirvió para que los representantes del gobierno desplegaran los esfuerzos realizados para impulsar las tecnologías de información y comunicación (TIC) y resumieran el gran camino a la felicidad suprema en este ámbito. Después de mostrar cifras de participación del sector telecomunicaciones en la economía venezolana (7% del Producto Interno Bruto, según CONATEL) y luego de recordar los avances más importantes en el tema, leo como resumen en una nota de prensa que este gobierno le confiere alta prioridad a las telecomunicaciones, ante lo cual nos preguntamos qué estimula a construir una afirmación que a todas luces puede lucir tan distante de la realidad.

Si nos damos cuenta, la historia del período gubernamental liderado por Hugo Chávez (antes y después de muerto), suma los años más significativos de crecimiento de Internet en el mundo. 15 años sí son algo. Por ejemplo, para el año 2012 el número de usuarios de Internet en el mundo se calculaba en 2.4 billones, casi un billón más que en el año 2008. Al compararse estos dos años, puede notarse que zonas como América Latina y África prácticamente duplicaron sus números. En el año 2012, América Latina contaba con 255 millones de usuarios (pasa de una penetración de 9,5% a una de 42%) y África con 167 millones de usuarios (pasa de una penetración de 3,5% a una de 15.6%) (Internet 2012 in numbers). Visto así, escuchar que estamos mejor que hace 15 años, es sentir una intensa obviedad. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo estamos con respecto al resto del mundo?

Por otro lado, tener como referencia el inicio del gobierno de Hugo Chávez en el tema de políticas públicas en el sector de las TIC es un acto realmente justo. No obstante, las banderas no deben quedar levantadas, pese a la historia. Sí, en los primeros cuatro años del gobierno de Chávez, Venezuela le había brindado carácter constitucional al sector ciencia, tecnología y servicios de información, había creado órganos rectores, había aprobado una nueva Ley que regulaba el sector de telecomunicaciones y otras más específicas derivadas de la comunicación electrónica, constituyéndose una situación de avanzada en la región (el decreto N° 825 declara el uso y acceso a Internet como prioritarios; se aprobó la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y la Ley Especial sobre Delitos Informáticos).  Se iniciaron los programas de centros gratuitos al uso de Internet y se declaró el uso preferible del software libre en la administración pública (decreto 3390).

Estos primeros años del siglo XXI constituyeron una serie de medidas que demostraron la voluntad política para el desarrollo de las telecomunicaciones, con la idea de lograr cambios en los modelos de gestión pública y fortalecer el rol del Estado para estimular el sector. Los primeros avances institucionales y jurídicos en este tema fueron liderados por un grupo consecuente con la idea de ingresar al país en la llamada sociedad del conocimiento y en los nuevos paradigmas mundiales de organización y producción, con criterios de equidad social; hay que decirlo, estos avances fueron liderados por el primer ministro de ciencia y tecnología, Carlos Genatios, quien, junto a un gran equipo, se dedicó a evangelizar a ministros y autoridades en el tema, en unos tiempos en los que era difícil predecir el impacto social de Internet.

Pero luego del año 2006 Venezuela se inserta en un viraje político que, lamentablemente, hace que este legado institucional y jurídico de los primeros años del gobierno de Chávez entre en serias contradicciones con las nuevas decisiones políticas, erigiéndose en adelante una serie de medidas incoherentes en el tema: el Estado renacionaliza CANTV y de este modo, las condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones cambian, con la presencia de un Estado-operador-competidor que ha limitado el crecimiento e inversiones en el sector; se generan contraórdenes para eliminar el espíritu de libre competencia del marco jurídico generado; se decreta un Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional (Decreto 6649), en el que se incluye en condición suntuaria el uso de Internet y la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas en las instituciones públicas; se crean, eliminan y crean de nuevo ministerios y organizaciones con diversos nombres en proceso de reacomodo constante para organizar un sector que ha quedado permanentemente en el limbo.

Esto ha generado un evidente deterioro en las telecomunicaciones que, más allá de las cifras oficiales, cada venezolano puede sentir al no poderse montar tan fácilmente en las nuevas demandas de velocidad y ancho de banda promovida por las tendencias de contenido digital. El panorama es claro: a mayor número de usuarios, se satura una autopista si no existen condiciones de crecimiento y consolidación de la infraestructura. En un estudio reciente sobre el ancho de banda en el mundo, fuimos reportados como el país número 183, los últimos (después de Cuba), en América Latina (Global Index, 2014), superando sólo a unos pocos países africanos; este es uno de los indicadores más claros del rezago: para descargar un video, los venezolanos podemos llegar a tardar horas, lo que le lleva a otros habitantes del mundo, hacerlo en segundos.  Igualmente, la brecha interterritorial es una condición que no puede ocultarse: un trujillano o amazonense no tiene las mismas oportunidades de navegación para descargar contenido, de alguien que viva en Caracas.

De los planes iniciales, sólo nos ha quedado lo más fácil: repartición de computadoras con las que realmente puede hacerse muy poco por la escasa posibilidad de navegar con solvencia; esto hace que los esfuerzos de apropiación tecnológica terminen aislados, encabezando débilmente un voluntarismo que no logra fraguar prioridades de peso para que Internet sea una oportunidad de desarrollo social.

Obviamente, las tendencias distribuidas en las relaciones de poder alrededor de Internet no son fáciles de encajar en un contexto de predominio comunicacional centrado en el Estado. Ante esto, a las autoridades públicas de estos tiempos sólo les queda automirarse 15 años atrás, abrir largos paréntesis y resumir rápidamente que hemos alcanzado el camino a la felicidad, ante un escenario de difícil contraste con la arenga. Intentar remontar va más allá del voluntarismo, pero ya que se muestra interés, vale la pena advertir que el tema de gobernanza de Internet involucra, entre otros, la negociación con actores del sector público, privado, la academia y los usuarios con sus diversos intereses y afiliaciones, para generar un ecosistema sostenible y posible; una ruta unilateral impuesta no hace otra cosa que ahogar las opciones y dejar en escena un único ombligo al que mirarse.

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