Cui prodest: ¿Quién se beneficia?

Pedro Trigo sj

Hay un adagio en derecho procesal que reza así: ¿cui prodest?, es decir, ¿a quién aprovecha esto que está siendo investigado? Si no se sabe quién es el autor o el instigador de un hecho, esta pregunta pone en la pista para encontrarlo. El argumento de fondo es que a nadie se le ocurre hacer algo que lo perjudique. Este argumento supone que los seres humanos nos portamos razonablemente, es decir, buscando nuestro bien, aunque ese bien no sea el bien último y ni siquiera un verdadero bien; pero que, de todos modos, si lo hacemos es porque, mientras lo hacemos, mientras persistimos en llevarlo a cabo, lo miramos como algo útil para nuestros propósitos, algo que nos favorece.

naky protesta

Foto: Naibet Soto.

Desde esta perspectiva nos preguntamos ¿a quién favorece lo que está pasando en nuestro país? Sólo les favorece a quienes pescan en río revuelto. Quienes no tienen argumentos que esgrimir o quienes no logran que sus argumentos interesen a casi nadie, son quienes dicen que ya no es hora de hablar, que llegó la hora de medir fuerzas. Esos son los que en estos días andan levantando la voz para que el incendio se propague y buscando culpables en quienes descargarse. Esos líderes, la derecha del gobierno y de la oposición, son quienes se están lucrando de tanta crispación y tanto desorden. Desde esta lógica cabría sospechar que entre los más radicales de la oposición hay infiltrados del gobierno, de aquellos sectores del oficialismo que buscan apresurar la ruina de la burguesía para levantar sobre ella el nuevo orden. El resultado de este clima es el fortalecimiento del fascismo en ambos bandos. Ante todo, en el gobierno: fascismo es convertir gran parte de la publicidad de empresas en propaganda política, propaganda que sustituye la realidad por consignas, que estigmatiza sistemáticamente a sus adversarios; fascismo es sustituir los actos de gobierno por autoafirmación del propio poder; suprimir por la fuerza la disidencia democrática, utilizar colectivos armados para neutralizar a la disidencia; coercer a la empresa privada para que se cuadre con el Estado. Fascismo en la oposición, buscando el poder mediante la camorra.

En este escenario, los jóvenes y más concretamente los estudiantes son la carne de cañón. Ya hemos dicho que tienen causa justa para estar descorazonados, incluso resentidos, no sólo porque han visto desplomarse el poder adquisitivo de sus familias sino sobre todo porque no se les da lugar, porque el aparato productivo está por los suelos y no hay empleo para cuando concluyan sus estudios y se les condena a irse del país, y porque no tienen interlocutores porque el gobierno gobierna sólo para los suyos y no les da lugar porque ignora a las universidades que no controla y a la empresa privada y no concibe un Estado relativamente independiente del gobierno en el que reine la meritocracia sin ninguna otra consideración más que la preferencia a los sectores populares.

¿A quién le perjudica gravemente esta escalada de confrontación? A todo el que le duela el país y está dispuesto a cargar con él y a encargarse de lo que le toca. Porque el país somos todos y todos somos necesarios y no sobra nadie y juntos somos todavía insuficientes, dada la magnitud de la tarea impostergable, por el grado tan grave de deterioro humano, de la convivencia, de la seguridad, del aparato productivo, de los servicios básicos de educación y salud, además de luz y agua, en que estamos sumidos.

Se pueden alegar muchos y muy profundos motivos para la desconfianza y pueden ser muy razonables; pero por encima de ellos está la realidad de que estamos divididos y no podemos seguir desconociéndonos porque, gane quien gane, siempre pierde el país, que somos unos y otros. Más todavía, pensamos que el país no está dividido entre el gobierno y la oposición, no está dividido en dos mitades sino en una mitad polarizada, que comprende al gobierno y a la oposición, y otra que no lo está y que no se siente representada por unos ni otros, pero que puede mediar entre ambas porque, como pone al país por delante, sabe que ni el gobierno ni la oposición tienen derecho a imponer sus dictados y además no nos podemos dar el lujo de prescindir de millones de ciudadanos de cualquier bando que sean y ni siquiera de uno solo, porque todos tienen el derecho y el deber de colaborar y el país nos necesita a todos.

Así pues, si miramos desde la perspectiva del país y no del propio poder como algo absoluto, no tenemos más camino que detener la confrontación y sentarnos a dialogar. Primero, porque no es legítimo absolutizar el poder, que es meramente instrumental, pero además porque es cierto que la descalificación absoluta de los adversarios y la negativa a reconocer los problemas y errores propios, que llega hasta acabar con todos los medios de difusión para que no sean conocidos, no son signos del poder del gobierno sino de su íntima debilidad, son signo de que no existe Estado y sólo queda el ejercicio desnudo de poder. También por parte de la oposición que toma la calle hasta sacar al Presidente, esta actitud revela la ausencia de palabras y propuestas convincentes y el escaso arrastre entre las masas. Revela que, así como no hay Estado, tampoco hay partidos y sólo medio existe la MUD y falta mucho para que estén en condiciones de dejar de ser mera oposición y se conviertan en alternativa superadora

Materia impostergable del diálogo es, por parte del Estado, el reconocimiento práctico de que está al servicio de todos los venezolanos y no sólo de sus clientes; el reconocimiento práctico de que existe oposición y representa a casi tantos venezolanos como el propio gobierno; el restablecimiento de la independencia de poderes y admitir en la realidad que los cuerpos de seguridad están al servicio de la república y no del gobierno. En la esfera económica tiene que llegarse a un acuerdo con todos los productores, grandes, medianos y pequeños, para que el país produzca mucho más y con eficiencia, de manera que los dólares petroleros se reserven para comprar lo que no puede producirse en el país. El cambio en el Estado es la independencia respecto del gobierno e implantar la meritocracia, para que los servicio estén a la altura del tiempo histórico. Lo único que le incumbe la gobierno es velar para que cumplan eficazmente sus funciones y no se vuelvan sujetos en sí en vez de meros servidores de los ciudadanos y del país, y marcas determinados énfasis en la gestión del Estado.

Un punto sumamente sensible es el de la impunidad, tanto porque las fuerzas del orden son parte del problema y no de la solución, como porque el gobierno los emplea no para la seguridad ciudadana sino para sostenerse como gobierno. Hay que depurar las policías y la Guardia Nacional y darles el cometido que contempla la constitución.

Por parte de la oposición, el reconocimiento real del gobierno y la disposición a colaborar con él para logar un entendimiento nacional. Lo más importante es aceptar que en nuestro país no puede imponerse una democracia de ciudadanos sino de organizaciones populares de base, es decir, el privilegio de los pobres y no la igualdad formal, que recubre la desigualdad fáctica y la convalida. El otro punto de honor, que el petróleo tiene que seguir siendo del Estado, aunque no puede ser empleado, como lo ha hecho el gobierno, para sustentarse a sí mismo.

Si esos puntos no llegan a tocarse con voluntad de llegar a acuerdos sobre ellos, seguiremos despeñándonos en el abismo y cuanto más tardemos en sentarnos, más difícil será poner remedio.

Dios quiera que tengamos claro que este estado de violencia sólo favorece a la derecha de ambos bandos, y no al país ni a sus ciudadanos, ni tampoco el Estado ni a partidos genuinamente democráticos.

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