¿Y las Políticas Públicas? A propósito del Informe de la REDHNA

Luisa Pernalete

Cuando el Estado venezolano suscribió la ConvenciónInternacional de Derechos del Niño en 1989, y luego la ratificó en 1990, quedó comprometido con la elaboración de informes periódicos ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Esa es la costumbre. Así como también es costumbre que a esos informes oficiales, las ONGs hagan sus “informes alternativos”, así pues se ve la situación de los DDHH desde ambas ópticas.

niños

En Venezuela, en el 2004 se constituyó una red entre organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes: la REDHNA. Esa red promueve la corresponsabilidad en la materia, fomenta la cultura de paz, monitorea la situación de los derechos de la población a la cual se debe, esto último no con la intención de confrontar, sino de contribuir a que esos derechos sean una realidad para ese 32,8% de la población venezolana que conforman los niños y adolescentes. Se hace seguimiento para ver los avances, también para recomendar y para alertar donde se ven las ausencias en la materia. Es posible que el tono a veces tenga el sello de “urgente”, pero es que los derechos de los niños no pueden esperar, la infancia pasa rápido y por omisión también se peca.

El próximo 20 de noviembre la REDHNA presentará ese informe alternativo en el marco de las Jornadas anuales de la LOPNNA, espacio que la UCAB ha establecido en Caracas cada año. Dedicaremos esta columna a comentar algunos aspectos del informe.

En primer lugar, la REDHNA anota la dificultad en hacer cualquier seguimiento a la acción gubernamental en cuanto a derechos de niños y adolescentes por la ausencia de información, ya sea porque no se recoge de manera sistemática, o porque la que se tiene no se ofrece de manera libre a las organizaciones y ciudadanos interesados. No se sabe, por ejemplo, cuántos adolescentes en conflicto con la ley hay, tampoco hay datos específicos sobre niños en calidad de refugiados, niños y niñas afectados por el VIH y sida, tampoco sobre población en situación de calle, consumidores de drogas… Esto a pesar de que el IDENA en su plan 2009-2013 habló de generar y divulgar información sobre estos y otros temas. Particularmente añadimos la ausencia de datos actualizados sobre la violencia en las escuelas. Sin datos, ¿cómo se pueden abordar los problemas?

En segundo lugar, y es en este punto donde queremos hacer el subrayado, se reconoce que ha habido avances en la legislación – también algunos retrocesos – pero la legislación avanzada no se ha traducido en Políticas Públicas, esto es, no hay planes con metas a corto, mediano y largo plazo, no hay monitoreo, no se designan los recursos necesarios para que las metas se cumplan. No es que no se haya hecho nada en estos años, es que no se han hecho las cosas de manera sistemática. Hay acciones esporádicas, aisladas, a veces más como espectáculo que como intervención eficaz. En este mismo orden de ideas, tenemos la  ausencia de políticas de prevención, que es donde debería haber énfasis.

Ilustremos algunos aspectos. El problema de la violencia delincuencial que afecta a niños y adolescentes. ¡Se cansa uno de contar dramas! Solo en Ciudad Guayana, la semana que termina a han caído 4 adolescentes por balas, y en cada caso han quedado heridos niños que tuvieron la mala suerte de estar cerca de las víctimas. ¡Hasta bebés mueren por balas en este país! La REDHNA ha pedido de manera insistente la elaboración de Políticas Públicas Integrales para que los niños y adolescentes sean protegidos. Las autoridades a veces ni siquiera actúan de manera eficaz  ante hechos violentos evidentes, como está sucediendo en Ciudad Bolívar con los enfrentamientos entre liceos, o los ataques crueles a estudiantes que andan en las unidades de transporte colectivo. Son adolescentes las víctimas y también, en muchos casos, los victimarios. ¿Qué más hay que esperar? El informe aporta datos importantes en este  punto del Derecho a la Vida. El Derecho a llegar a viejos, pues.

Otro ejemplo, tenemos el Artículo 32 A de la LOPNNA,  el artículo que se incorporó a la Ley en la reforma del 2007. El 32A  prohíbe el castigo físico a niños y adolescentes, ¡un avance legislativo!, pero no hay programas que enseñe a los padres a corregir de otra manera, no ha habido campañas insistentes para que las familias sepan cómo corregir sin maltratar. La familia está muy desprotegida.

Desprotegido también está – paradójicamente –el Sistema de Protección de niños y adolescentes. Según el informe, de 337 Consejos de Protección, solo el 7% tiene equipo interdisciplinario, y sólo el 28% cuenta con espacios adecuados para garantizar la confidencialidad necesaria en su trabajo. ¿Si el Sistema de Protección no tiene recursos, quién protege a los niños?

LA REDHNA ha puesto la lupa en aspectos medulares de los derechos de niños y adolescentes. Le corresponde a sectores amplios de la población hacerse eco de esto y elevar voces, como un gran coro, para que los 8.937.456 niños y adolescentes venezolanos puedan crecer en paz y se sientan que son “Prioridad Absoluta”.

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Acerca del autor

Luisa Pernalete

Educadora e investigadora del Centro de Formación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Ex directora zonal de Zulia y Guayana. Ha trabajo en educación para la paz, redactando libros y artículos sobre el tema para prensa nacional y regional.