La comuna demanda una verdadera participación popular

 Nelson Freitez*

REVISTA SIC 752

Si no logran desarrollar capacidades de gestión y administración porque su dinámica depende no de las capacidades e iniciativas sociales y participativas de la población sino de las pautas que le marque un ente externo, verá disminuidas sus posibilidades de desarrollo

3.3.1_Juan Soto

Una discusión esencial sobre el tema de las comunas y del Estado comunal está relacionada con las posibilidades reales de desarrollo de la participación de las comunidades que estas figuras organizativas y político-administrativas pueden propiciar. La idea de la comuna en el discurso oficial –como espacio de organización del Estado y de la población– está asociada al autogobierno comunal, lo cual obviamente tiene que ver con la mayor participación y gestión comunitaria posible en los asuntos colectivos, comunales. En este artículo reflexionaremos acerca de tales posibilidades partiendo tanto de los discursos y prácticas gubernamentales vigentes en más de una década, como de las características de la propuesta comunal en lo referente, específicamente, al tema participativo. No abordaremos el carácter constitucional de las mismas, ni tampoco la viabilidad del montaje y consolidación del Estado comunal.

La participación protagónica: aspiración y realidades

La exclusión de la mayoría de la población venezolana de los beneficios de la vida económica y de la gestión del Estado que impusieron las élites económicas y políticas en la Venezuela contemporánea, contribuyó a generar las enormes expectativas de participación que amplios segmentos de nuestra población popular actualmente manifiestan. El alto ingreso petrolero percibido por el Estado durante décadas, cimentó las aspiraciones de inclusión y mejora acelerada de los niveles de vida de esas mayorías excluidas. Las frustraciones por las promesas incumplidas de redención y participación que los gobiernos generaron, se fueron acumulando hasta fundamentar las intensas exigencias de participación que hoy se evidencian.

A partir del año 1999 se abre un conjunto de procesos de participación en distintos ámbitos sociales y territoriales –vecinales, laborales, femeninos, indígenas, juveniles, etcétera– los cuales, a través de diversas figuras organizativas, buscaron influir en la gestión del Estado y, por ende, en la distribución del ingreso nacional. Se multiplicaron por todo el país mesas de agua, comités de tierra urbana, círculos bolivarianos, cooperativas, diversas misiones sociales y una variada gama de organizaciones impulsadas tanto por entes gubernamentales como por el partido de gobierno, las cuales, durante varios años, logran reflejar en una medida significativa la diversidad social e ideológica existente en la población y canalizan las aspiraciones de participación existentes. Estas dinámicas de participación comienzan a bloquearse –aproximadamente entre los años 2005/2006– en la medida en que se le va imponiendo a tales organizaciones que se pronuncien y promuevan propuestas electorales y programáticas del partido de gobierno y del presidente de la República –sobre todo en las elecciones presidenciales del año 2006 y en el referendo sobre la reforma constitucional del año 2007.

En ese contexto de creciente predominio de figuras organizativas propuestas por el Estado y el partido de gobierno, surgen los consejos comunales, a partir del año 2006, los cuales vienen a convertirse en los mecanismos centrales en la relación entre las comunidades y el Estado como figuras con personalidad jurídica que formulan proyectos y reciben recursos financieros de este para ejecutar obras en las comunidades. Distintas evaluaciones de las dinámicas de funcionamiento de tales organizaciones señalan, entre otros aspectos, que se ha concentrado la participación comunitaria en los voceros, se han reducido –en número y cantidad de participantes– las asambleas ciudadanas, se ha restringido la pluralidad de sus voceros al ser hegemonizados por integrantes del partido de gobierno y su labor fundamental se ha centrado en la elaboración de proyectos, gestión de recursos y construcción de pequeñas obras comunitarias o refacción de viviendas.

La intensa dinámica electoral que ha experimentado la sociedad venezolana en esta última década ha impactado los ámbitos comunitarios urbanos –donde residen las grandes mayorías electorales– sobre todo partidizando los espacios organizativos comunitarios, en especial los consejos comunales, los cuales han recibido la mayor atención de los entes gubernamentales y el mayor volumen de recursos. El control partidista de la dinámica y funcionamiento de tales organizaciones ha ido aumentado en cada proceso electoral a partir del año 2007 en la medida en que se les ha involucrado en tales eventos proselitistas.

A partir de los años 2008/2009 se impulsa la propuesta de creación de las comunas como figuras organizativas que agrupan ámbitos comunitarios, articulando consejos comunales que se van coordinando para designar voceros, seleccionar representantes para un parlamento comunal y elaborar proyectos conjuntos para beneficios comunitarios compartidos.

En esta larga década de ensayos de diversas figuras de organización y participación se evidenció que la mayoría de estas motivaron inicialmente una amplia movilización comunitaria, aunque después la injerencia y control partidista de sus dinámicas ha tendido a disminuir la participación y a circunscribirla a quienes se adscriben al proyecto político del partido de gobierno. Igualmente la participación se ha ido focalizando en la elaboración, gestión y ejecución de proyectos como mecanismo impuesto para el acceso a los recursos financieros del Estado, reduciendo la participación comunitaria a esta restringida dinámica de relación con entes públicos donde  la comunidad no controla al Estado sino que es controlada por este y por el partido de gobierno.

 Las comunas: amplia y efectiva participación o control estatal

La propuesta de conformación de comunas –como las diversas figuras anteriormente promovidas– ha despertado interés sobre todo en las bases más activas y movilizadas de quienes respaldan el actual proceso político impulsado por el presidente Chávez. Ya son más de quinientas las comunas que se han ido constituyendo en diversas entidades del país promovidas tanto por el ministerio creado para tal fin, como por los mismos grupos que habían constituido los consejos comunales ó las otras formas organizativas señaladas. Una Red Nacional de Comuneros que agrupa unas ochenta experiencias desarrolla, desde el año 2009, distintas iniciativas de intercambio y formación entre las mismas. Desde el año 2010 se han aprobado un conjunto de nuevas leyes que le otorgan un amplio abanico de atribuciones a las comunas en la administración y gestión de servicios y actividades en las comunidades; incluso, se le está otorgando progresivamente un significativo volumen de recursos a estas experiencias para propiciarlas y consolidarlas. Se tiene contemplado en el Plan de la Nación 2013-2019 la creación de 3 mil comunas a un ritmo de 450 por año hasta llegar a agrupar cerca del 70% de la población venezolana. En fin, un amplio respaldo político, legal y financiero y unas altas expectativas gubernamentales de que progresivamente puedan asumir atribuciones que hoy gestionan gobernaciones y alcaldías.

Sin embargo, el elemento central de una comuna –lo que constituye su sustancia y razón de ser– es la participación real y efectiva de la población en la organización y funcionamiento de la misma. Tanto en lo socioproductivo –en la medida en que se concibe a la comuna como un espacio de producción e intercambio endógeno de bienes y servicios que generan y distribuyen en el espacio comunal empresas de producción social comunitarias– como en lo político-administrativo, para la gestión de servicios comunitarios.

Ambos tipos de funciones de las comunas –socioproductivas y político/administrativas– demandan un amplio desarrollo de capacidades por parte de las comunidades lo cual exige, por un lado, la formación técnica de tales capacidades y, por otra parte, la iniciativa y compromiso para asumir los procesos productivos y participativos.

La reciente experiencia de promoción, creación y financiamiento de cooperativas entre los años 2002-2008 –en los cuales se registraron en la Superintendencia Nacional de Cooperativas alrededor de 320 mil cooperativas, se financiaron desde entes públicos unas 25 mil, y en la actualidad pudieran estar funcionando dificultosamente menos de 10 mil de estas asociaciones– nos demuestra que el exceso de financiamiento del Estado, el tutelaje gubernamental de las iniciativas y la improvisación en su organización no garantiza la sostenibilidad de estas organizaciones. Si las empresas comunitarias que serán promovidas en las comunas tienen similares procesos de creación, basadas exclusivamente en un financiamiento estatal de carácter partidista y clientelar, no podemos esperar ni verdadera participación comunitaria ni consolidación de tales empresas. El Estado nacional asfixiará la iniciativa comunitaria que se verá inhibida y tutelada por los recursos gubernamentales y por los entes y líderes políticos que los administran. No veremos autogestión comunitaria sino dependencia financiera del Estado, con el consecuente tutelaje que trae aparejado.

Una comuna como ente de autogobierno comunitario que no logre desarrollar capacidades de gestión y administración porque su dinámica de organización y funcionamiento dependa no de las capacidades e iniciativas sociales y participativas de la población comunal, sino de las pautas que le marque un ente externo –ya sea estatal o partidista–, verá disminuidas sus posibilidades de desarrollo. Una parte importante de las experiencias de los consejos comunales que han visto mermar sus iniciales dinámicas de amplia participación comunitaria para darle paso a diferentes formas de control estatal y/o partidista de sus procesos, demuestra que sin un nivel de pluralismo en su conformación y en la autogestión básica de sus recursos, no habrá una real, vigorosa y sustentable participación en las comunas que se están creando, así cuenten con todo el apoyo político, jurídico y financiero posible.

Las experiencias productivas y de desarrollo local que se han consolidado y expandido en distintos espacios, por ejemplo en las zonas altas del estado Lara, demuestran que las comunidades pueden ser productivas y asumir la gestión de servicios comunitarios. Ello, siempre que puedan potenciar sus capacidades autogestionarias y desarrollar su estima, identidad e iniciativa para impulsar, desde su propia idiosincrasia y recursos básicos, los procesos de amplia participación comunitaria que le ofrezcan respuesta a sus necesidades y aspiraciones. El proceso de creación de comunas y del Estado comunal que actualmente se impulsa en el país parece enrumbarse en otra dirección.

            Este proceso podría estar orientado por dos lógicas distintas. Una, inspirada en las aspiraciones de protagonismo comunitario, que busca que la organización y funcionamiento del Estado –y la administración de su voluminosa renta– puedan estar lo más cerca posible a las necesidades y aspiraciones de la comunidad para que esta pueda influir y hasta determinar sus decisiones. La otra lógica podría ser la de aquellos que consideran que el protagonismo comunitario debe concretarse en espacios territoriales específicos para la ejecución de obras y servicios que le sean asignados por el Estado nacional, por lo que se hace necesario crear entes comunitarios de carácter paraestatal adscritos a un ministerio y que cuenten exclusivamente con financiamiento gubernamental. Esta última lógica contraviene la experiencia histórica de participación que apunta hacia la autogestión, la pluralidad y la autonomía frente al Estado como vía para la consolidación de figuras organizativas de participación comunal.

*Sociólogo. Miembro del Centro Gumilla en Barquisimeto.

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