Chávez y la seguridad frente al delito

Antonio J. González Plessman*

REVISTA SIC 757

La ejecución seria y sostenida de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela no puede demorarse más. Los dispositivos coyunturales ‒como Patria Segura‒ no pueden restar atención a las intervenciones de carácter estructural

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El modo en que el Estado caracteriza la situación de la inseguridad frente al delito y construye sus respuestas, está imbricado al problema mismo. Puede contribuir a profundizarlo y a reproducir el orden injusto que él entraña o puede reducirlo, en el marco de un proceso global de transformación estructural. En estos 14 años de Revolución, es posible distinguir tres etapas en la caracterización y respuestas que, desde el Estado, se le ha dado al problema.

La primera etapa va desde 1999 hasta 2005. La tesis fundamental que la impulsa es que la redistribución de la riqueza, en un contexto de apego de todas las agencias del sistema de justicia penal al respeto de los derechos humanos, generaría mayores niveles de seguridad. Los mayores esfuerzos se concentraron en la elaboración de una Constitución garantista, en las políticas de inclusión social y en un llamado explícito a los cuerpos de seguridad a actuar apegados a la ley. Se realizaron, también en esta etapa, con poca incidencia y nula evaluación, operativos policiales, proyectos e intervenciones puntuales de carácter simbólico, así como reformas legales (procesales y penales) punitivistas, por parte de la Asamblea Nacional, que respondían a coyunturas de presión social.

La segunda etapa va desde 2006 hasta 2011. Se inicia con dos constataciones: por un lado, los enormes avances en materia de reducción de pobreza y desigualdad no fueron suficientes para revertir la tendencia de los delitos violentos; por el otro, la sola orientación estratégica no logró revertir un comportamiento inercial de los cuerpos de seguridad, vinculados a prácticas delictivas y a la vulneración de los derechos humanos.

Como respuesta a ello, en esta etapa se inicia la reforma policial con la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), que diseñó en nueve  meses, luego de una consulta popular y un enorme esfuerzo de investigación, un nuevo modelo policial, dando vida, en los años sucesivos, al Consejo General de Policía, al Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De esta etapa es, también, la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme, que diseñó, previa consulta popular y sustentándose en investigaciones, una propuesta de Ley para atender esta fundamental dimensión preventiva de la política. Al igual que en la anterior etapa, estas medidas de fondo, estratégicas, coexistieron con intervenciones coyunturales, de carácter simbólico, como el DIBISE y nuevas reformas legales punitivistas.

La tercera etapa se inicia en el 2012. Es producto de un proceso de maduración del análisis del problema y de la acumulación de experiencias de las etapas anteriores, en un contexto de persistencia de indicadores negativos, tanto de percepción como de ocurrencia delictiva. En palabras del comandante Chávez, la inseguridad es “…un problema complejo… poliédrico, porque tiene un conjunto de perspectivas, de puntos de vista, desde los cuales podemos estudiarlo, analizarlo y luego enfrentarlo, abordarlo, para buscar las soluciones… aplicando las tres R[1].

El presidente Chávez, ratificando las líneas estratégicas de las etapas anteriores, concibió un abordaje integral del problema, que concretó en el diseño de la Gran Misión “¡A Toda Vida! Venezuela” (GMATVV), en donde se articulan acciones de prevención y de control penal basadas en los derechos humanos. La GMATVV ‒en sus seis vértices, 29 líneas estratégicas y 117 acciones programáticas‒ agrega enfoques y ámbitos no trabajados hasta entonces por el Estado, como la reforma radical de todo el sistema de justicia penal (que supone, entre otras cosas, revertir las reformas punitivistas, garantizar la coordinación institucional y la eficacia), la creación de un sistema de atención a las víctimas, el estímulo a la producción y socialización de conocimientos y la profundización de una línea de inclusión y protagonismo popular juvenil. Las orientaciones estratégicas de la GMATVV fueron incluidas, además, en el Plan de la Patria 2013-2019, lo que fortalece su anclaje como política inter-agencial, de Estado, llamada a trascender coyunturas concretas.

La ejecución de la GMATVV es, sin embargo, muy deficitaria. No obstante, sería injusto no advertir, en defensa de esta política pública, que desde su lanzamiento, hace un año, hemos vivido sucesos de gran impacto en la vida nacional: dos campañas y elecciones presidenciales, el deterioro de la salud y muerte del presidente Chávez, la movilización de duelo popular y la intensa ofensiva de la derecha venezolana, impulsada por el momento de debilidad política que implicó haber ganado las elecciones del 14 de abril de este año, con un margen pequeño de votos. A esto hay que agregarle que, en menos de un año hemos tenido tres ministros del Interior y Justicia, con su lamentable cambio de equipo de gestión y orientaciones políticas.

El futuro de esta tercera y recién nacida etapa está por definirse. Depende de decisiones, tácticas y estratégicas del alto Gobierno y de la dirección colectiva de la Revolución. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro se inicia con el relanzamiento de la GMATVV, al tiempo que agrega una medida coyuntural: el dispositivo “Patria Segura”. Frente a ello, planteamos aquí algunas alertas:

1.- La ejecución seria y sostenida de la GMATVV no puede demorarse más. Los dispositivos coyunturales no pueden restar atención a las intervenciones de carácter estructural. A los productos y metas de la GMATVV deben asignárseles tiempos y responsables, y ser evaluados pública y periódicamente.

2.- La presencia militar y policial ostensiva en la calle, en particular en barrios urbanos, tiende a aumentar la criminalización sobre los sectores populares. Así ocurrió con el DIBISE, en el marco del cual creció la población penitenciaria, particularmente de jóvenes pobres seleccionados por el sistema por tener pequeñas cantidades de droga. Más jóvenes presos por delitos nimios, significa aumento de la población y violencia penitenciaria y el muy probable inicio de nuevas trayectorias delictivas, que aumentan la inseguridad; así como la reproducción de la desigualdad de clases. El diseño de “Patria Segura” no permite pensar que en esta ocasión vaya a ser diferente. A corto plazo, es preferible sustituir este dispositivo, por medidas inmediatas ya previstas en la GMATVV como el patrullaje inteligente, basado en análisis georeferenciados del delito cuya eficacia, por encima de los puntos de control (priorizados por “Patria Segura”), está harto demostrada.

Sin ignorar la compleja situación actual de las fuerzas de la Revolución, que puedan tentar a aplicar medidas efectistas (por cierto, aplaudidas por el candidato de la derecha), consideramos que el legado del presidente Chávez nos plantea el reto de la consistencia estratégica, al tiempo que nos ofrece opciones tácticas para enfrentar la coyuntura.

 

*Director de la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana del Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GISXXI).

 


[1] Chávez, Hugo. “Lanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela”,  20 de junio de 2012.

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