Sobre la LOT: El taxista y el estado de derecho

Lissette González

En estos días que estuve sin carro por Caracas tuve oportunidad de viajar en metro (contra todo pronóstico, sin ningún incidente que reportar) y, sobre todo, de conversar con los taxistas durante la habitual lentitud del tráfico en la ciudad una hora pico. Un día de cola especialmente complicada me encontraba en Chacaito intentando tomar un taxi y todos seguían de largo. Los peatones están acostumbrados: cuando más se necesita el servicio, los taxistas consideran que una carrera en semejante caos no es negocio.

Afortunadamente, apareció un Lada bastante destartalado con una calcomanía de taxi en el parabrisas que sí se detuvo. Después de negociar el precio, me subí y emprendimos el viaje que en condiciones normales toma 15 minutos, pero que ese día tomó 40. Y, claro, conversamos.

Marcos es moreno, fornido, creo que tendrá 30 años o algo menos. La conversación empezó con las generalidades típicas: la cola, el clima, la política. Pero luego me enteré que es taxista desde hace solo pocos meses. Antes era albañil y se dedicaba a hacer remodelaciones en casas con un grupo de obreros y ayudantes que él mismo contrataba. Es decir, Marcos hasta hace nada era un pequeño empresario, aunque informal.

Sin lugar a dudas, su anterior oficio era más lucrativo y lo exponía menos a la inseguridad reinante que, como sabemos, cobra víctimas entre los trabajadores del transporte con excesiva frecuencia. Por esa razón me pareció ese cambio en su línea de negocio muy inusual y por allí se fue la conversación un largo rato. ¿Por qué el cambio, qué pasó? Y lo que pasó fue que un cliente lo dejó guindando.

A fines del año pasado empezó a trabajar para una familia que acababa de comprar una vieja casa en La Lagunita. Según cuenta Marcos, la casa estaba prácticamente en ruinas y él se ocupó de poner porcelanato en el piso, hacer arreglos en paredes y tuberías, cambiar las ventanas. Pasó más de tres meses trabajando en esa casa y antes de empezar habían acordado un precio por la remodelación completa. Los clientes iban comprando los materiales y pagando semanalmente la nómina de los obreros. Al final, cuando entregó la obra concluida, el cliente se negó a pagar lo restante del precio acordado. Le gritaron, lo insultaron, lo echaron de la casa. Le dijeron que podía reclamar donde quisiera, pero que no lograría nada porque ellos son gente importante, con contactos e influencia. Así que Marcos tuvo que irse con la cabeza gacha, sin llevar a su casa un bolívar de ganancia después de dedicar tres meses a una obra. Y fue así como decidió convertir su viejo carro en taxi. Quizás no será tanto el dinero, pero nadie va a quedarse con plata que hace falta en casa.

Podemos pensar lo que nos parezca sobre esa familia deshonesta que no honró un compromiso que había adquirido, así sea sólo de palabra. Pero no me interesa la discusión sobre ética que puede suscitar esta anécdota porque también en Alemania y Estados Unidos hay gente deshonesta. Así que el tema no es la “cultura del venezolano”, porque la diferencia entre nosotros y cualquier país con instituciones fuertes no es la ausencia de deshonestidad, sino la distinta capacidad del Estado para intervenir exitosamente en casos como este y, por tanto, desestimular los incumplimientos.

Cuando se habla de estado de derecho solemos centrarnos en la división e independencia de los poderes públicos, en el respeto de las libertades individuales y los derechos humanos, en la seguridad jurídica, entre otros muchos temas en los que nuestras instituciones públicas hoy sacan una nota deficiente. Sin embargo, la convivencia no solo necesita de esas normas que regulan la relación de los ciudadanos con el estado. También necesitamos instituciones que garanticen el cumplimiento de los contratos entre privados. No hay emprendedor que pueda tener éxito, no hay crecimiento a largo plazo en sectores diversos de nuestra economía si no se cuenta con un árbitro imparcial frente a las disputas comerciales.

¿Qué habría necesitado Marcos? Primero, constituir una empresa formal (RIF, NIT, registro mercantil…); segundo, haber firmado un contrato notariado en el que quedaran claras las condiciones del negocio; tercero, tribunales capaces de actuar con celeridad en el caso de una disputa. ¡Solo enumerándolo da miedo! Imagínense intentar hacerlo, sobre todo si usted es una persona humilde que vive en una zona popular de Caracas, para quien cada día dedicado a hacer diligencias, es un día que no lleva plata a la casa.

Por tanto, el estado de derecho no es una abstracción que sólo incumbe a quienes están debatiendo en la escena pública en esta coyuntura polarizada y conflictiva. Los costos de su ausencia la vivimos todos, todos los días.

Feliz día a todos los trabajadores, especialmente a los más vulnerables y desprotegidos. A aquellos para quienes no significará nada la nueva LOT.

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