Observatorio Venezolano de Violencia alerta sobre la desconfianza en los cuerpos de seguridad

La más reciente encuesta nacional de victimización realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia indica que, a pesar de la instauración de un nuevo modelo policial, no ha disminuido la tendencia de la población a desconfiar de los cuerpos de seguridad. 91,7% de los ciudadanos cree que los policías cometen delitos
El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio, con la colaboración de 6 universidades (UCV, ULA, UCLA, LUZ, UDO y Universidad Católica del Táchira). Incluyó a 942 personas pertenecientes a todas las clases sociales y de todas las ciudades del país.
Los resultados del trabajo serán divulgados en los próximos días. Uno de los capítulos determinó que sólo 8,3% de las personas cree que los funcionarios policiales nunca están involucrados en delitos. El resto señaló que los uniformados violentan las leyes algunas veces (58,3%) o siempre (33,4%); 91,7% en total.

En el trabajo del año 2010, más de 10% de los entrevistados aseguró que los policías no cometen delitos. Esto indica que la desconfianza en los uniformados se ha acentuado.

El director del Observatorio Venezolano de Violencia, sociólogo Roberto Briceño León, considera que este es un resultado muy duro para los cuerpos de seguridad. Señala que los números obtenidos en el sondeo obedecen a una tendencia, y no a la alteración de las opiniones en virtud de casos tan graves como los tres homicidios en los calabozos del Departamento de Aprehensión de Cicpc, reportados justo cuando se hizo el sondeo.

Esta desconfianza incidirá de manera negativa en la ejecución de cualquier plan de desarme que diseñe el Ejecutivo con la cooperación de los cuerpos de seguridad. “¿Quién desarmará? ¿Serán las policías? ¿Creerá la gente en ellas cuando comience el desarme?”, se pregunta el sociólogo.

Otro aspecto que, según Briceño, ha generado desconfianza es la politización de la Policía Nacional y la participación de sus agentes en hechos delictivos. Recuerda que esta es la organización utilizada por el Ejecutivo para implantar el nuevo modelo policial en todo el país.

Violencia urbana en el campo
Los patrones de la violencia urbana, según el estudio, se reproducen en el campo. El martes en la tarde, cuatro hombres que iban en motocicletas acribillaron a Ángel Ponce Núñez, de 21 años de edad. El hombre era estudiante de quinto año de bachillerato de la Misión Ribas. Su cadáver quedó en la calle, frente a un establecimiento donde jugaba pool y bebía con amigos. Tenía múltiples heridas por proyectiles.
Por sus características, este caso podría corresponder a cualquiera de los que reportan los periódicos de las grandes ciudades del país. Pero ocurrió en un caserío de Barinas conocido como Pata de Gallina, a cinco horas de camino desde la capital de la región. Briceño advierte que este tipo de crimen ya no representa una excepción en los ambientes rurales del país. Por el contrario, obedece a una tendencia que ha elevado las tasas de homicidios en las regiones menos urbanizadas.

Sobre las base de las cifras de homicidios disponibles hasta el mes de junio, y tomando en cuenta las estadísticas correspondientes a los años anteriores, la organización hizo una proyección que coloca a Barinas como el cuarto estado más violento del país, con 60,18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Distrito Metropolitano (126,85 por 100.000), Vargas (101,08 por 100.000) y Carabobo (78,69 por 100.000) ocupan los 3 primeros lugares, con base en sus tasas de homicidios. Esto no es sorpresa.

La tasa de homicidios de Vargas está entre las 2 más altas del país desde 2006, cuando la Conarepol hizo un diagnóstico regionalizado sobre la violencia del país. Barinas, en cambio, ha encabezado el ascenso en las estadísticas de violencia correspondientes a los estados rurales. En 1999 tenía una tasa de 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2007, la cifra había subido a 46 casos. Este año se proyecta a 60,18.

Barinas y Sucre
En Barinas, advierte Briceño, “hay una expansión de la violencia fronteriza, los negocios de los irregulares se han instalado allí y han desplazado incluso el comercio formal”. Detrás de la creciente estadística de homicidios se esconde el incremento de las actividades de la delincuencia organizada. Briceño indica que en Barinas la guerrilla, incluso, ha llegado a controlar la distribución de tarjetas telefónicas.

El estado Sucre tampoco figuraba en el mapa de la violencia del país. Ahora tiene la quinta tasa de homicidios más alta, con 57,25 casos por 100.000 habitantes. Briceño alerta que en esa región se han impuesto líderes caracterizados por actuar sin respeto a las leyes. Eso ha generado un efecto de imitación en otros grupos de poder. “La única empresa grande es Toyota, y tiene un conflicto con dirigentes sindicales asesinados y actores que no acatan las decisiones de los tribunales”, dice.

Observa que, como sucede en Vargas, Sucre es una región con presencia activa de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Esto ha contribuido a la expansión de la violencia en poblaciones tradicionalmente tranquilas, como Carúpano y Río Caribe.

En este contexto, las autoridades no se colocan en el lado de la aplicación de la ley. “Encontramos el caso de una persona en Sucre que llamó a la policía para que actuara ante un atraco, y la propia policía recomendó a los denunciantes que si podían dispararan contra los delincuentes”, refiere.

Fuentes: El Nacional, Observatorio de Violencia, Centro Gumilla

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