Golpe legislativo

Antonio Pérez Esclarín

Resulta de un absoluto cinismo y expresión de una doble moral impúdica y vergonzosa que sean precisamente los verdaderos golpistas los que pretendan descalificar y satanizar tildándolo de golpista a cualquiera que se atreva a plantear la menor crítica. No olvidemos que el propio Presidente y muchos de sus colaboradores más cercanos saltaron a la palestra pública y se dieron a conocer a consecuencia de un golpe no precisamente mediático, sino un golpe bien violento y cruento con el que pretendían derrocar a un gobierno electo democráticamente mediante el voto mayoritario de los ciudadanos. Como los vencedores reescriben siempre la historia según sus conveniencias, han pretendido hacernos creer que ese golpe fue un acto insurreccional heroico que viene a continuar la gesta independentista de nuestros libertadores. Esta interpretación, aparte de ser una aberración histórica, en cierto sentido abre la puerta a la legitimidad de otros posibles golpes pues deja a la interpretación de los triunfadores la legitimidad o no de dichos golpes. Todo golpe contra un poder legalmente constituido, provenga de donde provenga, es ilegal y hay que condenarlo sin titubeos.

A finales del pasado mes de diciembre y en plenas fiestas navideñas, la mayoría de una Asamblea moribunda, en vísperas de dejar sus funciones, dio un auténtico golpe de estado contra el parlamento electo el 26 de septiembre de 2010. Esto es lo que demostró con claridad el profesor Pedro Nikken en su intervención “El nuevo contexto político del país”, en una reunión de análisis del nuevo escenario nacional realizado en la Universidad Católica Andrés Bello a comienzos del nuevo año.

Con palabras textuales del profesor Nikken,

“una asamblea nacional agónica delegó en el Presidente de la República la potestad de legislar durante un período que excede su mandato, durante el cual esa potestad correspondía y corresponde a quienes eligió el pueblo para ejercerla. Más allá de las formas jurídicas, es obvio que se incurrió en un claro abuso de poder, que defrauda ilegítimamente la voluntad del soberano. La mayoría circunstancial de 2005 encontró un ardid para imponerse sobre el voto de 2010 y extender el efecto de aquel precario mandato hasta 2012. Es una imposición a la vez ilegítima y antidemocrática, que se aprovecha de la sumisión del poder judicial para garantizar que se la cometa impunemente. Adicionalmente (…) se ha facultado al Presidente a decretar leyes que, bajo conocidos estándares internacionales de universal aceptación, sólo pueden emanar de los órganos legislativos previstos en la Constitución y democráticamente elegidos, como lo son el establecimiento de nuevos delitos y penas, y las limitaciones a los derechos humanos, incluida la anunciada restricción de la cooperación internacional que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que luchan en defensa y promoción de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. A esto se agrega que se ha reformado el reglamento de la Asamblea Nacional, en términos que restringen de manera irrazonable y abusiva las posibilidades reales de que los diputados elegidos el 26 de septiembre de 2010 puedan ejercer efectivamente su mandato… Para privar a los 65 diputados que eligió la oposición del ejercicio real de su mandato, se ha procedido a sepultar al parlamento como tal. Se ha configurado así un verdadero golpe de estado contra la Asamblea Nacional elegida el 26 de septiembre de 2010, a la que se pretende condenar a ser un parlamento que no legisla y no debate”.

O sea, que en definitiva, la vieja Asamblea, cegada en su obediencia sumisa al jefe, ha terminado dando un golpe contra sí misma.

Hasta el guabinoso Insulza, Secretario General de la OEA, verdadero equilibrista para quedar bien con todo el mundo y así continuar en la presidencia, no pudo pasar por alto el carácter dudosamente democrático de la Ley Habilitante y se vio obligado a manifestar sus objeciones. Como era de esperarse y el propio Insulsa temió, las descalificaciones y ofensas no se hicieron esperar: “Pobre secretario de la OEA, porque el pobre da lástima, servir de triste vocero del imperio”.

El Presidente quiso ser gracioso citando a Cantinflas, “yo a usted ni siquiera lo ignoro” expresión que, en un cómico, denota inteligencia, pero que en un presidente demuestra, además de mucha bravura y malestar, todo lo contrario de lo que quiere expresar. Afirmar que “a usted yo ni lo ignoro” y seguir en otras declaraciones denigrando del Secretario General de la OEA, es reconocer lo muchísimo que le han dolido sus declaraciones.

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