Centro Gumilla pide a la Asamblea Nacional una mayor discusión sobre Ley de Desarme

El Manifiesto por el Desarme fue una iniciativa del Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la UCV y el Centro Gumilla, suscrita por otras 12 organizaciones civiles y más de 800 firmas, que exhortó en el mes de junio a los diputados de la Asamblea Nacional, especialmente a la Comisión de Defensa y Seguridad, a que ampliara la consulta y participación popular sobre el proyecto de “Ley de Desarme y Control de Municiones” que reposa en el parlamento desde enero. El documento fue entregado al Parlamento más de dos meses y desde entonces hemos pedido que se abra un mayor compás de discusión sobre esta ley, antes de pasar a su segunda discusión y posterior aprobación en el hemiciclo.
Como centro de reflexión y acción que trabaja atentamente las problemáticas del país, y como propulsores del programa por la paz “Hablando se entiende la gente”, el Centro Gumilla se hace parte del coro de voces que denuncia en la violencia y la inseguridad ciudadana el punto más importante a atender en la actualidad. Estas semanas, las fuentes oficiales parlamentarias han anunciado que la ley será sancionada próximamente, e incluso en sesiones extraordinarias, por lo que nuevamente pedimos que se revise con mayor profundidad los alcances de esta ley y las propuestas que puedan provenir de organizaciones de derechos humanos y comunidades para enriquecerla.
Ha habido otras experiencias de políticas en materia de seguridad, como el Consejo Nacional de Reforma Policial (Conarepol), cuyo buen trazo lo ha marcado su amplia consulta e inclusión de diversas voces para su construcción, además del desarrollo de diagnósticos que han permitido ir tomando decisiones de carácter estructural. En este caso la Ley de Desarme y Control de Municiones debería ser otro ejemplo en el que sea un consenso nacional en torno al desarme, y no la premura por presentar acciones sobre seguridad en época electoral, el que movilice a la ciudadanía y sus parlamentarios en el espacio de la Asamblea.

Del Manifiesto reivindicamos algunos principios que deberían regir una política de desarme, para que trascienda los operativos policiales y militares y que signifiquen un cambio cultural, según el cual la tenencia de armamento no brinda mayor seguridad y por lo tanto la población civil no debe estar armadas. Seguimos creyendo que:

§ Más allá de la organización y desarrollo de labores de registro de las armas que se encuentran en el país, el objetivo es desarmar a la población haciendo que los civiles que detenten armas de fuego sean excepcionales y deban estar debidamente reglamentados en atención a un marco legal preciso y claro al respecto.

§ Se debe prohibir que desde el Estado se fomenten programas, procesos de formación y/o capacitación en el uso de armas de fuego a la población civil.

Para la disminución del parque de armas en el país, solicitamos que todo armamento irregular recuperado por las autoridades debe ser destruido de inmediato, salvo que esté incurso en alguna investigación criminal, y recomendamos no ofrecer “canjes” de armas porque los resultados obtenidos en otras ocasiones han llegado a ser contraproducentes. Consideramos que cultivar una cultura ciudadana sostenida sobre la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado será la que logre que los civiles entreguen sus armas, en ese sentido es necesario que se hagan también más rigurosos los controles sobre las armas y municiones que están bajo la administración de los cuerpos de seguridad del Estado.
El Centro Gumilla espera que el desarme sea un tema que no se termine politizando en el marco de una campaña electoral cuando el país requiere una atención multifactorial al tema de la violencia armada, que cada día cobra más vidas, como lo reporta la Encuesta de Victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. El primer proyecto de Ley de Desarme, que reposa en la Asamblea Nacional desde el mes de enero, debe ser mayormente distribuido y discutido entra la población para poder recoger las reflexiones de más sectores y así desarrollar paralelamente, desde la participación popular, una mejor apropiación de un instrumento legislativo que, junto a otros desarrollado desde el parlamento, de un cambio cualitativo en la atención sobre la seguridad ciudadana.

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