Inhabilitaciones y Miedo Político

Arturo Peraza s.j.

Quien esto escribe piensa que, en general, el PSUV tiene buenos candidatos con un importante apoyo que se manifestó en las elecciones internas (por ejemplo, el caso de Aristóbulo Istúriz) y que por lo tanto no requieren que sus adversarios se enfrenten a ellos con una mano atada a la cintura.

Pero ésta no parece ser la percepción del gran elector. Así pues, ha terminado ordenando que se inhabilite a quienes puedan, de alguna forma, convertirse en competencia para sus candidatos, en particular cuando nos referimos a la zona de la gran Caracas, aplicando una interpretación aberrante de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Esta decisión no sólo significa una clara violación a los derechos políticos de quienes son objeto de la misma, sino de todos los ciudadanos que de alguna forma pensamos que las elecciones son un derecho de los electores a los cuales se les ha secuestrado la facultad de elegir en virtud de la decisión unilateral de un funcionario que no ejerce competencias jurisdiccionales.

Una cosa es la imputación por delitos contra la cosa pública ante los órganos jurisdiccionales y la imposición de penas en sentencias definitivamente firmes, pero otra muy distinta es la decisión administrativa de un funcionario como lo es el Contralor General.

Pero el problema no se circunscribe a una grosera violación de los derechos humanos de todos (lo que ya de suyo sería más que suficiente para elevar una protesta). Se trata de una nueva exclusión en la misma línea de la lista Tascón; se trata de que es el gran elector quien determina no sólo los candidatos de su partido, sino los candidatos que pueden competir con sus candidatos; se trata de una grave desconfianza (a mi juicio no racional e incluso inconveniente) a las posibilidades electorales de su gente; se trata de un nuevo intento de asfixiar los canales democráticos. Por eso el rechazo pasivo que esa medida ha tenido en la población.

En general a los venezolanos nos gusta el juego limpio y justo, no juegos amañados en los cuales uno de los jugadores está en clara e injusta desventaja. Este tipo de medidas suena arbitraria y abusiva. Tal cosa termina devolviéndose contra quien la toma, pues convierte en víctima a quien antes era un simple adversario que podía ser vencido en buena lid. Mucho de los hoy inhabilitados pudieron ser simples adversarios que enfrentados en un proceso electoral equitativo y justo pudieran ser vencidos políticamente, pero el gran elector, usando a su comisario político los ha convertido en víctimas. Y lo peor es que una víctima es mucho más peligrosa que un buen adversario, como hoy lo señala Barreto y lo demuestra la historia de RCTV.

* Director de la revista Sic

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Acerca del autor

Arturo Peraza sj

Jesuita. Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela desde 2010. Abogado y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Exdirector de la Revista SIC.