De cómo el gobierno promueve la privatización

Nelson Freitez

Está demostrado por diversas investigaciones históricas que en Venezuela la mayor parte del empresariado surgió con estrecha dependencia del Estado. La enorme renta petrolera administrada por el Estado desde los años 30 y el modelo de distribución de ésta, que impusieron las élites dominantes, hizo posible la emergencia del -hoy debilitado- tejido empresarial existente en el país. Múltiples han sido los mecanismos de “transferencia” de los abundantes recursos de la renta que han permitido que ésta haya desembocado bajo la propiedad de grupos económicos que sin demasiado esfuerzo se enriquecieron relativamente rápido.

Aunque no todo el empresariado fue beneficiario de este “trasvase”, tales mecanismos permearon sobre todo hacia los más acaudalados. Uno de los mecanismos de ‘transferencia’ –entre los más perversos- fue el de asumir funciones gubernamentales para promover el deterioro del Estado en la producción de bienes y servicios públicos, de forma de crear o fortalecer alternativamente empresas privadas que atendieran la ‘demanda’ insatisfecha por el Estado. Esto ocurrió claramente en los años 80 –entre otros sectores- en salud y educación, en los que el desfinanciamiento de los servicios y la “ineficiencia programada” –como lo denominaron estudios latinoamericanos al respecto- permitieron el crecimiento desmedido de las clínicas privadas y las instituciones privadas de educación superior. No fue casual, por ejemplo, que entre los principales accionistas de consorcios de la educación superior o de grandes hospitales-clínicas aparecieran varios ex ministros de esa década pérdida.

Contra esa ‘colonización’ del Estado por parte de intereses privados se pronunció mayoritariamente la población cuando eligió a los actuales gobernantes hace ya una larga década. Se aspiraba que el Estado asumiera plenamente sus funciones de proveer bienes y servicios gratuitos, de calidad y con un carácter universal para toda la población requerida, sobre todo para los más pobres. El Estado Social de Derecho contemplado en la Constitución Bolivariana le estableció ese mandato al actual gobierno para promover una progresiva inclusión social.

Sin embargo, el balance de cobertura y calidad de los servicios sociales y del gasto de los hogares en tales servicios, pone de manifiesto que más que reducirse la oferta de servicios privados -en particular en educación, salud y seguridad pública- y disminuir la proporción de dinero que los hogares destinan a tales conceptos, ha ocurrido todo lo contrario. Ha aumentado significativamente la demanda de atención en clínicas privadas al punto de registrarse una saturación de sus servicios y ha continuado el crecimiento sostenido de la matrícula en instituciones privadas de educación; asimismo, se ha incrementado el volumen del gasto que los hogares destinan a la educación y la salud y, también la proporción de tales gastos en el conjunto del presupuesto familiar.

Igualmente, en el área de la seguridad pública, el desborde de la delincuencia y del crecimiento exponencial de la tasa de homicidios, robos y secuestros -vinculada a la ostensible impunidad de quienes delinquen-, ha traído como consecuencia un crecimiento exorbitante de las empresas de servicio de vigilancia privada y del gasto que las familias utilizan para sufragarlos. Unido a la creciente compra de todo tipo de dispositivos de seguridad –rejas, alarmas, cámaras de video, armas personales, etc-, para tratar de autoprotegerse.

En general al revisar cada área de la vida social venezolana –entre otros el transporte público-, nos encontramos que en esta última década más que mejorar los servicios públicos lo que ha ocurrido es la expansión de la oferta privada ó la asunción privada del servicio por parte de las personas y las familias. Una evidencia lo constituye la decisión gubernamental de promover la adquisición de vehículos particulares en vez de priorizar el desarrollo de la flota de unidades de transporte público.

De allí que luzca altamente paradójico que un gobierno supuestamente ‘socialista’ termine después de una década de gestión, debido a la ineficiencia, la corrupción y la ausencia palmaria de planes coherentes, fomentando la expansión de la acción privada para la resolución de las necesidades. En vez de fortalecer apropiadamente el Estado, con una adecuada descentralización y la participación plural de la sociedad, ha terminado por hacer crecer lo privado desprestigiando cada vez más lo público.

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