Triste papel de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Arturo Peraza s.j.*

La actuación que el agente del Estado venezolano, Germán Saltrón, ha tenido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido lamentable. Su forma de responder a los múltiples señalamientos de las ONG’s de derechos humanos sobre la situación en Venezuela no ha sido la propia de un Estado interesado en salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, sino la de quien se defiende atacando al juez y desviando la atención.
Uno se pregunta si el problema es la CIDH y su imparcialidad, o los 412 muertos en las cárceles venezolanas durante el 2006, las agresiones contra defensores de derechos humanos, el problema de los grupos parapoliciales, el problema de seguridad de los ciudadanos, el problema de la independencia del Poder Judicial, el problema del respeto a la autonomía de las organizaciones civiles y en particular de las ONG’s de Derechos Humanos, el problema del respeto a la libertad de expresión, entre otros.

La Constitución es clara cuando establece que los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional e incluso supra constitucional. Éstos no sólo incluyen sus enunciados, sino sus mecanismos de protección. De hecho el artículo 31 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano de acudir a los órganos de protección internacional de derechos humanos y la obligación del Estado de acatar y ejecutar las decisiones de esos órganos. Mal ejemplo da el agente del Estado atacando a los organismos que más bien debería respetar.

Quisiéramos invitar al Estado a asumir su responsabilidad en la promoción y defensa de los derechos de todos los ciudadanos y a mostrar algo de voluntad política en esa dirección, en vez de atacar a los órganos de protección a los derechos humanos establecidos en el sistema interamericano. En esa dirección debería Venezuela invitar a la CIDH a realizar una visita a nuestro país para que ella pueda constatar en directo las situaciones y pueda elaborar sugerencias que ayuden al Estado en esta grave e importante materia, que como dice la Constitución es su fin fundamental.

*Director de la Revista SIC

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Acerca del autor

Arturo Peraza sj

Jesuita. Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela desde 2010. Abogado y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Exdirector de la Revista SIC.