Editorial Sic 699: ¿Comunidades y comunas para personalizar o corporativizar?

portada SIC 699Editorial Sic 699. Noviembre 2007

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El proyecto de Estado Socialista presentado al país en la propuesta de reforma constitucional del Presidente Chávez, sostiene que las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista venezolano. En éste, los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia. Por su parte, la Ciudad Comunal se constituye cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las Comunidades organizadas, las Comunas y los Autogobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministros. (art. 16).

En el artículo 136 se constituyen la Comuna y la Comunidad como expresiones del nuevo “Poder Popular”, que se integra a la nueva distribución territorial del Poder Público junto con los poderes nacional, estadal y municipal. Este Poder Popular “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.” En el artículo 184 se señala cómo se organizan y funcionan la Comunidad y la Comuna: La Comunidad organizada tendrá como máxima autoridad la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quien designa y revoca a los órganos del Poder Comunal en las Comunidades, Comunas y otros entes político–territoriales que se conformen en la ciudad, como la unidad política primaria del territorio. El Consejo Comunal constituye el órgano ejecutor de las decisiones de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, articulando e integrando las diversas organizaciones comunales y grupos sociales, igualmente asumirá la Justicia de Paz y la prevención y protección vecinal. Se creará por ley nacional un fondo destinado al financiamiento de los proyectos de los Consejos Comunales. La constitución, integración, competencias y funcionamiento de los Consejos Comunales será regulado mediante la ley nacional; ya que la promoción, organización, y registro de los Consejos del Poder Popular, así como el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proyectos socioeconómicos de la economía social, será una de las competencias del Poder Nacional (art. 156, num. 35).

Poder popular chucuto

Como ya lo comentamos extensamente en nuestro editorial pasado (SIC Nº 698), el poder popular que se consagra en esta reforma constitucional convierte a sus representantes en funcionarios del Estado dependientes del Poder Nacional, ya que en definitiva es éste quien le reconoce, legisla y financia. Mediante este mecanismo se transforma a las organizaciones populares en parte del Estado; con lo cual lejos de darles más poder y contribuir a su fortalecimiento y funcionamiento autónomo, puede operar como forma de cooptación y control desde arriba.

Hay además un grave problema en esta concepción de poder popular. En la división del Poder público que se establece en la propuesta de reforma constitucional, pareciera justificarse la autonomía de los poderes públicos, constituidos por representación o delegación, con respecto a la voluntad popular; ya que sólo cuando el poder lo ejerce el pueblo “directamente”, y “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”, hay verdaderamente Poder Popular. De ser así, el Poder Popular estaría limitado a asuntos estrictamente locales, mientras el resto del aparato del Estado estaría comandado por las otras formas de ejercicio del poder público.

En este sentido, son muy pertinentes las preguntas que al respecto se han formulado algunos actores políticos y que compartimos plenamente: Si se le da al poder popular funciones ejecutivas, ya que puede formar auto gobiernos, funciones judiciales, a través de la justicia de paz, funciones del Poder Ciudadano, a través de la Contraloría Social, ¿Por qué no se le reconoce poder electoral, para sus elecciones y todas las decisiones que deben ser tomadas y poder legislativo en sus ámbitos, por ejemplo, para la aprobación de presupuestos y planes? ¿Por qué la competencia de creación, ordenación y gestión de Provincias Federales, Territorios Federales y Comunales, Ciudades Federales y Comunales, es exclusiva del poder nacional y no es concurrente con el poder popular? ¿Por qué la promoción, organización, y registro de los Consejos del Poder Popular, así como el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de proyectos socioeconómicos de la economía social, es competencia exclusiva del poder nacional y no concurrente con el propio Poder Popular? ¿Por qué si se establece en el art. 168 que el Municipio estará obligado, dentro del ámbito de sus competencias, a incorporar la participación ciudadana a través de los Consejos del Poder Popular y de los medios de producción socialista, no se aplican los mismos principios en los ámbitos estadal y nacional? ¿Por qué si es en el Consejo Federal de Gobierno donde se evalúan los proyectos comunales (art. 185), no hay una presencia orgánica del Poder popular?

El modelo subyacente

Los problemas señalados se enmarcan en una dificultad mayor, que es el modelo de sociedad que subyace en toda la propuesta de reforma constitucional. Se propone un modelo social que tiene al Estado como único sujeto de los procesos y dinámicas del cuerpo social, pretendiendo identificarlo con la nación-pueblo en un conjunto indiviso. En esta propuesta, todo aquello que signifique autonomía, reconocimiento de la diferencia y pluralidad, se entiende como peligro social. Pero el problema se complica más si estamos hablando de un Estado centralizado en una persona, un partido y una ideología, que se proponen como la única dirección posible para el cambio y la regeneración social del colectivo. Desde esta perspectiva, se busca resolver las inevitables y necesarias tensiones entre el Estado y la multiplicidad de formas organizativas y tejidos asociativos autónomos existentes en la sociedad por la vía de incorporar estas diversidades al interior del Estado.

El Estado para poder cumplir este cometido debe necesariamente configurarse como una gran corporación vertical. La persona no vale en cuanto individuo relacionado sino en cuanto que forma parte de un conjunto que es su comunidad territorial más próxima. En esa comunidad, las decisiones se toman en colectivo, no desde la garantía de la libre expresión de cada uno, mediante el voto secreto. Los Consejos Comunales que resultan de esas decisiones colectivas formarán las comunas, que también mediante el mismo método escogerán sus autoridades. La reunión de las Comunas escogerán también mediante el mismo método las autoridades de las Ciudades Comunales. El Poder Nacional se encargara de regular todos esos procesos y las autoridades que así resulten constituidas son integradas en el lugar correspondiente en la jerarquía organizacional del Estado.

Estado y sociedad se funden en un solo bloque, bajo la dirección hegemónica del Jefe de Estado y de Gobierno, apoyada en la legitimidad que proviene de la participación popular, que se expresa en dos modalidades. La primera de ellas intenta reproducir un modo de democracia directa, a través de la constitución en asamblea de los autogobiernos locales en las Comunidades, en las Comunas y en las Ciudades Comunales. Los autogobiernos locales están supeditados al Poder Nacional, cuyos representantes se eligen en elecciones periódicas o se designan en el Parlamento Nacional; pero dado que nuestro sistema y cultura del gobierno es fuertemente presidencialista, será el representante del Ejecutivo Nacional a quien se otorga fundamentalmente la representación nacional. Si a ello se agrega el carácter mesiánico y carismático del actual encargado del Ejecutivo Nacional, tenemos una suerte no sólo de representante de la voluntad popular mayoritaria, sino de su intérprete y guía.

La pobreza del modelo

Desde nuestra perspectiva cristiana, la mayor pobreza de este modelo corporativizado es la negación práctica de relaciones sociales personalizadoras, en las que los que participan en ellas viven desde sí mismos y no invistiendo las pautas emanadas desde el poder o desde el paradigma impuesto por el conjunto. Condición indispensable para ello es la garantía de obrar en libertad; y no bajo cualquier libertad, sino de aquella que posibilita que cada quien se elija y elija lo que más conviene, porque la decisión tomada ha sido sopesada por el entendimiento y decidida por la voluntad, en un esfuerzo por responder lo más auténticamente posible a la realidad.

El crecimiento de la persona como sujeto en libertad implica necesariamente su apertura a la realidad y su reconocimiento del otro como constituyentes de sus posibilidades de humanización. Este ejercicio se realiza desde las relaciones sociales más primarias hasta las más complejas: la familia, el vecindario, las comunidades de afinidad e intereses, las comunidades laborales, hasta aquellas formas de relación social más abstractas e impersonales que van desde la comunidad local, estadal, nacional e incluso internacional. El reconocimiento del otro es el ejercicio primigenio de la libertad. Cuando las relaciones sociales son canales efectivos de personalización es posible construir éticamente el cuerpo social en sus diferentes niveles de agrupación y articulación. Por eso este tipo de relaciones van más allá del contrato social, porque se fundan precisamente en esa apertura y dirección a los otros y no en un mero pacto de sobrevivencia o entendimiento colectivo.

Decimos que el modelo de relaciones sociales establecido en la reforma constitucional niega los procesos de desarrollo y crecimiento de las personas en cuanto tales, porque limita sus posibilidades de crecer desde sí mismas, de elegirse desde sus propias decisiones, obligándolas a ser parte de conjuntos que se definen precisamente por su homogeneidad colectiva, que se impone desde pautas emanadas desde el poder político centralizado. Además de que el sujeto básico no es la persona, como irrenunciablemente debería ser, la comunitariedad que se intenta implantar no parte de las relaciones comunitarias primarias y constituyentes en las que se desarrolla la persona, sino de una forma de comunidad más deseada que real. En nuestro país no hay comunidades sino convivialidad, el libre ajustarse unos individuos con otros, que dura lo que las partes ven conveniente. Se parte de lo que no existe y se deja lo que existe.

En síntesis, el modelo impide la personalización porque es difícil imaginarse que en las comunidades y en las comunas propuestas pueda exponerse la palabra como libre divisa de intercambio, haciéndose cada uno cargo de los motivos de cada persona o grupo implicado, negociar para componer lo componible, cargar cada quien con lo suyo, habiéndose enriquecido con la opinión contraria y decidir integrando lo que sea posible de la minoría, en un ambiente de libertad y respeto a la diferencia. Es prácticamente imposible que en comunidades que operan asambleariamente, en donde no se decide mediante el voto secreto, no se imponga la presión de las facciones organizadas o el peso de las mayorías contra las minorías o simplemente la fuerza de la ideología dominante.

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