Consideraciones sobre la modificación constitucional

Gerardo Fernández

El Presidente de la República ha definido de forma genérica, en numerosos discursos, lo que será el proyecto de modificación constitucional que por iniciativa sometería a la consideración de la Asamblea Nacional, activando de esta manera un proceso de reforma de la Constitución de 1999. En virtud de ello, podemos hacer algunas consideraciones sobre dicha propuesta de modificación constitucional.

No es momento de modificar la constitución
La constitución es el texto jurídico fundamental, base y sustento de la estructura del Estado y del ordenamiento jurídico de un país. Se promulga para generar seguridad y estabilidad jurídica e institucional, por ello, debe perdurar en el tiempo. La constitución de 1999 se nos vendió, hace apenas unos años, como “la mejor constitución del mundo”, destinada a ser el texto fundamental para “el milenio venidero”. Sin embargo, los propios autores de dicho texto, que aún no ha sido implementado, desarrollado ni cumplido en sus aspectos fundamentales, pretenden su radical modificación. La modificación de la Constitución no es una prioridad para el país y no va a resolver los verdaderos problemas que aquejan a los ciudadanos de este país. Por ello, lo importante en este momento es hacer cumplir la constitución de 1999 y no procurar su modificación.

La constitución democrática
Toda constitución democrática es un pacto social producto de un acuerdo nacional. En tal sentido, la constitución debe ser para todos los venezolanos. La constitución debe ser integradora y no para una parcialidad del país; no debe ser impuesta desde el poder y no debe consagrar una ideología político-partidista en particular; debe respetar y promover la pluralidad política, la tolerancia, la convivencia y la participación real en el proceso de su elaboración.
Darle contenido ideológico a la constitución y calificarla de “socialista” e imponer un modelo ideológico político-partidista significa que la constituciones excluyente, parcializada y está condenada a durar en tanto y en cuanto el régimen que la impuso subsista. El proceso de modificación constitucional debe permitir la participación institucional de todos los sectores del país, por una parte y, por otra, debe buscar el mayor consenso posible para la aprobación de una nueva constitución, en vez de amenazar con imponer un modelo estrecho que un sector importante rechaza. De no satisfacerse dichas premisas, la constitución venezolana dejaría de ser una constitución democrática.

Denunciamos un fraude
Se pretende concretar un fraude a la constitución de 1999 y al propio poder constituyente originario, al manipular los mecanismos consagrados en la propia constitución para su modificación. Se persigue una modificación radical del texto constitucional por la vía de la reforma; cuando dicha modificación significa una transformación del ordenamiento jurídico constitucional y de las estructuras y principios fundamentales del estado. Ello sólo es jurídicamente posible a través del mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente.
Asimismo, planteamos que el contenido de la propuesta de modificación constitucional es antidemocrático y vulnera principios republicanos y democráticos que constituyen valores esenciales del estado de derecho en Venezuela. Consideramos que la reelección indefinida, el centralismo exacerbado, la eliminación del carácter institucional de la FAN, la modificación del tratamiento y régimen aplicable al derecho de propiedad, el tratamiento regresivo de los derechos fundamentales y la ideologización político-partidista de la constitución es un atentando a la democracia, principio irrenunciable.
Estas denuncias nos llevan a concluir en el fraude que podría resultar de esta modificación constitucional a la democracia.

La reelección indefinida
Instaurar un sistema de reelección indefinida del Presidente de la República, o un sistema de más de una reelección, atenta contra el principio de la alternabilidad democrática en el poder, piedra angular de la libertad política y de nuestra constitución republicana, consagrado en el artículo 6 de la constitución.
El poder otorga ventajas que facilitan mantenerse en el poder. Desde el poder se va adquiriendo más poder; se hace más fácil controlar y “colonizar” las instituciones y sus autoridades; se desarrollan herramientas para el ventajismo electoral y se financia más fácilmente el aparato político partidista de apoyo presidencial. Con mucha facilidad, desde el poder se pueden desarrollar tentáculos para debilitar al adversario político y se pueden poner a disposición presidencial recursos, logísticas y facilidades que desequilibran cualquier proceso electoral a favor del presidente-candidato, que será imbatible electoralmente. La reelección indefinida obstaculiza la consolidación de los partidos políticos y el recambio y la modernización del liderazgo en los mismos. La reelección indefinida estimula el abuso del poder como una herramienta para permanecer en el mismo y estimula y facilita el mesianismo, el personalismo y el caudillismo. En definitiva, la reelección indefinida es inconveniente para todas las democracias, y muy especialmente para aquellas de países con instituciones débiles y las llamadas democracias frágiles, cuyo ejemplo histórico son nuestros países latinoamericanos, en los que la reelección indefinida (y los sistemas de más de una reelección) llevan consigo el abuso de poder, al relajamiento de los controles y a elecciones que dejan de ser imparciales y libres.

Centralismo exacerbado
La descentralización y el federalismo se verían afectados por el proceso centralizador propuesto por el oficialismo, mediante el cual, desde el poder central nacional, se pretende concentrar el poder y la toma de decisiones. Además de la recentralización que se viene llevando a cabo desde hace varios años, se propone eliminar las instancias de equilibrio de poder y de gestión de servicios públicos que constituyen las alcaldías y gobernaciones y crear Consejos Comunales que asuman dichas competencias. Estamos de acuerdo con la creación de Consejos Comunales como herramienta de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos locales y vecinales, pero no como sustitutos del gobierno local y estadal. Los Consejos Comunales, en los términos concebidos por el gobierno, tienen su inspiración en el estado comunista y son un medio para debilitar el poder local en beneficio del poder central, ya que son fácilmente controlables. Bajo la consigna de que el poder se le otorga directamente al pueblo, lo que se pretende es centralizar la toma de decisiones desde el poder central.
La sustitución del electorado como titular de la soberanía del pueblo y expresión de su voluntad por unos consejos o asambleas de un poder popular que sustituirían como órganos del estado a los poderes locales elegidos directamente por todo el cuerpo electoral, constituye una copia fiel de la organización de las asambleas provinciales, municipales y de los consejos del poder popular contemplado en la constitución de la República de Cuba (artículos 103 a 119). Los Consejos Comunales sólo pueden ser legítimos si sus directivos son electos por el voto directo y secreto de las comunidades y si se descarta el “asambleismo” fácilmente manipulable.
La creación de territorios federales y la posibilidad de modificar los límites territoriales por decreto presidencial con autorización de la AN, atenta contra el federalismo y es un mecanismo para administrar dichos territorios desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Se plantea transferir al poder nacional competencias materiales de los estados miembros de la federación, lo cual deja sin contenido el poder de los estados, despojándolos de sus competencias reales.
Igualmente atenta contra la descentralización y el federalismo, la creación de vicepresidentes territoriales nombrados por el Presidente de la República, constituyendo ello una forma de dejar sin poder real y sin territorio que administrar a los gobernadores.

FAN Bolivariana
La FAN es una institución al servicio del Estado en su totalidad y de la nación. Resguarda sus instituciones, su soberanía y responde a todos los venezolanos. Se pretende, con la modificación constitucional, poner constitucionalmente a la Fuerza Armada Nacional al servicio del gobierno y de una parcialidad ideológica. Afirmar que la FAN será garante de la continuidad del proyecto político actualmente en funciones de gobierno es, sin lugar a dudas, colocarla al servicio de una parcialidad política. Resulta a todas luces peligroso y atenta contra la institucionalidad democrática pretender colocar a la FAN al servicio del régimen o de una parcialidad política partidista y no de la Nación en su conjunto. Es un error que desdibuja la democracia, darle un carácter partidista, beligerante y parcial a la institución armada.

El Estado, primer propietario
La modificación constitucional propuesta por el Presidente pretende consagrar y reconocer la propiedad social, colectiva y del Estado, con preponderancia sobre la propiedad privada individual con contenido social, la cual, si bien se reconoce, deja de tener la importancia y valor que hasta ahora ha mantenido en nuestro derecho constitucional democrático. De esta manera se pretende consagrar un modelo neocomunista de propiedad comunitaria y del estado sobre la propiedad privada de los ciudadanos.
Se pretende instaurar en Venezuela un estado que controle el aparato productivo y de servicios, haciendo crecer la propiedad del Estado administrada por el gobierno, en detrimento de la propiedad individual, que si bien se reconoce, cada vez es más limitada y escasa.
Además debemos señalar, que bajo este régimen de la propiedad, todo sujeto que posea un bien es expropiable; la expropiación se utiliza como una herramienta de control y amedrentamiento político.
La idea es que el Estado sea el gran propietario, monopolizando, inclusive, medios de producción y de los servicios.

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